Los estudiantes revolucionarios de la Universidad de los Andes nos pronunciamos en solidaridad con los trabajadores de Fundimeca, quienes han sido víctimas de una feroz alianza entre la burocracia estatal y el empresariado capitalista. Como veremos, en este caso se materializa la tan cacareada "alianza estratégica con la burguesía" que se ha consagrado como política gubernamental, en aras de un supuesto "reimpulso productivo".
Como estudiantes tenemos claro cuál es nuestra condición de clase, pues vivimos y viviremos de nuesro propio trabajo, y no de la explotación del trabajo ajeno, por ello nuestra solidaridad incondicional va hacia quienes luchan en contra de los explotadores por mejores condiciones laborales, en la perspectiva de construir una sociedad socialista, pero de verdad, sin empresas capitalistas ni burocracias corruptas y antipopulares. Por ello, expresamos nuestro decidido apoyo a los trabajadores de Fundimeca, particularmente aquellas trabajadoras por cuyo activismo han resultado el objeto de los ataques del empresario y sus lacayos en el Estado.
Luego de una ardua lucha, los trabajadores de esta empresa ensambladora de ventiladores conquistaron un contrato colectivo en el que mejoraban sustancialmente sus condiciones de trabajo. La respuesta del empresario explotador, un burgués cubano llamado José Ignacio Jaramillo, no se hizo esperar, y se tradujo en el despido ilegal de los trabajadores que habían liderizado la pelea por el contrato. Los trabajadores emprendieron las diligencias ante la Inspectoría del Trabajo para exigir el reenganche, y lograron que esta instancia estatal emitiera una resolución ordenando a la empresa cumplir con el justo reclamo obrero. Pero no por nada estamos en un Estado burgués. El empresario se negó a acatar la decisión de la Inspectoría, y en el mismo marco de impunidad criminal siguió violentando varias cláusulas del contrato colectivo. Los trabajadores iniciaron una huelga el 26 de junio, exigiendo el respeto a sus derechos legalmente establecidos. El 30 de junio, un sicario hirió de bala a la sindicalista Gloria Palomino a las afueras de Fundimeca. La trabajadora logró salvarse del intento de asesinato, sin embargo los tribunales se encargaron de continuar la violencia por otros medios.
La jueza Mauricia María González, militante del PSUV, intentó ejecutar el desalojo de los trabajadores el 3 de Julio, y por resistirse a esta acción arbitraria e injusta fueron imputados 18 trabajadores y 3 dirigentes sindicales, y posteriormente se dictaron contra ellos una serie de medidas, que van desde la prohibición de salir del estado Carabobo y un régimen de presentación ante los tribunales, hasta la prohibición de dar declaraciones públicas en contra de la empresa o siquiera acercarse a sus instalaciones. El fiscal antiobrero Jaime Alexander Martínez Lugo es quien ha actuado como sicario legal contra los trabajadores en este caso.
Llamamos a los sindicatos clasistas, a los colectivos revolucionarios y organizaciones de izquierda, a los medios comunitarios y alternativos, a solidarizarse con la lucha que mantienen los trabajadores de Fundimeca, en su gran mayoría mujeres valientes y dignas que se enfrentan a una perversa alianza estratégica entre un empresario criminal y sus lacayos en el Estado. Sólo la movilización autónoma del pueblo organizado puede ejercer la presión necesaria para hacer oír la voz de los trabajadores.
