Cambio revolucionario y poder ciudadano (III)

En las dos anteriores entregas sobre el tema del papel jugado por el llamado Poder Ciudadano, hemos analizado la relación entre sus atribuciones, funciones y competencias constitucionales y su comportamiento en el proceso de lucha en contra de la corrupción, la ineficiencia y la ineficacia en la administración pública y la observancia del contenido de la constitución y la Ley en los actos emanados de los funcionarios y las funcionarias públicas; concluyendo que, independientemente del balance de las actuaciones particulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General, Consejo Moral Republicano, que representa ese Poder Ciudadano, no ha cumplido las elevadas responsabilidades que le dispone el artículo 274 de la Constitución, por lo que se hace necesario que la dirección del proceso revolucionario venezolano y las organizaciones políticas y sociales que la sostienen, asuman la responsabilidad de transformar radicalmente al Poder Ciudadano con el fin de para ponerlo a todo con los cambios revolucionarios que promueve nuestro líder, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

Para ello, es necesario recordar que la Revolución Bolivariana tiene como base ideológica original, el Árbol de las Tres Raíces, integrado por los pensamientos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, siendo el aspecto moral, el más relevante de ellos, por cuanto, tal como lo sostenía el maestro de El Libertador, era necesario formar ciudadanos para que pueda existir la República. De Bolívar y su amplia afirmación de las virtudes cívicas y morales como base de las Repúblicas creadas en la guerra contra España, quedó, entre tantas lecciones sobre los valores de la ciudadanía, la declaración de:”… Moral y Luces son nuestras primeras necesidades. Moral y luces son las virtudes de una Nación…”; mientras que el “general de hombre libres”, Ezequiel Zamora, hizo de su espartana conducta de guerrero y ciudadano, referente modélico ante propios y extraños, denunciando, en la lucha contra los oligarcas, la flaqueza ética de tales clases, reclamando en sus proclamas republicanas, la necesidad de construir una Patria virtuosa.

Con tales referentes de nuestra nacionalidad republicana, hoy nada hacemos, quienes nos sentimos dignos depositarios de tan maravillosos legados y pretendemos en su nombre y sus ideales construir un nuevo proyecto socialista, disponer de una gran riqueza material y utilizarla adecuadamente para satisfacer las necesidades materiales de la mayoría de nuestra población, (incumplidas por el feudalismo y el capitalismo durante 500 años de dominación en nuestra tierra), sino acompañamos tales débitos históricos con una gran dosis de ética personal y moral ciudadana en la presente y las nuevas generaciones, que permitan superar los valores del materialismo consumista y el individualismo egoísta, base de la explotación del hombre, la apropiación del trabajo ajeno y la violación de las leyes favorable al bienestar de la sociedad.

Con base a ello, aceptando que en las presentes circunstancias del proceso revolucionario venezolano ha de mantenerse el Poder Ciudadano en desmedro del Poder Popular, como base de la generación de la nueva ciudadanía y vigilante de los actos de los demás poderes del Estado, resulta imperioso la revisión de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que permita una mayor capacidad de acción y decisión del Consejo Moral Republicano para la investigación de oficio, o por denuncia, de la violación a la ética publica, la moral administrativa, y el principio de Legalidad; simplificando para ello los lapsos, términos y procedimientos, para lo cual debe disponerse que todas las causas que ingresen a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría, y tengan relación con la competencia del Poder Ciudadano, deberán ser informadas al Consejo Moral Republicano para que, cumpliendo las garantías del Debido Proceso, se den las advertencias, se dicten las medidas correctivas y se impongan las sanciones que correspondan, constituyéndose de esa manera en un verdadero Tribunal de Conciencia que resuelva con prontitud y efectividad, tales causas, independientemente del curso que tomen las investigaciones abiertas por los otros órganos del Poder Público.

En ese mismo sentido, afirmando el papel del Poder Ciudadano en el proceso creador de la ciudadanía y promotor de los valores solidaridad, libertad, democracia, responsabilidad social y trabajo, debe dársele a este Poder Público un papel relevante en el desarrollo del Motor Moral y Luces, convirtiéndola en una Misión Permanente, dirigida de manera especial hacia los funcionarios y funcionarias, ya no solo como medio de generación de reflexión y modificación de conducta en materia de ética pública y moral administrativa, sino como instrumento de evaluación y correción de conductas contrarias al interés general del Estado y la sociedad.

Finalmente, los cambios normativos y las políticas en materia de ética pública y moral administrativa, no serán suficientes para modificar la grave enfermedad que padece nuestro cuerpos social, si la Asamblea Nacional no designa como titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General, a venezolanos o venezolanas que tengan la disposición de revolucionar el funcionamiento del Poder Ciudadano y su Consejo Moral Republicano, con el fin de ponerlo a la altura de la visión de nuestro comandante Hugo Chávez Frías de hacer justicia a nuestro pueblo, darle la mayor suma de felicidad posible y formar un tipo de ciudadano virtuoso, en la vida familiar, en su comportamiento social y en su actitud republicana, como condición necesaria para que los ideales del Hombre Nuevo robinsoniano, bolivariano, zamorano y guevariano sea una realidad en el horizonte revolucionario de nuestra Nación.

yoelpmarcano@yahoo.com









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Yoel Pérez Marcano


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