¡Hay Tribunales Penales en manos del Sector Privado!

Los Colegios Profesionales de Venezuela con sus Códigos de Éticas respectivos y las Leyes exclusivas a cada especialidad, son Tribunales Inquisidores que operan en contra de sus afiliados.  Bien se sabe, por ser público y notorio, que los Colegios Profesionales usan esos instrumentos solo para consumar venganzas contra sus propios asociados, y esos asociados lo son, porque están obligados a inscribirse en esos Colegios apenas terminan sus carreras universitarias ya que de no hacerlo se les prohíbe ejerzan  la profesión  alcanzada después de  haberse estudiado no menos de 18 años. Todo egresado universitario es un seguro afiliado a su respectivo Colegio, no tiene escapatoria alguna,  y aquellos que no estén de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno de aquellas organizaciones más temprano que tarde le serán levantados falsos expedientes incriminatorios por algún delito, pasados éstos a comisiones honoríficas integradas por personas del mismo grupo y por último remitidos, sin perdida de tiempo a sus propios Tribunales Disciplinarios. Los Colegios Profesionales siguen al pie de la letra la metodología oficial, es decir, actúan  como si fueran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, C.I.C.P.C., la Fiscalía de la República y los Tribunales de cada Circunscripción Judicial de la República. Todo este  grotesco accionar no se puede concebir exista en este tiempo. ¿Cómo es posible  existan organizaciones privadas, Colegios de Profesionales, que continúan teniendo permiso del Estado para poseer un Poder Judicial propio y allí juzgar a sus afiliados que no siguen el ideario político partidista de los miembros que conforman sus directivas? 

Pero resulta que la autorización otorgada a los Colegios Profesionales no termina allí, pues una vez que el Tribunal Disciplinario de cada Colegio sentencia una causa seguida a un imputado perteneciente a su propio gremio, el Colegio pasa el expediente al Tribunal Disciplinario de la Federación y este órgano del Colegio prontamente dicta la sentencia definitiva y firme; tal como si fuera otro Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.  Ahora bien, ¿Cómo es posible que a casi diez años de un gobierno revolucionario pueda subsistir todavía un adefesio de tal naturaleza? Si lo más importante de esta revolución Bolivariana es el hombre y su dignidad, ¿Cómo puede ser que éste esté obligado a pertenecer a una determinada institución gremial y no se le de ninguna otra alternativa?  La verdad que al contar ésto da mucha pena, porque después de casi una década de implantarse en el país un sistema verdaderamente democrático, constitucional, de derecho y de justicia, todavía no se ha anulado la licencia que la Cuarta República otorgó a los Colegios Profesionales. En el tiempo transcurrido desde que se instaló el gobierno revolucionario, muy bien se ha podido crear Tribunales Ordinarios donde ventilar los casos relacionados con los delitos de malas praxis ejecutadas por profesionales y también estos mismos Tribunales podrían ocuparse en dirimir los casos de ofensas al honor de las personas, ofensas que se producen abundantemente en este país, actualmente el ofendido prácticamente no tiene a donde acudir para reclamar y lograr se le devuelva el patrimonio más importante del ser humano; su dignidad.  

En Venezuela se sabe que los Colegios Profesionales se han convertido en unos partidos políticos y actúan como tales en el ámbito local, regional y nacional. Sus directivos no cuidan las apariencias que deberían  presentar dentro y fuera de sus sedes, por tal razón ellos no dejan pasar oportunidad alguna en dar a conocer sus tendencias políticas-partidistas. La autoridad del Estado estaba y todavía sigue disminuida ante los Colegios Profesionales, si no, ¿Cómo es posible que unas organizaciones privadas puedan administrar justicia y arrojar al desprecio público a sus afiliados, por sentencias producto del rencor y la retaliación? ¿Cómo es que se facultó al Colegio de Abogados a cobrar un impuesto en las Notarías y Registros del país al legalizar cualquier documento y que el total de esas recaudaciones se depositen totalmente en sus propias arcas? El administrar Justicia y el cobrar impuestos son tareas soberanas e intransferibles del Estado venezolano, y entonces, ¿Como es que hay organizaciones privadas que todavía lo hacen?

joseameliach@hotmail.com



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José M. Ameliach N.


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