Cuando leemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 21 establece: Todas las personas son iguales ante la ley (…) posteriormente, señala en su numeral 1) No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. (Subrayado nuestro).
En la misma medida, el artículo 46 de nuestra Constitución en su numeral 4 tiene en sus disposiciones: Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. (Ídem).
Asimismo, en su artículo 83 la máxima jurídica del país tiene escrito: La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa (…) (Ídem).
Los tres artículos mencionados son inapelables e inmodificables, tanto en su estructura orgánica como en sus derivaciones jurídicas. O sea, ninguna ley, reglamento, sentencia, disposición judicial o acto administrativo puede venir con el remoquete o subterfugio de "aclarar" no sólo lo que está suficientemente ordenado y garantizado constitucionalmente, sino que incluso se establecen penas contra aquellos funcionarios que pudieran generar maltratos de tipo físico o mental (psicológico) contra cualquier persona, que además somos iguales ante la ley, sin que se pueda hacer algún tipo de discriminación bajo cualquier argumento.
En por ello, que cuando el gobierno nacional para poder garantizar el derecho a la salud, exige el llamado "carnet de la patria" para tener acceso a la atención médica o poder tener el suministro de cualquier medicamento en un instituto público asistencial, que de por sí resulta ineficiente, queda en evidencia que el poder Ejecutivo, desde la presidencia de la República y en este caso del llamado ministerio de la salud, violentan no sólo los artículos mencionados y contemplados en la Constitución, sino que como ciudadanos estamos obligados a denunciar la perversidad de dichas prácticas, así como identificar a los funcionarios que están inmersos en acciones que discriminen a los venezolanos o extranjeros ante tan fundamental derecho, y por ende, la garantía de la vida por parte del Estado.
En consecuencia, el hecho de que sea política del gobierno para no decir del Estado, establecer una línea telefónica con el nombre de 0800Saludya (08007258392), y que el operador de tal forma de comunicación nos pida el "número" o "código"¹ de un supuesto "carnet" llamado "de la patria", revela que el madurismo no pretende generar atención de salud sobre quienes no comulguen con su ideología pensativa y política, violando además de la Constitución, tratados internacionales en derechos humanos. Verbigracia, el madurismo, al pedir ese "carnet" ¿qué quiere decir a quiénes no lo tienen? ¿Qué son "apátridas" las personas que no lo posean? Sí es así, ¿Cuáles son los parámetros o argumentos que los funcionarios maduristas aplican para establecer que alguien es un venezolano "de la patria", pero quienes no tengamos tal identificación "no somos de la patria"?
La barbarie del madurismo ha llegado al extremo de querer dejar morir a los ciudadanos que por alguna u otra razón, discrepan de sus políticas de gobierno. El madurismo sólo promueve el paroxismo como forma de generar caos, desolación y muerte sobre aquella población que rechaza el neototalitarismo como manera de gobernar.
El 0800Saludya significa para quienes no tienen el "carnet de la patria", el 0800Muereya, porque es claro que su objeto o finalidad tiene un malévolo fin de carácter político, el cual atenta contra el derecho a la vida contemplado en la Constitución. El madurismo ha creado la línea telefónica de exclusión y apartheid social, es decir, ya no se inmuta por hacer públicas sus políticas de manipulación, chantaje y amedrentamiento político con tal de mantenerse en el poder. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
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