Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959 había en las
masas identificadas con aquella sacudida victoriosa conciencia clara,
casi unánime, acerca de las cosas que habría que cambiar en la
sociedad. Entre ellas estaba el sistema electoral, considerado un
factor propiciador de la corrupción política y la tiranía a que
condujo.
Durante los 15 años iniciales de la revolución en el poder, la
consigna de "elecciones, ¿para qué?", surgida de una reflexión del
líder de la revolución, Fidel Castro, hablaba del sentimiento general
de que la revolución debía ser la fuente de derecho e instrumento para
el ejercicio efectivo de la democracia.
El sistema electoral existente era copia del estadounidense, impuesto
por la ocupación militar norteamericana que sufrió la isla desde 1898
hasta 1902 y practicado, con leves ajustes, en toda la etapa
neocolonial hasta 1958. Estaba dispuesto como instrumento capitalista
favorecedor de aquellos candidatos que movilizaran más recursos
económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran los
compromisos que adquirieran con los más acaudalados financistas los
que determinaran quien sería el candidato ganador.
En tiempos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años
del derecho a escoger a las máximas autoridades de la nación entre
candidatos propuestos por partidos políticos que aseguraban el
ejercicio real del poder a una oligarquía que nadie había elegido. Un
cuadro similar se presentaba en el resto del continente.
Cuando las condiciones lo permitían, participaban en comicios fuerzas
discrepantes que no significaran peligro real para el control de la
situación y si se apreciaba una amenaza grave se recurría al golpe
militar de Estado por parte de elementos de la oficialidad de las
fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba
garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se
pudiera regresar a la "democracia representativa".
Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el
sistema costaban muchos millones de dólares. Pululaba la propaganda de
candidatos en la prensa, la radio y la televisión, así como en
fachadas, postes, tendidos eléctricos y telefónicos.
Tan enorme inversión, desproporcionada respecto a la miseria que
padecía la mayoría de la población, sería retribuida luego a sus
benefactores por los políticos elegidos mediante favores emanados de
la corrupción más impúdica.
Con la nueva institucionalidad que tomó cuerpo en 1976, 15 años
después del triunfo revolucionario popular, entró en práctica un nuevo
sistema electoral plasmado en la nueva Constitución que, a su vez fue
discutida masivamente, con aportes y aprobación en referéndum de más
del 97% del electorado nacional en ese año.
El nuevo sistema, que se ha ido perfeccionando a lo largo de muchos
eventos comiciales, promueve la más activa participación popular y
faculta a los ciudadanos para seleccionar, postular, elegir, controlar
y revocar a sus represen¬tantes sin intermediarios. Eligen los
candidatos en reuniones públicas y luego, mediante voto directo,
secreto y voluntario -de entre todos esos candidatos así surgidos- a
los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.
Son las Asambleas Municipales, integradas totalmente por delegados
directamente electos en la base, las que acuerdan las candidaturas de
delegados a las Asambleas Provinciales y las de Diputados a la
Asamblea Nacional, que a su vez serán votadas por la población también
de manera directa, secreta y voluntaria.
Las comisiones de candidaturas -encabezadas por designados de la
Central de Trabaja¬dores de Cuba e integradas por elegidos de las
organizaciones sociales, elaboran y presentan los proyectos de
candidaturas para delegados a las asambleas pro¬vinciales y a las de
Diputados nacionales.
Por ley, esas candidaturas deben estar integradas, en un 50%, por
delegados de base y el resto seleccionados de entre propuestas de
personalidades destacadas formuladas por las organizaciones sociales
–obreras, campesinas, femeninas, estudiantiles, de vecinos y otras-
del país y las provincias, según el caso.
Se distingue el sistema electoral cubano por el hecho de que no
participa partido electoral alguno. El Partido Comunista de Cuba no es
un partido electoral, sino la continuidad histórica del que José Martí
organizó para promover la unidad de los cubanos para lograr la
independencia de España y evitar la absorción de Cuba por Estados
Unidos de la manera que lo hizo con Puerto Rico.
Es la Asamblea Nacional el órgano supremo del poder del Estado y el
que elige de su seno a su Presidente, su vicepresidente y su
secretario, así como al Consejo de Estado, órgano que la encarna entre
sus períodos de sesiones. Tiene carácter colegiado y ostenta la
suprema representación del Estado cubano.
El sistema electoral cubano no puede considerarse alternativo del
modelo que Estados Unidos considera único aceptable, porque aquel
responde a un orden capitalista y el cubano, socialista, es
infinitamente más democrático y afincado en la solidaridad humana
