Entre el escándalo de corrupción de los enviados de Guaidó y la podredumbre del gobierno

Lo de Cúcuta es apenas un botón de una realidad más amplia y "congénita". En esta nota explicamos más casos y sus detalles. A su vez, el gobierno hace gala de mayúsculo descaro. El pueblo trabajador necesita una alternativa propia.

por: Ángel Arias

"Desvío de dineros, malversación de fondos, inflación de cifras, fraude y amenazas para que emisarios del presidente Guaidó se rodeen de lujos". Ni más ni menos, así comienza el artículo publicado hace días por Orlando Avendaño, periodista venezolano y editor en jefe de Panam Post, que ha desatado el escándalo que salpica directamente a Juan Guaidó y parte de su "equipo de gobierno" tanto en Colombia como en Venezuela, con particular énfasis en los militantes de Voluntad Popular (VP).

Kevin Rojas y Rossana Barrera, militantes de VP, están en el centro del asunto, esta última es cuñada de Sergio Vergara, diputado del mismo partido y quien habría pasado a ser mano derecha de Guaidó luego del encarcelamiento de Roberto Marrero por parte del Gobierno. Tanto Barrera como Rojas fueron designados personalmente por Guaidó como los encargados para atender "la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio", como consta en comunicación enviada al Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia el 24 de febrero, un día después del fracaso del operativo del 23-F.

El (intento de) gobierno paralelo de Guaidó –posibilitado por el soporte brindado por Trump y demás aliados del imperialismo estadounidense en la región– ha venido recibiendo recursos de diversos gobiernos y organismos para "ayuda humanitaria" a los venezolanos, además de lo que, obviamente, recibe para financiar toda su movida política dentro y fuera del país. Dinero y comida son de las cosas que más han manejado los designados por Guaidó en Colombia, especialmente en Cúcuta, y alrededor de eso se desarrolla la trama de corrupción develada.

El artículo da cuenta de que el ambiente de la emigración política en Cúcuta que administra esos recursos suele estar cruzado por ruidos sobre manejos turbios, que si alguno se compró un apartamento con lo obtenido allí, acusaciones mutuas, etc.

Con información de diversas fuentes y documentación de prueba a disposición, señala sobrefacturaciones, consumos totalmente excesivos en hoteles y discotecas, compras de ropa muy costosa en Bogotá y Cúcuta, alquiler de vehículos a sobreprecio. Tres millones de pesos en una noche en discotecas, mil dólares en bebidas y comidas, son parte de la dinámica.

El escándalo se desató con fuerza. Almagro –firme aliado de Guaidó y la oposición de derecha– se pronunció por una investigación sobre la apropiación de fondos y condenando cualquier posible acto de corrupción. Virgin Group, la multinacional del magnate británico Sir Richard Branson que organizado el "Aid Venezuela" (el megaconcierto organizado un día antes del 23-F para recaudar "ayuda humanitaria"), se deslindó con un comunicado. Gaby Arellano ­–diputada de VP y encargada hasta el 24-F de la "ayuda"­– se desmarca y exige a su partido aclarar las cosas. Calderón Berti –ex ministro de Luis Herrera y CAP II, expresidente de PDSVA y ahora "Embajador de Venezuela" en Colombia– trina que tiene décadas de conducta intachable, que ya venían investigando los hechos, algunos le responden que "se deje de cuentos" y aclare varias acusaciones, o le cuestionan que si el asunto llevaba varios meses ¿cómo es que tuvieron que esperar que saliera la denuncia pública para actuar?

Las respuestas/defensas de los involucrados confirman la denuncia

Como señala otra nota del medio que sacó a la luz el asunto, las primeras reacciones confirman lo denunciado. Calderón Berti dice que hace meses sabían de los hechos y los "estaban investigando". Léster Toledo, también diputado de Voluntad Popular y designado por Guaidó para coordinar a nivel internacional todo lo relativo a la "ayuda humanitaria", atina a "aclarar" que los recursos en cuestión no eran de esa ayuda sino de otra, de "donaciones privadas para la manutención de los militares desertores y sus familias"… sin poder desmentir sin embargo la malversación.

(Insertar tweet: https://twitter.com/calderonberti/status/1139749405190262784)

Es el comienzo de la revelación del verdadero rostro de un sector político que se presenta como la encarnación de la probidad frente a las corruptelas del chavismo gobernante. Se trata, además, de recursos obtenidos en nombre de los enormes padecimientos del pueblo venezolano.

Guaidó tuvo que salir a plantear que instruía a su "embajador" solicitar una investigación a la Fiscalía colombiana, la Asamblea Nacional (AN) votó llevar adelante una investigación y nombrar un Contralor Especial para el caso. Pero el asunto no es tan sencillo de pasar la página.

