Seguridad y orden publicos

El tema de la seguridad y orden públicos, relacionado con la garantía de la protección de la integridad de las personas y sus propiedades y el mantenimiento de las relaciones pacíficas entre los sectores de una sociedad, enfatizando la acción represiva, ha pasado a ser un punto importante de la Agenda Política del gobierno. Así lo esta demostrando el Ministro Jesse Chacón con sus ruedas de prensa semanales, informando sobre la evolución de los índices delictivos como resultado de la acción de las fuerzas policiales. No hay dudas que el problema vinculado a los riesgos de las personas y sus bienes, frente a la acción de sus congeneres, lo mismo que el establecimiento de la armonía entre la pluralidad de grupos que conforman una sociedad, especialmente en los ámbitos urbanos, es una cuestión preocupante. Y lo ha sido históricamente. De hecho, es esta inquietud humana la que ha justificado el establecimiento de las instituciones de gobierno y la conformación de la comunidad política. Sin embargo, es el enfoque que se le da al problema, lo que distingue una actitud conservadora de una progresista en las políticas de un gobierno. Y en ese marco se puede afirmar que tal política gubernamental esta adquiriendo un marcado tinte derechista, expresión de una continuidad de la llamada IV República.

Ciertamente la represión, que corresponde al criterio del estado policial, es la respuesta instintiva, propia del pensamiento conservador, a las amenazas sentidas por una persona o grupo. Lo contrario a la respuesta racional fundamentada en el conocimiento que corresponde al humanismo. Pero hay más. La legitimación de un estado policial, como objetivo de las derechas para mantener el orden asimétrico que las coloca en situación de privilegio – uno de los factores claves en la inseguridad pública - demanda de la creación de una sensación de temor colectiva que induce a aceptar la violencia del Estado en beneficio de la certidumbre sobre la supervivencia individual y el resguardo de la propiedad, en reemplazo de la libertad. Y el problema se agrava cuando se confunde deliberadamente este tema, cuya presencia, que además de razones psicológicas y ambientales, obedece a procesos de desorganización social generados por los cambios culturales, con los problemas de seguridad estratégica del Estado de origen geopolítico, englobando en una sola estrategia de acción la solución de ambos. Esa es la praxis conservadora, politizar el delito y criminalizar el antagonismo político, de donde surgen engendros como las “narcoguerrillas” o el “narcoterrorismo”. Por eso al joven ministro Chacón hay que advertirle que no se deje llevar por el cartesianismo lineal simplista, que refleja un astigmatismo profesional, y reflexione en términos de la complejidad, que tiene un comportamiento fractal. Es decir, de la atipicidad de las variaciones de un conjunto definido, v. Gr., una comunidad política, debido a la independencia de los sistemas que configuran sus entornos internos y externos. Recordarle la 2ª Ley de la Termodinámica que establece que todo cambio produce desorden. De modo que una realidad social en constante cambio genera desorganización continua, expresada entre otras cosas por la delincuencia. Y en ese contexto, un gobierno progresista administra el cambio, no pretende reprimir sus efectos. Una acción que ha probado ser absolutamente ineficaz


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Alberto Müller Rojas


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