Reflexiones sobre la (in)seguridad en Venezuela

Politica criminal:

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD? Es una necesidad secundaria respecto a otras primarias como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, etc. Es, entonces, una necesidad instrumental que sirve como medio para la satisfacción de necesidades primarias. Cuando esto se traduce al mundo del derecho, la seguridad es entendida como certeza del derecho, como garantía de derechos básicos. Ésta no debe ser confundida con el derecho que busca garantizar. La seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio, no es un derecho, es una garantía. La seguridad tiene razón de ser en la medida que sirva de instrumento para garantizar derechos. Disminuir y ceder derechos para ganar seguridad no tiene sentido, menos en un Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, como el nuestro.

El abordaje del fenómeno securitario es esencialmente político. Una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. La política social no deber ser confundida con la política de seguridad, mucho menos debe criminalizarse la política social (elaboración de políticas sociales desde espacios securitarios).

La política social es general y está vinculada con el desarrollo y satisfacción directa de los derechos básicos, la política de seguridad está relacionada con los órganos armados del Estado y su monopolio de la violencia, consecuencialmente tiene que ver con la limitación de derechos en procura de la protección de otros que se encuentren amenazados. Las políticas sociales deben ser máximas, las políticas de seguridad deben ser mínimas, pero deben existir, como espacios pacificadores y de intervención en conflictos y en casos de desigualdad de poder (protección de los más vulnerables). La ecuación sería algo así: Estado Social al máximo, Estado penal o policial mínimo, controlado, limitado, pero ese mínimo debe tener presencia y ser eficiente en el aseguramiento de los derechos.

Entonces, por una parte, una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos, puede sufrir crisis internas, este es el reto que debemos asumir actualmente.

keymerguaicaipuro@gmail.com



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Keymer Ávila

Abogado graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Catalunya). Investigador y Profesor de Criminología en la UCV.
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