El comodín de los militares desertores, la comida dañada

Uno de los mecanismos para esta trama de conseguir recursos, parte de los cuales luego terminan en gastos o enriquecimiento privado de funcionarios de Guaidó, es el de la ayuda para los militares desertores.

Hacia el 23-F, uno de los puntos más altos de la apuesta por lograr el quiebre de las FF.AA., parte de los ofrecimientos a los militares que se pasaran al bando de Guaidó eran estadía en hoteles, la manutención de ellos y sus familias, medicinas, comida, atención médica, "lo que necesitaran" en Colombia. Al final de ese día daban cuenta de 40 militares que desertaron y cruzaron la frontera, días después la cifra subiría a algunos cientos y al poco tiempo hablaban de más de mil.

Una de las irregularidades que habrían puesto en alerta a los propios organismos colombianos –cuyo gobierno está involucrado de lleno en la ofensiva de Trump por sacar a Maduro– es el hecho de que los encargados de Guaidó contabilizaban, para todo lo concerniente a la ayuda, 1.450 militares, cuando en realidad eran 700, la mitad. Otro fraude consistió en reportar gastos por la estadía de los militares y sus familias en hoteles cuyos pagos en realidad corrían por cuenta del Gobierno colombiano o de ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Uno de los momentos más "lúmpenes" y bochornosos de esta trama fue la invención, por parte de Barrera y Rojas, de una cena benéfica en un lujoso restaurant para recaudar fondos destinados "a los militares y sus familias", para la cual se le cursó invitación a nombre de la "Embajada de Venezuela" a las representaciones en Colombia de diversos países: tal iniciativa, sin embargo, no contaba con el aval del "embajador", el cual debió enviar la aclaratoria, es vez sí "oficial", a las respectivas embajadas.

Otro hecho repudiable de toda esta historia es el haber dejado dañar, según, el 60% de la comida acopiada en Cúcuta. En esas primeras declaraciones que se vio obligado a dar Léster Toledo para "aclarar", intentó desmentir que más de la mitad de los alimentos se hayan descompuesto, sin embargo, el autor del reportaje de Panam Post emplaza: "¿Por qué @LesterToledo, ya en Colombia, borró el tuit en el que decía que es ‘falso que se perdió el 60% de la comida’?".

La oposición cobra y se da el vuelto con la "ayuda humanitaria": se la reparten entre sus propias "ONG’s" y la usan para hacer proselitismo

Toledo, no aclares que oscureces. El diputado de VP no solo intentó mostrar que estaba todo bien porque el dinero malversado era de otro tipo de ayuda, sino que pisó en falso al decir que el "gobierno interino" de Guaidó no maneja los recursos de la "ayuda humanitaria", sino que eso lo hacen las ONG’s, y que ni siquiera son tampoco los diputados opositores, "no es que los diputados agarran esas cajitas y se van por ahí a hacer campaña", dijo.

Sin embargo, basta revisar las redes sociales de algunas figuras de la oposición para no solo desmentir sus afirmaciones, sino dar cuenta de una deplorable realidad. Por ejemplo, Miguel Pizarro, diputado de Primero Justicia (PJ) y el encargado en Venezuela de la "ayuda humanitaria", difunde videos donde es explícito el proselitismo político con la entrega de la ayuda. Pero hay un plato más fuerte: una de las ONG’s que mencionó Toledo es "Rescate Venezuela".

Ocurre que "Rescate Venezuela" es de Lilián Tintori, activista de Voluntad Popular y esposa del principal dirigente de este partido, Leopoldo López, el mismo partido al que pertenece Toledo, quien es el encargado por Guaidó, también de VP, de entregarle la "ayuda humanitaria" a esta (su) ONG para que la distribuya y se promocione. Todo queda en familia.

Pero no son solo Tintori y Voluntad Popular quienes hacen esto. Además de los videos promocionales de Pizarro (PJ) entregando un plato de comida, Diana D’Agostino, esposa de Ramos Allup, secretario general de AD, se promociona también a través de su "Operativo Solidaridad" entregando un vaso de leche a los niños necesitados.

Guaidó aún no gobierna y ya tiene sus "enchufados"

Volviendo al inicio del escándalo: el primer reportaje de Panam Post señala que Juan Guaidó y Leopoldo López estaban enterados de toda la trama en Cúcuta, la inteligencia colombiana había enterado a Calderón Berti y este a su vez a su "Presidente", además de que ya el asunto era un secreto a voces. Sin embargo, la reacción inicial de Guaidó y VP cuando ya se hace pública la denuncia fue defender a sus militantes/funcionarios: Luis Florido, diputado y fundador del partido de Leopoldo, acudió en defensa de Barrera y Rojas, procurando responsabilizar de la situación a Calderón Berti, aunque falló la tentativa por la abrumadora evidencia en contra.

