En absoluto lo estamos exageramos

La riqueza súbita es clara evidencia de corrupción

 Hemos dicho y escrito hasta el saciedad que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a los traficantes de drogas, es decir, con la puesta en práctica de una política anticorrupción clara e implacable que contemple en sus estrategias de investigación, tareas de inteligencia, porque no hay corruptos, salvo que sean eunucos, que dejen rastros de sus tracalerías, de allí que es bien importante recordar aquello que el presidente Chávez ha dicho en más de una ocasión, palabras más, palabras menos: “un simple indicio puede conducir a destapar un hecho de corrupción….”

El último caso de corrupción del ex magistrado Aponte Aponte, personaje éste que jamás le hemos visto la cara y quien recibía del traficante Makled la bicoca de 300 mil bolívares mensuales (300 millones de los viejos), según lo declaró éste mismo sujeto a los medios recientemente, huyó del país de manera muy fácil, tal y como lo hizo en su momento (junio/2006) el otro ex magistrado Luis Velásquez Alvaray, por lo que se impone acordar mecanismos legales que impidan que personajes de esa calaña se vayan tranquilamente del país a disfrutar del dinero del pueblo que se robaron sin que les ocurra absolutamente nada, pues se asilan en países donde logran protección alegando a la comunidad internacional y ojo...!, eso lo planifican y lo ejecutan con el mayor apoyo de esta oposición absurda y torpe que tenemos, que son perseguidos de la atroz dictadura chavista y aquí quedamos como “pajaritos en grama”, pues nuestras leyes prohíben los juicios en ausencia. Esa impunidad hay que acabarla y para ello se impone que formulemos los cambios legales que sean necesarios…


Es un tema que no debe mantenerse engavetado, porque es de vital importancia para garantizar la salud de la República. Hay que mantenerlo vivo y ser objeto del mayor análisis a través de estos espacios, tantas veces como podamos y a esa tarea invitamos a que participen todos los venezolanos, pues estamos persuadidos de que con sus esfuerzos, será posible destruir tan terrible y destructor flagelo.

Una vez más lo decimos: La lucha contra la corrupción no se combate sólo con la retórica, con ese discurso persistente y emocional que anuncia batallas contra los corruptos, pero que, al final, todo se queda en sólo palabras cargadas de buenas intenciones. Hemos sostenido mil veces que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a las mafias del tráfico de estupefacientes, es decir, con la puesta en práctica de estrategias de investigación que se apoyen en eficaces “tareas de inteligencia”, porque todo corrupto, por razones más que evidentes, evita dejar huellas de sus robos.

Por otra parte, el ladrón del erario público se agencia mecanismos de todo tipo para lograr su cometido de manera subterránea y para ello se aviene con terceros, es decir, con aquellos que integran lo que se denomina el “sector privado” y casi siempre con el respaldo de personas de sus propios entornos de trabajo, de donde se infiere que hay allí una planificación muy bien pensada y estudiada para delinquir, sin ningún tipo de riesgos, sólo aquél que queda a merced del comportamiento posterior de quienes se concertaron para incurrir en el delito. Es por todo ello que hemos llegado al convencimiento de que este tipo de delincuencia se asemeja mucho a la que gira en torno a la droga y, como tal, hay que enfrentarla.

Es así como funciona la estructura que se pone en marcha para meterle mano a los bienes y fondos públicos. El modus operandi se gestiona por dos vías: la llamada matraca o el soborno y en ambos casos los pagos se acuerdan en dinero en efectivo, generalmente, pero también se paga con bienes de otro tipo: quintas, apartamentos, haciendas, vehículos de lujo, tarjetas de crédito prepagadas, etcétera, que les son entregados, las más de las veces, a testaferros. La diferencia entre ambas opciones activadoras radica en que la primera, la matraca, la utiliza el funcionario público, quien por sí mismo o través de un tercero (compinche) le exige una comisión o, también llamada “coima” o “mordida”, al comerciante o contratista que ha sido seleccionado como proveedor de bienes o servicios, a cambio de garantizarle que no será sustituido por otro y cuando ocurre que ese proveedor se ha ganado limpiamente la buena pro (licitación), para asegurarle que su contrato no se engavetará y que se tramitará en el término de la distancia, así como que se le agilizaran -además- los pagos correspondientes. En cuanto al segundo, el soborno, ocurre que quien ofrece (en este caso es usual recurrir a los vocablos “regalo” u “obsequio”), es el ciudadano de la calle, al funcionario público.

Pero, siempre, sea cual fuere la vía para incurrir en el desaguisado, estará presente la complicidad activa o pasiva de funcionarios subalternos, es decir, de aquellos que se arriesgan sólo si se les incluye en el reparto de la “coima” (los que calificamos como activos) y, otros, los que denominamos como pasivos, son los que en absoluto ponen trabas para que el hecho irregular se cometa y más bien lo facilitan por temor a ser despedidos. La conducta de estos últimos, por supuesto, es tan detestable como la de los primeros.

Es así como se le roba al Estado, sobre la base de una hábil y concertada decisión de hacerlo, necesariamente entre, al menos, dos partes: el funcionario público y el ciudadano del común, ese que es parte de la llamada “sociedad civil” (nos atrevemos asegurar que allí jamás figura alguien de la "chusma"). Hay entorno a esos delincuentes de cuello blanco historias de historias, quizás en su mayoría sin prueba alguna que demuestre que fulano o zutano se hizo rico cuando ocupó tal cargo público. Pero no deja lugar a duda alguna llegar a esa conclusión, como lo ha dicho y reiterado el Comandante Presidente, Hugo Chávez, refiriéndose al tema, que cuando vemos que quien hasta ayer nomás era un ciudadano que vivía de su sueldo de manera muy modesta y hoy, luego de haber estado o estar desempeñando un determinado cargo público, vive en costosa morada, aparca en el estacionamiento de su impactante vivienda, no uno sino varios vehículos de alto lujo, es propietario de caballos, tiene avionetas y, etcétera, etcétera…

Es por ello que se necesita una labor de zapa para detectar a esos delincuentes y, por supuesto, de unos organismos de control pro activos y con voluntad de coadyuvar a una lucha persistente y seria contra los corruptos de todo pelaje, aplicando con el mayor rigor los mecanismos que, para librar esa lucha, les estipulan las leyes y reglamentos, entre los cuales destacan, por su relevante importancia, la posibilidad real y muy específica que tienen de examinar, sin limitante alguna, las declaraciones juradas de patrimonio que todo funcionario público debe formular ante la Contraloría General, así como abrir investigaciones por “oficio”, lo cual ofrece la gran ocasión para que se actúe frente, por ejemplo, a indicios de relevante significación, como puede ser la vida dispendiosa y ostentosa de un funcionario, cuyo modesto sueldo no la justifica.

El morbo de la corrupción destruye las instituciones de manera inexorable y ante esa verdad universal, hay que actuar ya y de forma implacable, antes de que sea demasiado tarde.

oliverr@cantv.net


Esta nota ha sido leída aproximadamente 2544 veces.



Ivan Oliver Rugeles


Visite el perfil de Iván Oliver Rugeles para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter



Iván Oliver Rugeles

Iván Oliver Rugeles

Más artículos de este autor



US mp N Y ab = '0' /actualidad/a142997.htmlCd0NV CAC = Y co = US