"Aceptar el desbloqueo con gratitud sería validar el robo previo. Venezuela no está recibiendo un regalo; está recuperando un derecho que le fue arrebatado mediante la fuerza y el chantaje."
La retórica de Washington ha alcanzado un nivel de cinismo que desafía cualquier lógica del Derecho Internacional. El reciente anuncio de Donald Trump sobre la apertura del espacio aéreo venezolano (clausurado unilateralmente por su propia administración tras la agresión militar directa del pasado 3 de enero) no es un gesto de "buena voluntad". Es, en realidad, la formalización de una soberbia imperial que pretende administrar a conveniencia la soberanía de una nación que no le pertenece.
Desde la cátedra de Derecho Internacional y Soberanía Nacional, debemos ser tajantes: lo que el Norte global presenta hoy como una "concesión" es, jurídicamente, el cese parcial de un hecho ilícito continuado. El bloqueo del espacio aéreo no fue una medida administrativa, sino un acto de guerra híbrida que vulneró el Convenio de Chicago y los principios elementales de autodeterminación.
El imperialismo opera bajo una triada lógica extorsiva:
Asfixia: Se impone una medida coercitiva unilateral que castiga al pueblo.
Desgaste: Se utiliza el sufrimiento social como activo de negociación política.
Generosidad: Se levanta la bota del cuello de la víctima y se exige gratitud diplomática por permitirle respirar.
Resulta insultante que la Casa Blanca pretenda vender este "desbloqueo" como un avance democrático. ¿Desde cuándo un Estado tiene la potestad legal de decidir cuándo otra nación puede o no usar su propio cielo? Esta maniobra busca normalizar la extraterritorialidad de la ley estadounidense, pretendiendo que el derecho a la movilidad de los venezolanos depende de un decreto en el Despacho Oval y no de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La "apertura" anunciada por Trump no borra la agresión del 3 de enero ni resarce los daños económicos y humanos causados por el cierre. Al contrario, ratifica que para el imperio, la soberanía de los países del Sur es solo un "grifo" que ellos pueden abrir o cerrar según sus intereses electorales o energéticos.
El mundo debe ver este episodio como lo que es: una ironía política macabra. El pirata no puede ser felicitado por devolver una parte del botín. Nuestra respuesta, desde el rigor académico y la conciencia patriótica, debe ser la denuncia sistemática de estas medidas coercitivas que, lejos de ser "sanciones", son crímenes de agresión contra el derecho a la vida y la paz de todo un pueblo.
