El primer policía asesinado en el año que se inicia

Aprovechando sus días francos de servicio, Giovanni Saúl Enrique Abreu, funcionario del CICPC aprovechó para irse con su familia a vacacionar en una casa que poseía en la laguna de Tacarigua.

Cuando ya aprestaban su regreso a Caracas, se les aparecieron inesperadamente varios sujetos armados con la intención de asaltarlos. Eso, ahí, nos han dicho que es usual. Esperan estos mozos, un descuido de los visitantes para sorprenderlos y sacarles todo lo que pueden. En esta ocasión toparon con un policía que pese a la desventaja del número, por defender a su familia, les hizo frente. Fue herido aunque alcanzó con alguno de sus disparos a uno de los atracadores que está ya hospitalizado.

No es este un tema que nos agrade abordar y si lo hacemos hoy, es por la desgraciada peripecia que debieron padecer sus familiares tratando de salvarle la vida a quien se las ofrendó por protegerlos. Y por lo que se deriva de ello. Pasaron por algunos nosocomios públicos de la región que no contaban ni con el instrumental ni con los apósitos requeridos para la intervención. Esto que sin duda es grave; muy grave, hay que atacarlo a fondo y sin contemplaciones. El gobierno tiene que comprender que el sistema hospitalario, por lo delicado que es, y por lo que implica, requiere de un examen profundo por personas especializadas que dominen el tema, y no que lo aborden como se ha hecho hasta ahora con unos improvisados que sólo sirven para empeorar aún más las cosas.

Sus familiares llegaron con el herido, seguramente desesperados por su impotencia, hasta la Clínica La Arboleda en Caracas, que no recibió al funcionario policial ¡por tener la póliza de seguro vencida! Este terminó muriendo desangrado. Esto es gravísimo; se le negó la atención que ellos ofrecen a Enrique Abreu por no disponer del dinero necesario para pagar ese servicio. Le pudieron tal vez salvar la vida, pero no lo hicieron porque no estaban seguros de que cobrarían por ello. ¿No debe de recaer sobre este tipo de empresa –solo eso son-, y en los individuos que las dirigen, una sanción ejemplarizante con amenaza de cierre en caso de reiteración de ese tipo de conducta? Si es necesario legislar para hacerlo, hágase de una buena vez. La Asamblea Nacional no puede obviar este punto que se ha reiterado ya muchas veces. Es la vida, la que se debate en este asunto.

Pero, también hubo indolencia de las autoridades del CICPC, y del ministro respectivo al no haber renovado a tiempo la póliza que cubre al funcionariado policial, omisión también muy grave ya que la misma le costó la vida al joven funcionario, menor de 30 años. Los funcionarios según se ve desasistidos –todos-, exponen en cada momento su vida ¿qué les espera en esa condición? ¿Actuarán con la eficacia requerida, cuando saben que sobre su cabeza pende la espada de Damocles? El gobierno tiene que sancionar a los funcionarios que con su negligencia permitieron esa situación. Hacerlo es su obligación que no puede por ninguna forma soslayar.

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Pero sobre la inseguridad ¿qué se ha hecho, cuando se la ve crecer a su antojo, libremente? La Policía Nacional Bolivariana sin duda que es un buen intento, pero su efecto no será inmediato. Las estadísticas sobre los distintos tipos de delitos que se cometen en el país permitirían conocer cuáles son más frecuentes. Sin saber nada de ellas, pero sí por lo que oímos y vemos en las calles, uno de los delitos más reiterados posiblemente sea el “arrebatón” de teléfonos celulares y carteras de damas. Luego vendrán en esa “especialidad”, los relojes, collares y pendientes. El policía de punto interconectados con otros y con su central, más el policía motorizado es lo indicado para enfrentarlo. Las estadísticas le darán a los aparatos de seguridad las zonas donde hay más incidencia de este delito y hacia ellas debe dirigirse la mayor prevención.

Otro delito abundante es el que se perpetra desde la moto. Es tan abundante la acción de este tipo, que ver un parrillero en moto nos genera preocupación. Hay muchísimas motos en Venezuela, y lo peor es que están en su mayoría fuera del control del Estado. La generalidad de quienes las usan lo hacen como medio para el trabajo. Si cesaran un día su actividad, la sociedad se acercaría al colapso.

El servicio de mototaxi, surgido espontáneamente sin ninguna preparación previa, nos ha mostrado personas serias y responsables en las cuales podemos confiar prestando un servicio invaluable en una ciudad alterada por el volumen del tráfico vehicular. Son muchos y los vemos cuando circulan porque usan algún elemento que permite su identificación. Y hacia ahí es que hay que ir. Identificar a quienes circulan con ellas. Una combinación de colores según la parroquia donde está su central y un número que indique quién es el mototaxista que circula con ella. Para circular en la noche dibujar algo que les permita a las autoridades saber que quien lo hace tiene los permisos que se requerirán. Por supuesto que existen otras medidas a adoptar, que los cuerpos especializados establecerán. Tenemos la certeza que su implementación mejorará la seguridad. Así por lo menos ha sucedido en el estado Lara.

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Y cerramos con la mención de un sector de la oposición enzamurado, que con el nombre de mesa de la unidad, llega a la morgue para utilizar vilmente a las últimas víctimas habidas. No estamos negando la inseguridad, menos su incremento. La oposición tiene la obligación de denunciarla pues es uno de sus deberes con la nación y con sus prosélitos, pero nunca para usarla en su provecho que es lo que parece que estuvieran haciendo. Es una falta de respeto con el dolor de los familiares. Brinquen por sobre las miserias y propongan planes que en su criterio mejoren lo relativo a seguridad. La ciudadanía apreciaría mucho ese cambio.

roosbar@cantv.net


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Roosevelt Barboza


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