Particularmente las autoridades de las universidades UCAB, UCV, LUZ y ULA, han manifestado su rechazo público a la reforma constitucional, a la Constitución de 1999 y a toda propuesta de gobierno a partir del cambio de la carta magna. Durante el sabotaje a la industria petrolera suspendieron las clases, exigiendo la renuncia del presidente de la República. Tiempo después una joven policía denuncia a Nixon Moreno, de haber intentado violarla junto a otros estudiantes. Hace pocos meses en la Universidad del Zulia un grupo de estudiantes tomó la Facultad de Agronomía y ni la Fiscalía, ni el ejército pudieron recuperar las instalaciones. Los estudiantes fueron sacados a golpes por los choferes, luego de que uno de los conductores fue golpeado por los tomistas al negarse a dar las llaves del autobús. En la UCAB pretenden ser más refinados, y apelan a los “conocimientos” de personajes como Cecilia Sosa, Hernan Escarrá, Guaicaipuro Lameda, entre otros, curiosamente, todos involucrados en un golpe de estado e instigadores al odio por los medios de comunicación. La autonomía universitaria es trastocada con la reforma, por ejemplo, a partir del 2 de diciembre, podrá votar toda la comunidad universitaria en la elección de sus autoridades. Actualmente, el voto de un profesor vale por cuatro estudiantes. Algo pasa con la autonomía universitaria y el problema ya no es solo político. No se trata de autoridades corruptas y estudiantes que llevan más de 14 años cursando una carrera. El problema se escapa de control y la universidad se convierte en un espacio perfecto para delinquir. ¿Puede un violador como Nixon Moreno, esconderse bajo la figura de estudiante, pueden esos neuróticos con mentalidad fascista convertir sus protestas en fuego y agresión verbal y física, mientras todo un país soporta con paciencia el 2 de diciembre? Sí pueden, por una sola razón, las autoridades universitarias se benefician de los estudiantes, política y económicamente. Los recintos universitarios son un espacio de poder político ideal para tumbar y colocar gobiernos, por eso las protestas han quedado bajo sospecha.
Los estudiantes han marchado a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y en ningún lado han manifestado argumentos coherentes, como tampoco lo hicieron cuando el golpe de estado y con el sabotaje a la industria petrolera. Lo curioso es que existe una dedicación absoluta del canal Globovisión y un silencio cómplice de las autoridades universitarias, una combinación de acciones en espera de un mártir, un muerto. En las aulas de clase parece no haber un debate equilibrado. Los estudiantes ignoran que la Constitución de 1961 fue cambiada dos veces y nunca se consultó. Ignoran que la única Constitución aprobada en referendo fue la de 1999 y quienes la defienden ahora, la rechazaron en defensa de la de 1961. Los estudiantes desconocen que la reforma será sometida a consulta y quien no esté de acuerdo puede votar no. Ignoran que otros países incluyen la reelección indefinida. Incluso en Colombia el actual presidente anuncia una nueva reelección si quienes lo apoyan no se ponen de acuerdo en una candidatura. Ese argumento tan trivial y descarado bastaría para cambiar la Constitución de Colombia. Los estudiantes ignoran que la comunidad organizada tendrá acceso directo a los recursos pues la Constitución consagra su participación en la ejecución del situado. Ignoran que la prueba de actitud académica servía como método de estafa y excluía una gran cantidad de bachilleres. Y nuevamente las autoridades universitarias y centros de estudiantes se beneficiaban económicamente de los cupos de bachilleres. ¿Quién enseña en las aulas universitarias, qué enseñan, quiénes administran las universidades, a quién rinden cuentas? Nada es más despreciable que utilizar el poder de autoridad universitaria para enseñar en las aulas el odio como estrategia política.
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