Cuando surgió la idea de exigir a los empresarios los certificados de Solvencia Laboral, los trabajadores esperaban que dicho mecanismo estuviese al servicio de que se respetaran sus derechos, los cuales vienen siendo constantemente pisoteados por los patronos, no sólo de los del sector privado, sino también por funcionarios y ministros de gobierno que están al frente de diversas instituciones.
Durante mucho tiempo se tuvo que dar la batalla política para que el Gobierno Nacional accediera a este justo reclamo de los trabajadores y gracias a ello por fin se emitió el Decreto de Solvencia Laboral, lo que sin lugar a dudas se constituyó en un importante triunfo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.
Como era de esperarse los empresarios pusieron el grito en el cielo y trataron de colocar todos los obstáculos posibles para que no se concretara; y cuando vieron que la decisión era irreversible, presionaron para que se postergara por algunos meses su entrada en vigencia, contando para ello con el aval del Ministerio del Trabajo. Gracias a la lucha decidida de los dirigentes de la UNT, el mencionado decreto fue ratificado y hoy las empresas a nivel nacional están obligadas a cumplir con este requisito.
Sin embargo, contrario a lo esperado, el Decreto de Solvencia Laboral se está convirtiendo en letra muerta, ya que ni el Ministro del Trabajo, Doctor Ricardo Dorado, ni ninguno de sus subalternos, se ha tomado la “molestia” de consultar a los trabajadores y sus organizaciones, si efectivamente los empresarios están cumpliendo con los derechos de los trabajadores.
Por eso sorprende que hoy se diga que el Ministerio ha expedido 45.000 certificados de solvencia y que Marcela Máspero se apresure a corregir diciendo que son 50.000, pero ninguno de ellos diga a cuántos sindicatos o trabajadores reunidos en asamblea se les ha consultado, para la expedición de los mencionados certificados. Definitivamente hay algo raro en todo este asunto.
Pareciera ser que para el Ministro del Trabajo y para Marcela Máspero, sólo basta que los patronos demuestren que están al día con el pago de los aportes al seguro social, con la ley de política habitacional o que los empresarios pagan los impuestos, para expedirles el certificado. ¿Acaso se olvidan que los patronos tienen que respetar el derecho a la organización sindical; que tienen que sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores las convenciones colectivas de trabajo; que no pueden despedir arbitrariamente porque existe un decreto de inamovilidad laboral que protege a los trabajadores; que tienen que cumplir con las providencias que obligan al reenganche de despedidos; que no pueden discriminar en el trabajo; que tienen que respetar los horarios de trabajo, que tienen que garantizar seguridad e higiene en el trabajo, etc., etc., etc.
Si el Ministerio del Trabajo no garantiza estos aspectos básicos conteplados en el Decreto de Solvencia Laboral, lo mejor es que se disuelva esa entidad y se fusionen con el Seniat, que lo único que les interesa es si los patronos y los ciudadanos pagan los impuestos al fisco y nada más. Los trabajadores lo que están reclamando es que se les tenga en cuenta para expedir cualquier certificado de solvencia laboral, que puedan efectivamente cumplir con su papel de contralores sociales y no que ahora algunos funcionarios del Ministerio estén haciendo su negocio, ofreciéndose como gestores para “ayudarles a los empresarios a tramitar el certificado de solvencia laboral”, fomentando el terrible cáncer de la corrupción.
Ciudadano Ministro del Trabajo ¿que pasa que no se pronuncia contra las multinacionales petroleras que han implantado un régimen esclavista que desconoce todos los derechos de los trabajadores, pero que gozan de certificado de solvencia laboral? ¿Cuál es la explicación de que no escuchemos su voz diciendo que va poner a derecho a los gobernadores, alcaldes y jefes de entidades públicas que desconocen a las organizaciones sindicales, sus reclamos y sus pliegos de peticiones? ¿qué nos dice del atropello del Presidente de la Asamblea Nacional que desconoce a las organizaciones sindicales mayoritarias porque prefiere discutir con los adecos y da instrucciones al Ministerio del Trabajo para que actúe en complicidad?
Quienes le conocen dicen que el ciudadano Ministro no es hipoacústico, por eso preocupa que no module su voz para hablar y decidirse de una vez por todas a exigir a las empresas que acaten los fallos emitidos por el Ministerio del Trabajo, sobre todo contra aquellos a quienes se les ha otorgado el certificado de Solvencia Laboral, pero que tanto él, como todos los trabajadores, saben que son insolventes laboralmente.
Pero no solo ese ciudadano Ministro. También los trabajadores están muy preocupados al saber que el Ministerio del Trabajo tampoco cumple con las normativas laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores. Por esos muchos se preguntan si no será necesario una rigurosa investigación a esa entidad para averiguar porqué allí no se respetan los derechos de los trabajadores, especialmente los relacionados con la negociación de contrato colectivo, estabilidad laboral, seguridad, dotación, etc. etc.
Nos preguntamos entonces: ¿Quién le otorga el certificado de Solvencia Laboral al Ministerio del Trabajo?
