Base de operaciones

**** La posición oficial y oficiosa de los voceros del gobierno frente a la guerra civil colombiana es ambigua y dificulta las negociaciones colombo-venezolanas.

Ciertamente las declaraciones oficiales y oficiosas de voceros del gobierno y de la FA en relación con la lucha contra el terrorismo son confusas. No diferencian claramente este tipo de conducta de las acciones realizadas por guerrillas en el marco de los conflictos bélicos. Una circunstancia que enturbia las relaciones colombo-venezolanas, al no separar claramente la posición asumida explícitamente por el gobierno venezolano de ser neutral en la guerra civil interna colombiana, de la sostenida por las autoridades de Bogotá que hoy niegan la existencia de tal conflicto. Es un cuadro que impide un esfuerzo de negociación para conciliar las diferencias presentes. Una síntesis es solo posible si se tiene un marco de referencia para ambas partes. Pero tal contexto no existe ni teórica ni jurídicamente. En lo doctrinario, al examinar la guerra se postula que “quien utilice la fuerza con máxima crueldad obtiene la ventaja” (Clausewitz), luego el amedrentamiento (terrorismo) es el instrumento fundamental del acto bélico. De allí la dificultad de definir el terrorismo desde la perspectiva jurídica, a pesar de los esfuerzos realizados por la ONU desde 1972. La única distinción hecha hasta el presente es la contenida en la Convención de la ONU sobre Terrorismo de 1999. Ella reconoce y legitima a los grupos armados, que aunque no pertenezcan al Estado, desarrollan actividades de guerrilla en un contexto bélico. Quedando entonces como “terroristas” aquellos grupos armados que operan al margen de situaciones de guerra.
Así las cosas, Venezuela, antes aun de la promulgación de esa Convención, durante los diálogos de Caracas de 1991 entre las fuerzas guerrilleras colombianas y el gobierno de ese país, asumió de hecho la neutralidad frente a los beligerantes en el vecino país. Un hecho que coincide con la posición del Secretario General de la ONU, quien designó un representante personal para facilitar las negociaciones entre las partes. Por cierto retirado el pasado 23/1 por inoficioso, dado el cambio de posición de la Casa de Nariño. De allí que para Caracas, en Colombia existe un estado de guerra civil, admitido por sus propios gobiernos anteriores que le dieron status político a los rebeldes, lo cual implica su legitimación a la luz del Convención de 1999. Y no hay ninguna razón jurídica ni estratégica que justifique un cambio de postura. Al contrario, la profundización de la acción bélica por parte de Bogotá y Washington conduce irremediablemente a la escalada con peligros para la seguridad nacional. Y legalmente, la degradación de los rebeldes a la condición de “terroristas”, una decisión unilateral de la Casa Blanca secundada por el gobierno bogotano, es sólo una decisión discrecional de Washington, sin carácter vinculante para los restantes estados del sistema. De modo que seguir llamando terroristas a los rebeldes colombianos, como lo hace el Comandante del TO#1, es contrario a la posición oficial del Estado venezolano, no del gobierno


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Alberto Müller Rojas


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