Bolivia: avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional

Este país de 10 millones de habitantes es uno de los más pobres de América latina. Su «capital»[1] La Paz está situada a 3 600 metros de altitud. El país comprende tres zonas geográficas: una gran región montañosa con mesetas situadas por encima de los 2.500 metros de altitud, en la frontera con Perú, Chile y Argentina; una llanura de baja altitud, próxima a Argentina, Brasil y Paraguay, y una región amazónica con vegetación tropical próxima a Brasil. La llanura es rica en hidrocarburos y sus fértiles tierras generan importantes ingresos por exportación, principalmente gracias a la soja.

El país vivió una gran explosión revolucionaria en 1952, que condujo a una reforma agraria, a la nacionalización de las minas, a la implantación de la educación pública gratuita y obligatoria, así como al sufragio universal. De 1971 a 1978, Bolivia vivió bajo la férula del régimen militar del general Hugo Banzer. A partir de 1985, es país estuvo sometido a las peores políticas neoliberales. Para poner fin a 20 años de neoliberalismo, los movimientos sociales bolivianos protagonizaron pujantes y heroicos combates. Desde finales del 2005, por primera vez en la historia boliviana, un representante de la mayoría indígena de la población fue electo presidente.

Muy afectada por la crisis de la deuda que estalló en 1982, Bolivia fue sometida a un tratamiento de choque neoliberal a partir de 1985: privatización de las minas y del petróleo, reducción masiva de los salarios y del empleo, apertura económica demencial, reducción de los gastos públicos. El autor intelectual de ese plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien concebiría más tarde el plan de choque aplicado en Rusia y se convertiría en un adepto de la anulación de la deuda de los países pobres, especialmente de los países del Africa sub-sahariana.

A partir del año 2000 y hasta el día de hoy, las luchas sociales han sido numerosas y el pueblo boliviano ha desempeñado un papel de vanguardia en el ámbito mundial al poner en el núcleo de la agenda la lucha por el control público de los bienes comunes: la lucha victoriosa en Cochabamba contra la privatización del agua, en abril de 2000, y en El Alto en 2004-2005; la lucha por la recuperación del control público del gas en el 2003 que llevó a la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada[2].

El marco de la presidencia de Evo Morales

La mayoría de la población es indígena: según el censo de 2001, el 62 % de los bolivianos se consideran parte de las poblaciones nativas indoamericanas, en su mayoría Quechuas y Aymarás. En la aglomeración popular de El Alto (4.000 metros de altitud), situada en las afueras de La Paz, la cual se hizo autónoma en 1985 bajo el efecto de su explosión demográfica, el 80% de sus 850 000 habitantes se consideran indios. La población indígena ha estado excluida del poder central (presidencia de la república y del gobierno)[3] hasta la elección en 2005 de Evo Morales, indio aymará, campesino, dirigente sindical de los productores de hoja de coca, como presidente de la república boliviana. Desde esta fecha, el MAS (Movimiento al Socialismo), el partido de Evo Morales, dispone de una mayoría en la Cámara de diputados, pero no en el Senado, dominado por la derecha, que trata de bloquear todas las reformas democráticas y todas las medidas que benefician al pueblo. La reforma constitucional está en el centro del debate y de las polémicas políticas. Aun cuando es igualmente mayoritario en la asamblea constituyente, el MAS no cuenta con los dos tercios necesarios para la aprobación de las proposiciones de cambios constitucionales.

En el 2006, Evo Morales y su gobierno decretaron la nacionalización del petróleo y el gas, lo que es muy bien recibido por una gran mayoría de la población. La aplicación de esta medida toma tiempo y esto ha suscitado tensiones en el campo que apoya a Evo Morales. Empero, el gobierno ha tenido éxito en obtener que las multinacionales que operan en el país entreguen una parte mucho más importante de sus ingresos al Tesoro Público, lo que permite incrementar los gastos sociales.