Pero la lista de los "enchufados" de Guaidó y Voluntad Popular es más larga aún. Uno de los nombres que aparece en la trama es Miguel Sabal, dirigente juvenil de VP, devenido empresario y quien tiene a su cargo la asociación "Futuro Presente". Sabal es el designado por Guaidó como enlace entre los opositores y la USAID, es quien administra todo lo que llegue a través de esta agencia estadounidense. Por supuesto, su "asociación" es parte de quienes administran las ayudas.

La pugna de Guaidó y la oposición con el gobierno por la compra de lealtades, y la utilización política de las múltiples necesidades del pueblo venezolano, implica el manejo de enormes recursos en manos de un "gobierno" autoproclamado, con decenas de funcionarios nombrados a dedo entre militantes y amigos, que actúan dentro y fuera del país sin ningún tipo de control de nadie más que de ellos mismos. ¿El resultado? En poco tiempo, y aún sin llegar a ser gobierno, Guaidó y VP han generado su propias promociones de "enchufados", que sacan provecho personal, político y material, con los recursos destinados al pueblo venezolano.

La difícil tarea (y la doble moral) de querer "limpiar" a Guaidó y Cía

Desde la "sociedad civil" y la academia pro Guaidó no han faltado las defensas, desde quienes (¿ingenuamente?) ven injusto que se lo catalogue de corrupto por delitos que están cometiendo "otros", hasta las más "elaboradas" que ven en esto el peligro de que las tendencias autoritarias aprovechen estos casos para socavar "la democracia": según, la lección a aprender (y aplicar hoy) sería que en los 90’s AD y COPEI "se destruyeron mutuamente" usando como armas las denuncias de corrupción y con eso "mataron la única posibilidad que tuvo Venezuela de ser democrática". Algo así como una doble moral tipo: mejor "demócratas" corruptos que autoritarios corruptos.

Por supuesto, es muy probable que la "filtración" o la decisión de hacer pública la denuncia, pueda formar parte de las interminables pugnas dentro de la propia oposición de derecha. De hecho, Panam Post es un diario claramente de derecha, que respalda a la oposición venezolana. Pero más allá de esa posibilidad, la verdad es que salvar al "gobierno interino" de la mancha de las corruptelas es tarea imposible. No solo por todo lo anterior sino que, como dice el famoso comercial, ¡hay más!: detrás del pago de 71 millones de dólares que Guaidó y la AN aprobaron hace semanas a los acreedores del bono 2020, deuda que la propia AN declaró en 2016 como ilegal e inconstitucional, hay también una historia de "falta de transparencia y ética".

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Miguel Rodríguez, ministro estrella del plan neoliberal de CAP II, firme opositor del chavismo y nada sospechoso de ser de izquierda, hace un cuestionamiento del que se desprende que: en un país donde el hambre golpea fuerte, actuaron totalmente contra el interés nacional pagando al 100% una deuda que no vale ni el 10%, a unos testaferros, fondos buitres y empresarios venezolanos que solo buscan mantener sus fortunas y grandes lujos, sin intentar siquiera alguna otra opción –su ejemplo es una Orden Ejecutiva de Washington para proteger los bienes de la República, como de hecho se hizo a finales de los 90’s­­­–, y con un trato de total connivencia con los acreedores: la negociación de la deuda, les dice, "no se puede hacer almorzando, abrazándose con los acreedores (…) las únicas reuniones deben ser en las mesas de negociaciones".

Más allá de que la alternativa propuesta por Rodríguez implicaría ponerse bajo la venía del gobierno estadounidense, lo destacable es que ha sido tan antinacional y turbia la actuación de los "funcionarios" de Guaidó, que el artífice del paquete neoliberal del ’89 y negociador por Venezuela de la deuda en ese entonces, tiene que cuestionarles no solo que no hicieron ningún intento por defender el interés nacional sino que, al contrario, se prestaron para el lobby de los buitres acreedores. ¡Vergüenza nacional! De hecho, la formalización de la decisión de poner en las cuentas de los especuladores esa millonada se hizo ¡sin permitir siquiera ninguna discusión en la Asamblea Nacional!, el punto no estaba en agenda, solo se metió al momento de aprobarlo y, cuando algunos diputados pidieron el derecho de palabra, les fue negado. No es obra del "mal pensar" lo que muchos ya suponen: tras este desembolso hay una connivencia entre los acreedores y los funcionarios de Guaidó que, muy posiblemente, implique algunas jugosas comisiones.

