La arquitectura del orden multilateral, diseñada tras la Segunda Guerra Mundial, atraviesa su crisis más profunda. No se trata de un desgaste natural, sino de un desmantelamiento programado. Durante la reciente sesión del Órgano de Resolución de Diferencias (ORD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Venezuela ha puesto el dedo en la llaga: Estados Unidos no solo está sancionando economías, está ilegalizando el comercio internacional tal como lo conocemos.
La denuncia venezolana es clara: Washington ha secuestrado el concepto de "seguridad nacional" para fragmentar el mercado global. Bajo esta premisa, cualquier intercambio comercial que no se alinee con sus intereses geopolíticos es susceptible de ser bloqueado. Esta estrategia no busca la competencia justa, sino la capitulación económica de los Estados soberanos.
Al utilizar medidas coercitivas unilaterales (eufemísticamente llamadas "sanciones"), EE. UU. rompe la columna vertebral del derecho internacional: el principio de no injerencia y la igualdad soberana de los Estados.
El punto más crítico de la denuncia radica en la parálisis deliberada del Órgano de Apelación de la OMC. Este tribunal, que debería contar con siete jueces para resolver disputas de alto nivel, se encuentra vacío desde el 30 de noviembre de 2020.
¿La razón? El veto sistemático de Washington al nombramiento de nuevos miembros. ¿El objetivo? Crear un vacío legal donde la fuerza se imponga al derecho.
Sin una instancia máxima de justicia comercial, cualquier país que pierda un caso en primera instancia puede "apelar al vacío" (apelar ante un órgano que no existe), dejando la disputa en un limbo permanente. Esto permite que las agresiones económicas de EE. UU. se mantengan sin que exista una sentencia firme que las obligue a retroceder. Es, en esencia, la institucionalización de la ley de la selva en los mercados globales.
Para los países del Sur Global, y específicamente para Venezuela, este escenario representa un estado de indefensión jurídica. El sistema multilateral, que nació bajo la promesa de reglas claras para todos, se ha convertido en una herramienta asimétrica.
Fragmentación del Comercio: Se prioriza el "friendshoring" (comerciar solo con aliados), destruyendo la universalidad del comercio.
Crisis de Credibilidad: Si las reglas solo se aplican cuando convienen a la potencia hegemónica, el organismo pierde su razón de ser.
Uso del Dólar como Arma: La desconexión de sistemas financieros y el bloqueo de activos se ejecutan sin supervisión legal internacional.
La denuncia de Venezuela en Ginebra trasciende la disputa bilateral. Es un llamado de alerta sobre la muerte clínica de la OMC a manos de su propio arquitecto. Si el derecho internacional comercial no es capaz de proteger a los Estados de la arbitrariedad de una potencia, entonces el mundo se ve obligado a construir estructuras alternativas fuera de la órbita de control estadounidense.
La "ilegalización del comercio" es la última fase de un imperialismo que, al no poder competir en eficiencia, decide romper el tablero de juego.