Los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, al servicio de los capitalistas locales (industriales, latifundistas, comerciantes especializados en el comercio exterior) hacen todo lo posible para desestabilizar el gobierno de Evo Morales: amenaza de secesión, negativa a aplicar reformas, movilización de sectores de la población financiada por las patronales, campaña difamatoria contra el presidente y su gobierno. Los dirigentes de la rica provincia de Santa Cruz se comportan como los dirigentes de Croacia cuando se produjo la desintegración de Yugoslavia al principio de los años 90. A medias palabras dicen que no quieren seguir financiando a las provincias pobres ni a La Paz. Asistimos al mismo juego centrífugo en Venezuela con el estado petrolero de Zulia (cuya capital es Maracaibo), que también amenaza con separarse del resto del país; lo mismo que en Ecuador con Guayaquil (ciudad muy rica del litoral controlada por la derecha). Las declaraciones de ciertos dirigentes de la derecha son descaradamente racistas. El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, declaró el 9 de diciembre de 2007: «En este país, pronto habrá que pintarse y ponerse plumas para existir.».[4]

El camino hacia la elección de Evo Morales y la mutación del movimiento social.[5]

El movimiento social ha conocido una mutación profunda en el curso de los últimos veinte años. Hasta la privatización de las minas decidida en 1985, la Central Obrera Boliviana (COB) constituía, incontestablemente, desde hacía cuarenta años, el movimiento social más importante. Protagonizaba un papel político de primer plano[6] y llevaba adelante un programa de izquierda muy radical. Los mineros constituían su columna vertebral. Era en el mismo momento en que Margaret Thatcher en Gran Bretaña y el presidente boliviano Víctor Paz Estensoro lanzaban sus victoriosas ofensivas contra los mineros de sus respectivos países. Esto indica que en el Norte y en el Sur del planeta se perseguían objetivos semejantes en el marco de la ofensiva del capital contra el trabajo bajo la bandera del neoliberalismo. Para el movimiento social, el efecto de la privatización de las minas y el cierre de un gran número de ellas tuvo efectos aún más graves en Bolivia que en Gran Bretaña, pues el país andino no tenía otros grandes sectores industriales.

La crisis de la deuda, que golpeó de lleno a Bolivia a partir de 1982 desembocó en una suspensión de pagos en 1984. El FMI y el Banco Mundial, respaldados por el economista demócrata Jeffrey Sachs, obtuvieron el consentimiento del gobierno boliviano para aplicar a partir de 1985 una política brutal de ajuste estructural. Más allá de los 23 000 mineros del sector público y los 5 000 del sector privado que perdieron su trabajo, todo el pueblo sufrió las consecuencias del ajuste de choque: 18 000 empleados públicos despedidos, reducción del 40% del salario real en los sectores público y privado en septiembre de 1985 como resultado de la devaluación y de las medidas asociadas, modificación de las leyes sociales a favor de la patronal que incluía una fuerte precarización del estatuto de los trabajadores. La ofensiva neoliberal se consolidó en 1990 mediante la sanción de la ley sobre las inversiones, que puso fin al control de cambios e instauró la libertad total de los movimientos de capitales y la posibilidad de establecer zonas francas industriales, exoneradas de impuestos; en 1992 mediante una nueva ley sobre las privatizaciones; en 1994 con la ley sobre la capitalización; en 1996 con la ley 1689, que llevaba aún más lejos el control de la economía por las grandes empresas extranjeras (Repsol, BP, Enron y Shell) y las filiales de la antigua empresa pública petrolera (YPFB).

Es en ese marco de profundo retroceso del movimiento obrero en el que nacen las condiciones de la mutación del movimiento social, y eso, de una manera muy particular. Los sindicatos de los cultivadores de coca y los comités de barrio devienen el elemento decisivo del movimiento social durante el curso de los años 90. La dimensión indígena de la lucha adquiere mayor amplitud que durante los decenios anteriores.