Valga una necesaria "digresión":

José Ignacio Hernández, el "procurador especial" designado por Guaidó para "la defensa del Estado", y quien desde esa posición aconsejó pagar los US$ 71 millones con la justificación de "salvar a Citgo" de las posibles reclamaciones de acreedores, es la misma persona que le sirvió como experto contratado a… Crystallex en el juicio de esta contra Venezuela, y fue quien en esa condición le brindó a la transnacional minera el argumento de que Citgo era como un "alter ego" (otro yo) de la República y por lo tanto las deudas de ésta se podían cobrar con los bienes de la primera.

¡¿Puede Guaidó ser más nefasto y antinacional en la designación de sus "funcionarios"?!

El gobierno de Maduro señalando la paja en el ojo ajeno

Ni corto ni perezoso, al desatarse el escándalo de Cúcuta, Maduro y su gobierno tomaron la ofensiva de la denuncia, posicionando frases como #GuaidoLadron y #JuanitoAlimanaYSus40Ladrones. Es un acto del ya acostumbrado descaro y mayúscula desfachatez de quienes nos gobiernan. Si algo queda marcado en el balance del chavismo es haber propiciado uno de los más grandes y voraces –quizás el más­­­– festín de corrupción de la historia nacional. Corruptelas que coparon los más variados espacios del Estado y del manejo de los recursos, con unos volúmenes tan brutales, que están en el centro de muchas de las calamidades del país.

Baste recordar no más algunos casos emblemáticos: como "Pudreval", la descomposición de miles y miles de toneladas de comidas por los sucios negocios con la comida subsidiada para el pueblo; miles de millones de dólares en cualquier cantidad de obras que nunca se terminaron (tercer puente sobre el Orinoco, segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, ferrocarril Tinaco-Anaco, tren Guarenas-Guatire, siderúrgica Abreu E Lima, empresa Pulpaca, EPS Fábrica de tubo, etc., etc.); los US$ 20 mil millones que se fueron en "empresas de maletín" solo en un año (2012); el colapso del sistema eléctrico nacional producto, entre otras cosas, de años y años de gigantescas corruptelas con obras pagadas y nunca concretadas (la represa de Tocoma, el parque eólico de La Guajira, etc.), fraudes con la compra de maquinarias y equipos; quiebra de decenas de empresas estatales por esas corruptelas, incluyendo el desangramiento de PDVSA; y un largo etcétera.

Lo peor del descaro de Maduro y Cía es que de los innumerables casos prácticamente en ninguno hay juicios ni culpables condenados -¡a menos que pasen a oponerse al gobierno!-, y al contrario muchos son premiados y reincidentes.

(Insertar tweet: https://twitter.com/angelariaslts/status/1140817857065947137)

Venezuela fue uno de los países donde Odebrecht pagó mayores cantidades de sobornos, donde dejó la mayor cantidad de obras sin terminar y donde pagó campañas electorales (tanto del gobierno como de la oposición)… y es el único país de América Latina donde no hay juicios por esto.

#NoHayHuesoSano: ninguno merece más que el repudio del pueblo Venezolano

La verdad es que por donde se mire, tanto en el gobierno como en la oposición de derecha lo que hay son políticos profesionales para quienes la administración de los recursos públicos es fuente de enriquecimiento, de negocios y de desarrollo de su respectivas cohortes de "enchufados".

La derecha, que ha hecho de la denuncia a la corrupción una de sus banderas, muestra crudamente sus costuras, como dijimos: no es gobierno y ya roba. Más pérfido cuanto que en buena medida obtienen recursos en nombre de los padecimientos que aquí tenemos, y ya vemos cómo les sirve para hacer proselitismo político o para despilfarrar en lujos y entretenimiento afuera, mientras el pueblo venezolano emigra en condiciones terribles y soportando campañas y ataques xenofóbicos.

El chavismo, que subió al poder enarbolando la crítica a la descarada corrupción del puntofijismo, no hizo sino dar continuidad a la historia de corruptelas de los regímenes burgueses que se han turnado en la administración de la renta petrolera. Esta "nueva" derecha representada por Guaidó, López, Voluntad Popular y Primero Justicia, que no deja de ser a su manera heredera del puntofijismo, solo quiere sustituir al chavismo para montarse en el carro de esta deplorable "tradicional nacional" con la renta.

Todo esto no hace sino reafirmar la necesidad de que la clase trabajadora y los sectores populares den la espalda a estos políticos patronales (y corruptos) que se disputan el control del país, y forjar una alternativa propia. Dotarse de una política propia, con independencia de clase, para hacer pesar sus demandas y sus intereses, en la perspectiva de aspirar un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre.



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Angel Arias

Ex-dirigente estudiantil, sociólogo, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), columnista de La Izquierda Diario. http://www.laizquierdadiario.com.ve/Venezuela

 angel.arias.perez@gmail.com      @angelariaslts

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