Base de operaciones

*** Es incomprensible la defensa de delincuentes políticos y económicos, y la alianza con un gobierno criminal, por parte de unos partidos de oposición que gozan de legitimidad.


No se puede sostener que el gobierno criminaliza la oposición venezolana. Una prueba fehaciente de esta aseveración es la búsqueda de cercanía con los gobiernos regionales y locales en manos de antagonistas políticos. Se persigue coordinar las acciones para intentar hacer una acción efectiva en materia de política interior. Por cierto, el “talón de Aquiles” del actual régimen, como explícitamente lo reconoce el Jefe del Gobierno, solamente superado por la absoluta ineficiencia de los factores de oposición. No se puede confundir la satanización de un movimiento opositor, con la consecuente represión policial, con el control de la acción delictiva realizada en el ámbito de la política o de la economía. Esta es personal, con la respectiva responsabilidad individual. Aquella es colectiva y, responde a los intereses legítimos de grupos y sectores de la sociedad. La primera corresponde a acciones que causan daños privativos a personas o a la sociedad en su conjunto, mientras la segunda es propia de la controversia política. En el primer caso, las personas sometidas en la actualidad a la acción de la justicia por delitos políticos, con todas las garantías procésales, se les presume incursas en acciones criminales que han afectado los derechos individuales o, los de la nación, entre ellos, el derecho a organizar y cambiar las formas de gobierno, el derecho a ser dueña de su territorio y sus recursos no renovables, el derecho contra la libertad de la nación, y las alianzas que tienen por objeto la guerra invasora. Todas ellas previstas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico.

En este caso, no se puede entender como movimientos políticos y grupos de interés, que gozando de legitimidad en la vida de la nación, se alinean con estas personalidades que actúan al margen de las reglas del juego democrático. Más aún, que en su acción criminal se asocian con un gobierno que, prevalecido en su poder, comete delitos de lesa humanidad. Es esta liga contranatura, la que frena una dinámica política racional, realizada en el marco de los juegos ganar-ganar. En ese sentido resulta alentadora la conducta de la oposición parlamentaria, la semana pasada, cuando repudio, junto con la mayoría oficialista, la acción de la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU, de rechazar lo que sería un acto de injerencia, al aprobar acciones para anular las emisiones de TELESUR. Como también resulta lógica su demanda de conocer los detalles de funcionamiento de esta empresa comunicacional, donde se invierten recursos del Estado, para ver si responden al mejor interés de la nación. Ese sería el inicio de debates políticos constructivos que romperían el perverso juego neoliberal de colocar los intereses privativos de personas y grupos sobre el interés colectivo. Permitiría marcar los límites entre lo privado y lo público, hoy inexistentes, justamente por el desconocimiento de los derechos de las naciones. No hay alternativa civilizada al constitucionalismo.


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Alberto Müller Rojas


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