8 de febrero de 2024.- Caos, fuego en las calles y muerte. Un nuevo estallido de violencia, sobre una prolongada y profunda crisis, se toma Haití. Esta vez, la ira detonó luego de que venciera el plazo para que el primer ministro Ariel Henry abandonara el poder.
Según un acuerdo firmado en diciembre de 2022, Henry –que asumió como premier tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en 2021– convocaría a elecciones y cedería el Gobierno a los funcionarios que fueran elegidos, el 7 de febrero de 2024. Una fecha simbólica para los haitianos, que marca el fin de la dictadura de François Duvalier en 1986 y en la que tradicionalmente los presidentes de su país toman juramento, pero el llamado ‘Día D’ llegó y los cambios prometidos no ocurrieron.
El país está siendo rehén de las pandillas
El incumplimiento enfureció a los habitantes de la nación más pobre del hemisferio que, al mismo tiempo, ha estado sumergida en una enorme crisis de seguridad en los últimos años, con pandillas armadas que imponen una violencia brutal para tomar el control a lo largo del territorio haitiano.
"El país está siendo rehén de las pandillas. No podemos comer. No podemos enviar a nuestros hijos a la escuela (…) No podemos soportarlo más", afirmó un manifestante a la agencia AFP, que se negó a dar su nombre, y añadió que Henry "no ha aportado ninguna solución a nuestros problemas".
El repunte de la violencia, que se registra desde el pasado lunes en la capital y otras ciudades, ha cobrado la vida de varias personas. Al menos seis murieron, entre ellas cinco agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP), durante un tiroteo con agentes de la Policía, en Puerto Príncipe, el miércoles.
Este es solo uno de los frentes de choque que encara el país. La BSAP pasó de ser una agencia ambiental a un cuerpo armado sobre el que el Gobierno ha perdido autoridad y es hoy uno de los principales actores en el centro de las protestas. En un intento por restarle fuerza a la brigada, la semana pasada Henry les exigió entregar las armas y ordenó a sus miembros registrarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Lejos de disuadirlos, las disposiciones aumentaron los enfrentamientos con la fuerza pública y han desencadenado más violencia.
