Una nueva legalidad neoliberal se nos impone vía sanciones. Una "gobernanza" que Monedero describe como ausencia de la política (ausencia de participación ciudadana y hegemonía del mercado), retirada del Estado regulador (aumento de las desigualdades, extensión de la corrupción, desafección ciudadana, auge de zonas marrones, incremento de la violencia externa e interna) desaparición del gobierno nacido de la soberanía popular, ausencia de justicia social colectiva y retrocesos en el campo laboral.

En este sistema no hay participación popular ni contrato social, ni conflicto social, ni cohesión, se apuesta a una supuesta estabilidad, paz y pacificación que desactivan cualquier demanda popular, suerte de legalidad neoliberal, sin excluidos pero con representantes. El predominio de ideas y discursos referentes a "consenso, cohesión, coordinación, asociación y autorregulación" permite la sistemática tecnificación de la política.

Así las medidas coercitivas unilaterales dictadas principalmente por el gobierno de EEUU, violando el derecho internacional, son decisiones ilegales, causando una enorme calamidad para la población civil de Venezuela, en menoscabo de una gama de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la alimentación, atención médica y educación, ocasionando, a su vez, una atípica migración de venezolanos, exacerbando aún más los efectos nocivos de la crisis económica y, por tanto, nuestra crisis humanitaria.

Cómplices de estas aberraciones, desde el primer día de su instalación, la AN del 2016, su Directiva y la mayoría opositora que la compone, comienzan un periplo de actuaciones, atentados contra el orden constitucional, a los cuales se suman distintos actores al incurrir en gravísimos hechos y actos de violencia extrema, terrorismo, delitos de odio y un sinfín de violaciones.

Atentados que implican un ataque desde dentro y desde arriba a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en perfecta coordinación con factores de poder externos.

Obstruccionismo reiterado y comportamiento antinacional recrudecidos desde 2019, con el consecuente sufrimiento del pueblo, cuyas máximas evidencias han sido: aprobar acuerdos y leyes inconstitucionales, usurpar funciones, auto juramentación presidencial, reincorporar el país al TIAR para justificar su uso con fines bélicos, elaborar listados que impiden el derecho humano a la movilidad por razones políticas y propician la persecución financiera en los países miembros por ellos señalados, designación de Juntas Directivas Ad Hoc con la misión de saquear CITGO y MONÓMEROS filiales de PDVSA, solicitudes de bloqueos financieros y comerciales en complicidad con gobiernos hostiles, recrudeciendo las medidas ilegales e inhumanas que impiden el libre desenvolvimiento de las finanzas públicas y la adquisición de alimentos y medicinas, debilitando seriamente las capacidades económicas, sanitarias y sociales de todos los venezolanos y venezolanas, para finalmente aprobar el Estatuto de Transición mediante el cual derogan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y preparan el terreno legal para el supuesto Gobierno de Transición a las órdenes de los EEUU, entre otros crímenes.

En busca de la paz y en cumplimiento del punto tres del Acuerdo de Oslo, fruto de los diálogos entre el gobierno y la oposición, iniciados hace un año, el presidente Nicolás Maduro dicta un indulto que favorece a 110 actores políticos de la oposición venezolana, incluyendo 23 diputados principales y cuatro suplentes.

Ahora bien ¿Qué es un indulto? Un indulto es el perdón de la pena o castigo por un delito cometido, no del delito que la causó, la persona indultada sigue siendo culpable del delito cometido, sólo que por algún motivo le fue perdonado el cumplimiento de la pena.

Los indultados son culpables, pero se les está concediendo la libertad y el delito cometido queda en los registros judiciales. El indulto afecta a una persona concreta, no extingue la responsabilidad civil derivada del delito. Sin embargo, para dictar un indulto el Ejecutivo Nacional tiene límites: nuestra legislación constitucional en su artículo 29 prevé que las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluyendo a las figuras del indulto y la amnistía, en dicha excepcionalidad.

Otro hecho curioso es que en marzo del 2019 el Estado venezolano demandó ante la Corte Penal Internacional al gobierno de Trump, fundamentándose en declaraciones de la ONU y la Comisión de DDHH quienes reconocen que las medidas unilaterales y la legislación coercitivas como contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados. La propia CPI reconoció en el caso Irán vs. EEUU que las medidas coercitivas son delitos de lesa humanidad y causan afectaciones de los derechos humanos fundamentales.

¿Cómo es que siendo estos personajes, protagonistas de las páginas más oscuras, funestas y violentas de la historia contemporánea de Venezuela, a través de hechos violentos, actos de terrorismo, intentos de invasión contra Venezuela, intentos de magnicidio contra el presidente, han llenado de zozobra, caos y muerte el país; mientras reciben apoyo económico de gobiernos hostiles causan severas afectaciones a nuestros derechos humanos, reciben dicho beneficio?.

