Tribunales Penales en el Sector Privado

¿Qué hacen actualmente los Colegios Profesionales con sus Códigos de Éticas respectivos y las Leyes exclusivas a cada especialidad? Bien se sabe, por ser público y notorio, que los Colegios Profesionales usan esos instrumentos solo para consumar venganzas contra sus propios afiliados, aquellos que no están de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno, siendo así como esas directivas les levantan falsos expedientes incriminatorios por algún delito, los pasan a una comisión honorífica, integrada por ellos mismos, que sin perdida de tiempo los envían a sus Tribunales Disciplinarios; tal como hace el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, C.I.C.P.C., que remite a la Fiscalía de la República los casos y entonces ese organismo oficial se encarga de pasarlo, con su debida argumentación, a los Tribunales de cada Circunscripción Judicial de la República. Lo anteriormente narrado quiere decir que en Venezuela las organizaciones privadas denominadas Colegios de Profesionales tienen el permiso del Estado para establecer un Poder Judicial propio, donde son juzgados ciertos universitarios; a los cuales se les obligó afiliarse en ellos.

Pero la concesión otorgada a los Colegios Profesionales no termina allí, pues una vez que el Tribunal Disciplinario de cada Colegio sentencia una causa seguida a un imputado perteneciente a su propio gremio, el Colegio pasa el expediente al Tribunal Disciplinario de la Federación, según sea la profesión a que pertenece el imputado, Venezolana y este órgano del Colegio prontamente dicta la sentencia definitiva y firme; tal como si fuera otro Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad es que todo esto da lastima contarlo, da rabia y mucha pena, ya que después de 7 años de implantarse en el país un sistema democrático constitucional de derecho y de justicia, donde el hombre es lo más importante, todavía no se ha anulado la autorización que la Cuarta República le otorgó a los Colegios Profesionales para que juzgaran a sus afiliados, y creado dentro del Poder Judicial (público), Tribunales Ordinarios donde ventilar los casos relacionados con los delitos y malas praxis ejecutadas por profesionales y que esos mismos Tribunales fueran facultados para dirimir los casos de ofensas al honor de las personas, ofensas que se producen abundantemente en este país y donde el ofendido prácticamente no tiene a donde acudir para reclamar sobre el patrimonio más importante del ser humano; su honor.

Los Colegios Profesionales actualmente se han convertido en unos partidos políticos y actúan como tales en el ámbito local, regional y nacional, ni siquiera sus directivos cuidan de las apariencias que debe presentar cualquier institución gremial o social dentro de sus sedes, donde lo normal es evitar se discuta de temas político-partidistas, por tal razón es que ellos no dejan pasar oportunidad alguna en dar a conocer sus tendencias y condimentar en sus pronunciamientos públicos las discrepancias que existen con el gobierno presidido por Hugo Chávez Frías. Lo racional sería que la actividad política partidista en las sedes y en nombre de los Colegios Profesionales no fueran ejercitadas, de viva voz y difundidas, por sus directivos, ya que la esencia de ser de estas organizaciones es cobijar, sin distingo de preferencias políticas partidistas, a cualquier egresado universitario; mas cuando a ese profesional se le obliga, so pena de no dejarlo trabajar en la especialidad de sus estudios, a inscribirse en ellos.

En Venezuela estaba y todavía está disminuida la autoridad del Estado, porqué ¿Cómo es posible que unas organizaciones privadas, Colegios Profesionales, puedan administrar justicia y así exponer a ciertos afiliados al desprecio público por sentencias producto del rencor y la retaliación? Además, ¿Cómo es que se facultó al Colegio de Abogados a cobrar un impuesto en las Notarías y Registros del país al legalizar cualquier documento y que el total de esas recaudaciones se depositen totalmente en sus propias arcas? ¿Es acaso que la ciudadanía en general tiene que pagar los gastos que ese Colegio pueda tener por sus actividades y por el mantenimiento de sus edificaciones? En verdad que lo del Colegio de Abogados es un soberano abuso en contra del Soberano; EL PUEBLO.

joseameliach@hotmail.com




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José M. Ameliach N.


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