La ley es dura pero es la ley

UCV: Dura lex sed lex

Es asombroso como se han venido comportando las universidades autónomas en los últimos años. A raíz de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) decretada en el año 2009, el sistema electoral de las universidades que por ley deben escoger a sus autoridades cambió. Con la LOE, se establece la participación de toda la comunidad universitaria en la escogencia de las autoridades universitarias, llámese decanos, secretarios, vicerrectores y rectores. Esto significa, por ejemplo, que con esta nueva ley, obreros y empleados deben participan en la elecciones. Igual todos los profesores sin ningún distingo. Los estudiantes, ahora tendrán una verdadera participación democrática.

Pero, las autoridades de las mencionadas universidades, todas absolutamente miembros de la MUD, se han empeñado en no respetar lo establecido en esta ley orgánica de la república. En una clara posición de oponerse a todo lo que proponga este gobierno revolucionario, en ese afán de contrariar, las autoridades han pedido la nulidad de la LOE. Pero además han manejado a los consejos universitarios, donde hay también una abrumadora mayoría opositora, a tal punto que no han permitido la adecuación de los reglamentos electorales a lo establecido en la precitada ley. Pero además, de manera altanera y retadora, han procedido a convocar, a través de las comisiones electorales, también identificadas con la MUD, a procesos electorales con reglamentos electorales vencidos, ilegales.  

Como consecuencia de ello, la comunidad organizada afectada, de todas esas casas de estudios, ha procedido a impugnar dichos procesos electorales. No sólo ante las sórdidas comisiones electorales y consejos universitarios, quienes han hecho caso omiso a esas impugnaciones, sino también ante los tribunales de la república. Durante una larga querella, pues con los mismos recursos que el ejecutivo nacional inyecta a las universidades éstas han procedido a defender las ilegales convocatorias, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han sido todas favorables a los intereses de la comunidad universitaria. Todas han ordenado a los rectores reunir los consejos universitarios, elaborar un nuevo reglamento electoral y convocar a elecciones. Pero hasta ahora, casi todas han hecho casi omiso, también, a las decisiones de ese máximo organismo de justicia en el país.

Uno de los casos más emblemáticos es quizás el de la UCLA, quien luego de más de un año, ha estado impasible ante un mandato del TSJ que obligó a esa casa de estudios hacer todos los ajustes legales apegados a la LOE, pero que nunca cumplieron con dicho mandato. Ahora, la acción del TSJ ha tenido que ser más contundente. Es así como ha ordenado ejecución forzosa a otras universidades, reacias a cumplir con el mandato de dicho tribunal. La más reciente es la dictada contra la UCV. Sus autoridades, todas, incluido casi todos los miembros del Consejo Universitario, deben pagan una multa por el desacato de una sentencia. Renuentes a aceptar la LOE, el CU de la  UCV se empeñó en convocar a elecciones, desobedeciendo lo dictaminado por el TSJ. Ahora deben pagar cada uno ellos BsF. 18.000, es decir, 200 UT.

La sentencia  N° 83, del 17 de mayo de 2012, contra la UCV señala, entre otras cosas, de manera muy acertada que, cito textualmente: “En el presente caso, se observa que los miembros del Consejo Universitario han asumido una conducta contumaz ante las ordenes que le impartió esta Sala en su decisión número 104 antes mencionada, que raya en la desobediencia grosera y descarada, sin dar el más mínimo vestigio de consideración con el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación, del mandato de esta Sala ni con su deber de velar por el cabal funcionamiento de la máxima Casa de Estudios del país, y más aún, sin que parezca importarles el interés colectivo de toda la comunidad universitaria en tener autoridades legítimas y legalmente electas, además del ejemplo que están en la obligación moral de dar a las demás Universidades, lo que justifica plenamente que esta Sala le imponga a cada uno de los ciudadanos incursos en desacato el máximo quantum de multa permitida por la Ley, para penalizarlos por su conducta antijurídica” (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/selec/Mayo/83-17512-2012-AA70-E-2011-033.html).

Pero no sólo será sometido el CU de la UCV a penalización, quedan abiertas las posibilidades para acciones contra la Comisión Electoral de esa casa de estudios. Igual, las acciones contra los que desacataron la ley pueden ir más allá, pues en la mencionada sentencia “se ordena remitir copia certificada del presente expediente al Ministerio Público, en vista que los hechos verificados en la causa podrían revestir carácter penal” y “remitir copia certificada del presente expediente al Consejo Moral Republicano, en vista que los hechos verificados en la causa podrían acarrear la imposición de las sanciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano”.

Claro, ahora saldrá la oposición eyaculante a señalar que este “oprobioso gobierno” está atentando contra la autonomía universitaria. Ya saldrá su candidato desde un barrio a decir, pobre gente, pobres profesores que ahora deberán pagar 18.000 bolívares por “defender la democracia”. No faltará un incendiario que quemará varios carros, por apoyar a estas autoridades de la UCV. Ya los canales privados de la oposición deben tener listos sus laboratorios conductistas, para molerle la psiquis a más de un universitario y dirigirlos contra el gobierno nacional y su Presidente, por esta “aberrante” decisión del TSJ. Todos saldrán a defender, como es su costumbre, a los atentan contra la ley. Pero no deben perderse las perspectivas, los consejos universitarios representan a lo “más connotado” de la estructura universitaria. Allí están las autoridades rectorales, decanos, representantes estudiantiles y profesorales, todos asesorados por un robusto equipo de asesores jurídicos. Es decir, que este acto fue un acto consciente de desacato a un máximo tribunal de la justicia venezolana y, en consecuencia, por infringir la ley, deben pagar. Dura lex sed lex !!!.

Demás rectores, consejos universitarios y comisiones electorales, pongan su barba en remojo.

(*) Profesor Titular ULA

heribertogomez60@gmail.com

@ulandino



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Heriberto Gómez (*)

Profesor Titular, ULA

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