Entre uno y otro hecho existe un enlace, un vínculo causal, y una conducta perversa, entre el hecho culposo y el daño causado al pueblo venezolano con las acciones y actos de fuerza realizados por estos actores hoy indultados.

Desde 2002 la revolución bolivariana, primero con el Comandante Chávez y ahora con el Presidente Maduro, ha perdonado, indultado, incluso enterrado todas y cada uno de los atrocidades cometidas contra el pueblo venezolano por estos sectores. Todo en pro de alcanzar la paz y estabilidad social, política y económica. Hecho perfectamente loable y comprensible. Además necesario para seguir construyendo.

Sin embargo no ha habido y no hay un ápice de decencia, arrepentimiento, ni actos de contrición de esos sectores opositores quienes en su ceguera y su sed de venganza con cada perdón vuelven envalentonados llenos de odio, miseria y violencia, ahondando las heridas del pueblo todo con sus nefastas acciones. No hay garantía de no repetición y mucho menos asumir la responsabilidad ante las víctimas por estas atrocidades.

Esos procesados lo eran por haber cometido hechos punibles contra la Constitución Nacional, las leyes, los derechos humanos y los sagrados intereses de nuestro Pueblo y según nuestra Constitución no son susceptibles de un indulto presidencial.

No es cualquier juicio el que se les seguía a estos personajes, no es un simple robo, está en juego la virtud política y con ello la posibilidad de una reconciliación auténtica para una paz verdadera.

Entendemos, sí, la necesidad de reconocimiento internacional de las venideras elecciones para lograr aislar los sectores terroristas de la oposición venezolana y los extremistas que nos aplican sanciones. Pero nos preguntamos si estas decisiones suman a favor de la República o por el contrario delatan la pérdida de soberanía y disolución de ésta, cuando se nos impone una agenda extraña desde Oslo, centro del acuerdo de pacificación, aún por encima de nuestros principios constitucionales.

¿Realmente esta decisión protege a la República o apuesta a soluciones pragmáticas de grupos? ¿Cuál es la potencia real de nuestras fuerzas para permitir y tomar este tipo de decisiones? ¿La justicia debe ser pragmatismo o debe sujetarse y someterse a los principios constitucionales, éticos y morales? ¿Estamos salvando una situación coyuntural o en realidad estamos sembrando tempestades en nombre de un bien mayor como la paz? ¿Cuál paz? ¿La de los sepulcros o aquella que con base en la injusticia inaplica sanciones a violadores sistemáticos de derechos humanos culpables de agresiones económicas? A quiénes beneficia la pacificación? ¿A quién favorece? ¿Qué gana el pueblo, la nación? ¿Será la pacificación para la tranquilidad de los capitales depredadores, bancos y demás transnacionales?

Al pueblo no solo las medidas coercitivas lo ha afectado, también la oposición política y económica, ¿o es que hacer la guerra económica interna con ataques a la moneda, inflación, depauperización del salario no son crímenes económicos y violaciones de derechos humanos y debemos poner la otra mejilla por la paz?

Reconozcamos: !el pueblo no ha tenido Paz en ningún momento!. Por ello ¿un Indulto generalizado, sin discriminar quien viola derechos humanos y quien no y la guerra continúa?

Lo que ha demostrado la oposición es que no afloja en su guerra contra el pueblo. Una cosa es negociar para ganar – ganar, por el entendimiento, otra es rendirte entregar lo conquistado por el pueblo. ¿Quién tiene la autoridad para negociar un proceso colectivo histórico? Todos deseamos la paz, pero la cuestión, por desgracia, es la de quién decide lo que es la paz, quién lo que sea orden y seguridad, quién lo que se haya de considerar como situación soportable o no soportable. (Schmitt)

Creemos en la existencia de un déficit de juridicidad institucional que permite hacer reiteradas concesiones en nombre de la paz, a sabiendas que estos indultados seguirán demoliendo nuestro sistema democrático. Tal y como lo hiciera el TSJ del 2002 respecto a los golpistas "preñados de buenas intenciones" y como sucesiva y repetidamente ha venido ocurriendo.

El límite de toda decisión política es la equidad y el respeto absoluto a los derechos humanos, lo que menoscabe éstos no tiene ningún beneficio.

Aprendamos de la historia: El 16 de noviembre de 1828, Simón Bolívar escribe en una carta al General Páez: "mi existencia ha quedado en el aire con este indulto y la de Colombia se ha perdido para siempre. Yo estoy arrepentido de la muerte de PIAR, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa, en adelante no habrá justicia para castigar el más atroz asesino, porque la vida de Santander es el perdón de las impunidades más escandalosas… Lo peor de todo es que mañana le damos indulto y volverá a hacer la guerra a todos mis amigos y a favorecer a todos mis enemigos. Su crimen se purificará en el crisol de la anarquía, pero lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejaran los de la clase de PIAR y de Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino a favor de este infame blanco que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la Patria".

Aprendamos la lección de nuestra historia, sin Justicia no hay paz.