A propósito de la detención y tortura de Mairim Delgado

Los métodos de tortura como parte de los abusos policiales

    En nuestro país sigue siendo una realidad, el hecho de tenerle más miedo a los funcionarios policiales que a los delincuentes. Sin duda, esta situación es herencia de un modelo policial represivo que fue construido en nuestros países para reprimir a la población y no para protegerla.

     El caso de la joven Mairim Delgado, dado a conocer por aporrea en días recientes (http://www.aporrea.org/ddhh/n143667.html) debe llamarnos a la reflexión a quienes estamos apostando por la construcción de un país con equidad y justicia social que deje de lado este tipo de manifestaciones virulentas del poder.

     La detención y posterior sometimiento a torturas por parte de la DISIP de esta joven venezolana, se inscribe en la conducta reiterada de los cuerpos policiales venezolanos que ven en los ciudadanos un enemigo a quien combatir y no a quienes proteger. El relato de la joven coloca en evidencia que por más voluntad gubernamental que haya en transformar el modelo policial, estos cuerpos siguen actuando como corporaciones al servicio de sus propios intereses. La ausencia de controles por parte de otros poderes del Estado frente a la actuación policial es una tarea pendiente y necesaria para erradicar este tipo de conductas (bastante se ha señalado desde la CONAREPOL y ahora el Consejo Nacional de Policía al respecto).

     Mairim no sólo fue detenida arbitrariamente -confundiéndola con unos ladrones que habían asaltado a una funcionaria de la DISIP- sino que además fue incomunicada por cinco días, período en el cual fue sometida a torturas físicas y psicológicas por parte de funcionarios de la DISIP. Esta situación nos demuestra que lamentablemente los cuerpos policiales en nuestro país siguen funcionando como una instancia de resolución de los problemas personales de sus funcionarios. ¿Si la funcionaria de la DISIP fue víctima de un robo, por qué no colocó la denuncia respectiva?, ¿Por qué sus compañeros de armas salieron a realizar un operativo de búsqueda de posibles responsables sin una orden de la Fiscalía y además sin portar ningún tipo de identificación que los acreditara como funcionarios policiales?, ¿Por qué ninguno de estos funcionarios acusados por Mairim de haberle propinado torturas físicas y psicológicas no están siendo investigados y como víctima tenga que seguir viendo a sus verdugos totalmente impunes?

     Evidentemente, estas son cuestiones a las que tienen que responder las autoridades. Debe iniciarse una investigación penal en contra de estos funcionarios de la DISIP acusados de someter a torturas a Mairim Delgado; no puede ser que este tipo de acontecimientos sigan dándose en un país que ha iniciado un proceso político de lucha por su emancipación.

     Así  como se realizan esfuerzos comunicacionales gigantescos para informar sobre los planes que en materia de seguridad ciudadana está llevando el gobierno nacional, deben destinarse estos mismos esfuerzos para fomentar otro tipo de valores para la conducta policial, de tal manera que se genere en la población un sentimiento de repudio ante este tipo de arbitrariedades y hagamos valer nuestros derechos. Recordemos que el poder penal estatal es sobre el que más hay que ejercer contraloría social; el poder punitivo del Estado simple y llanamente decide a quién meter preso y cómo hacerlo y es precisamente en este cómo en donde las autoridades y la ciudadanía deben poner el acento para darle absoluta vigencia a los derechos humanos. Si no existe una conciencia colectiva y una labor gubernamental decidida a controlar la actuación policial, haciendo valer controles internos y externos, abriendo investigaciones penales en contra de funcionarios sobre los que haya dudas de cometer abusos policiales, poco estaremos haciendo para cambiar este modelo represivo policial.

     Con el caso de Mairim queda también en evidencia la necesidad de quitar las labores de patrullaje a los organismos encargados de hacer investigaciones penales (como el CICPC y la DISIP). Estos organismos son auxiliares de la investigación penal y no pueden ser jueces y parte en la minimización de la delincuencia; no pueden andar por allí deteniendo gente y luego ellos mismos dando las pruebas a la Fiscalía para que los acuse, sabiendo el historial de casos en que estos cuerpos siembran pruebas a su conveniencia para tapar los abusos cometidos en contra de las personas.

     Es hora de cambiar y movilizarse en contra de estos atropellos. La denuncia y la crítica debe ser nuestra herramienta para darle vigencia a los derechos humanos como hilo transversal en la construcción de un país distinto.

pparra2021@gmail.com



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Patricia Parra


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