¿Cómo sucedió eso? Uno de los fenómenos a tomar en cuenta es la migración hacia la región del Chapare de decenas de miles de indígenas que perdieron sus empleos de mineros o que habían sido víctimas de la sequía que asoló el altiplano durante la primera mitad de los años 80. La familia de Evo Morales era parte de esas familias campesinas que abandonaron las altas mesetas áridas y frías para dirigirse a las tierras cálidas y húmedas de baja altitud del Chapare, en el departamento de Cochabamba. El cultivo de la coca ha constituido la actividad más remuneradora que se les presentaba como principal reconversión. Las familias de los mineros y de campesinos provenientes de las otras regiones se establecieron por su propia cuenta y han venido trabajando en un esquema colectivo. La coca es una planta sagrada para los aborígenes de Bolivia y de otros países andinos.

La hoja de coca tiene importantes virtudes: corta el hambre, permite combatir el mal de altura (la puna), reduce la sensación de fatiga. El consumo de hoja de coca por acullico (maceración en la boca) o en tisana es generalizado. En el Chapare, las condiciones climáticas son ideales y permiten producir por lo menos tres cosechas al año. La hoja se conserva y transporta sin dificultad. Es el único producto agrícola fácilmente cultivable y comercializable. Otros cultivos no resultaban rentables porque el Chapare no disponía de vías de comunicación y de comercialización adecuadas.

En el curso de los años 80 muchas familias, como la de Evo Morales, abandonaron el cultivo de la patata del altiplano por el de la coca. Hay que mencionar que el precio de la hoja de coca había aumentado fuertemente a partir de la década de los 70 como consecuencia de una demanda internacional creciente por esta planta, de la cual se extrae la cocaína mediante algunas manipulaciones químicas.

Veinte años más tarde, Evo Morales dirá en su discurso de toma de posesión como Presidente de la República: «Nosotros queremos decirle a la comunidad internacional que la droga, la cocaína, el narcotráfico no hacen parte de la cultura andina ni de la amazónica. Infortunadamente es un mal importado y es necesario acabar con el narcotráfico, hay que acabar con la cocaína. Pero no será coca cero, sino que será cocaína cero, narcotráfico cero.»[7]

Fenómeno extremamente interesante: los mineros que se convirtieron en agricultores en el Chaparé llevaron consigo sus tradiciones de organización y sus concepciones políticas. Las familias de cultivadores se organizaron en sindicatos y éstos han desempeñado un papel importante en su vida cotidiana, interviniendo en la repartición de las tierras, en la justicia en caso de conflictos, en la organización del trabajo colectivo (mantenimiento de los caminos, construcción de escuelas) en una región donde el Estado brillaba por su ausencia. Igualmente, los sindicatos organizaron la resistencia de los cultivadores (los cocaleros) contra la estrategia de erradicación de la coca aplicada por el gobierno de Paz Estensoro a partir de 1986, bajo la presión del presidente Ronald Reagan. Esta política también fue aplicada por otros gobiernos hasta la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003.

Los cultivadores de coca del Chapare estaban organizados en seis federaciones sindicales diferentes. Para enfrentar la represión y la erradicación de su cultivo, se vieron obligados a superar las divisiones entre las federaciones, para poder coordinarse mejor y organizar la autodefensa frente al ejército. Por otra parte, a partir de 1988, la CSUTCB, la principal federación sindical campesina boliviana (que agrupaba en su seno buena parte de los cocaleros), se pronunció a favor de la construcción de un instrumento político propio de los sindicatos. Los sindicalistas, tras haber comprobado que nunca lograban un cambio político, particularmente en el nivel del gobierno, se convencieron de que debían dotarse de un brazo político a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles de los poderes públicos, mediante la participación en las elecciones.

La conmemoración en 1992 del 500º aniversario del comienzo de la conquista colonial iniciada con Cristóbal Colón constituyó otro momento importante en la mutación del movimiento social. En aquella ocasión, el 12 de Octubre de 1992, se reunió la primera Asamblea de los Pueblos Originarios, que se considera la partida de nacimiento del movimiento campesino indígena como sujeto político.

Por lo demás, los movimientos cocaleros no son la única expresión de la mutación del movimiento social boliviano. También hay que mencionar las juntas de vecinos, especialmente las de El Alto, una ciudad creció como un hongo, de la noche a la mañana, fuertemente influenciadas también por la tradición sindical y radical de los mineros. Sin olvidar al movimiento contra la privatización del agua en Cochabamba y El Alto. En fin, la COB, que aunque debilitada por las políticas neoliberales sigue activa en varias ciudades y regiones del país. Bolivia es seguramente uno de los países del planeta donde el movimiento social está más desarrollado y más politizado.

De la coca a la presidencia de la República

En 1996, Evo Morales fue elegido presidente de las seis federaciones sindicales de cocaleros del Chapare. A finales de los años 90, Evo Morales y sus seguidores lanzaron el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo – instrumento político para la soberanía de los pueblos) concretando la orientación adoptada en 1988 concerniente a la creación de un instrumento político del movimiento social. Con el paso de los años, el MAS se convirtió en la fuerza política de izquierda más importante, aun cuando también otras experiencias políticas se desarrollaron dentro del esquema de prolongación de la orientación de la CSUTCB de 1988, notoriamente el MIP de Felipe Quispe[8], sin dejar de tener en cuenta a los numerosos partidos de izquierda que tienen un origen más antiguo.

En 1997, Evo Morales fue elegido diputado al Parlamento Nacional con el 70% de los votos en su circunscripción. Al fin de su mandato parlamentario, en enero de 2002, cuando lanzó su candidatura a la presidencia, el Parlamento votó su exclusión,[9] acusándolo de ser el autor intelectual de los disturbios que sacudieran el Chapare durante cuatro días, a raíz del aumento de la represión gubernamental contra los cocaleros. El embajador de Estados-Unidos multiplicó las declaraciones contra Evo Morales durante la campaña presidencial,[10] lo que contribuyó a incrementar su fama y su popularidad. Evo Morales, con humor, dijo que ese embajador se comportaba como si fuera su jefe de campaña electoral. Resultado electoral de junio 2002: Evo Morales llegó en segunda posición y el MAS consiguió 27 diputados y 8 senadores.[11]

La rebelión popular de octubre de 2003 contra la política del gobierno en materia de explotación y exportación del gas, provocó la caída del presidente Sánchez de Lozada, electo en junio 2002, y en diciembre 2005, tras una transición agitada, nuevas elecciones presidenciales dieron la victoria a Evo Morales, con el 53,74 % de los votos.[12]

El programa del MAS y de Evo Morales está constituido por un conjunto de reformas que se proponen principalmente consagrar en todas sus dimensiones los derechos de la mayoría indígena, víctima de más de cinco siglos de opresión. Tienden a restablecer el control público sobre los recursos naturales para que éstos sirvan para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos bolivianos. La reforma constitucional apunta a la democratización del sistema político y económico del país. Se trata de un ambicioso programa reformista que no conduce necesaria ni automáticamente en la ruptura con el capitalismo. Si las clases poseedoras deciden aceptar que se hagan concesiones importantes, podrán continuar obteniendo beneficios y el Estado no tocará sus propiedades, salvo que éstas afecten el interés colectivo. Ese es, por ejemplo, el caso de las grandes haciendas baldías. Empero, si las clases opulentas rehusaran hacer concesiones, si las empresas extranjeras comenzaran a sabotear las políticas del gobierno, el proceso podría radicalizarse. La actitud, la vigilancia (auditoría social) y la acción de los movimientos sociales desempeñarán un papel importante. Por otra parte, el presidente de la República, Evo Morales, se ha mantenido al frente de las seis federaciones de cocaleros. El futuro dirá si la presencia del MAS en el poder fue un verdadero instrumento de emancipación de los oprimidos o si, como se ha visto ya en varios episodios de la historia, se transformó en un instrumento del poder para tratar desde arriba de disciplinar al pueblo, acomodándose al orden establecido. El discurso oficial y ciertas realizaciones apuntan claramente en la buena perspectiva, pero hará falta emitir juicio sobre un período de cinco a diez años para ver el giro que tomarán las acciones del gobierno. Esperamos que las enormes esperanzas que el pueblo boliviano ha puesto en su presidente y su gobierno no serán defraudadas.


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Eric Toussaint


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