A propósito de los hechos de corrupción detectados en algunas instancias del Estado

La lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad de la revolución como lo ha reiterado el Presidente Chávez

Hemos sido reiterativos en sostener que la prédica anti-corrupción debe ser una constante, así como permanentes tienen que ser los esfuerzos que se hagan en favor de la implementación de rigurosos mecanismos de control interno en todas las instituciones que manejan fondos y bienes públicos, complementados, a su vez, con supervisiones y/o monitoreos bajo la responsabilidad de lo que pudiéramos llamar Juntas de Veedores, integradas por funcionarios de las propias instituciones que presten servicios en áreas distintas a las de control interno y personas de las comunidades, quienes serían reemplazados de forma periódica, quizás cada seis meses o un año, para garantizar así la efectividad y transparencia de sus actuaciones fiscales.

Pero, ciertamente, no basta con ello. La corrupción es mucho más compleja. Allí no sólo está el funcionario corrupto presto a delinquir y que siempre tratará de encontrar resquicios para burlar cualquier control que exista, sino aquél otro que se deja sobornar pasivamente y que hará lo propio, o aquellos que, por temor a perder sus cargos, hacen todo lo que se les indique como mansos borregos en la dirección de que quienes están dispuestos a sacar provecho a como de lugar del acto administrativo acordado para la compra de bienes o servicios, logren sus objetivos. Eso lo tenemos muy claro, pues es así como se planifican y se ejecutan los actos ilícitos, por lo que más allá de apreciar esas “veedurías” como una muy buena estrategia para enfrentar la corrupción, ya que ellas reforzarían, sin duda, los mecanismos usuales y normales de control, hemos también sostenido el criterio de que paralelamente se diseñen y se pongan en práctica las llamadas auditorias en caliente y sorpresivas como parte rutinaria de una sostenida política de fiscalizaciones, así como estimular y propiciar hasta el cansancio la denuncia de hechos ilícitos, a través de apropiados mecanismos que ofrezcan garantías de protección al denunciante, de manera que éste no sea al final víctima de algún tipo de venganza. Acordar como gestión fiscal permanente del órgano de control superior, la revisión selectiva de las declaraciones juradas de patrimonio sobre todo de aquellos funcionarios que de alguna manera tienen que ver con el manejo y disposición de los bienes y dineros públicos, mediante mecanismos de sorteos transparentes. Igualmente y, por supuesto, se debe trabajar con la mayor urgencia en la instrumentación de una legislación severa e inflexible que prevea los juicios expeditos para los delitos contra la cosa pública, porque de lo contrario habremos perdido el tiempo.

Frente a las casos muy sonados de corruptelas de unas dimensiones mayúsculas descubiertos en el Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora en Barinas, en FOGADE, en FONDAFA y las Ciudades Judiciales, entre otros que han sido y están en pleno proceso de investigación con clara voluntad de llegar hasta el final por parte de la Asamblea Nacional y de las demás instancias jurisdiccionales competentes, debemos convencernos de manera definitiva para evitar que se repitan este tipo de trastadas que conspiran abiertamente contra los sagrados postulados de la revolución, que no pueden ser otros que los de servir al pueblo con devoción, con ética a toda prueba y con una entrega total, que la activación de las contralorías sociales en todos los estamentos del Estado no pueden ser postergadas y en esa dirección pensamos que le corresponde dar el ejemplo al Poder Ejecutivo por aquello de que ha sido y es el propio presidente Chávez quien no pierde ocasión alguna para exigirle a sus equipos de trabajo, en todos los niveles, que promuevan e incentiven acciones concretas en las instituciones que tienen bajo su responsabilidad, de manera que sea posible alcanzar ese objetivo en el término de la distancia. Sabemos y a la vista se desnuda una realidad que no es posible ocultarla, que muchos altos gerentes del equipo de gobierno se resisten a la idea de darle poder al pueblo como lo pauta la Constitución y menos en áreas que, como esas, equivocadamente (?) consideran son de su exclusivo y particular manejo.

De manera que, como lo hemos sostenido desde hace muchos años, si bien es cierto que el discurso anti-corrupción persistente coadyuva en favor de un propósito orientado a ir creando en el pueblo una auténtica conciencia acerca del daño moral que le hace al país ese terrible flagelo, ello no es suficiente. Hay que ir mucho más allá, se impone una praxis que convierta el proceso de control en un hecho normal y cotidiano, aceptado como una acción necesaria y conveniente para todo un pueblo que tiene como meta preeminente e insoslayable, construir una patria grande y soberana, donde prevalezcan los principios de la moralidad y la decencia sobre cualquier otros, por más relevantes que éstos pudieran ser.

Ejercimos funciones fiscales como brazos ejecutores de la actividad cotidiana en el ejercicio del control público, así como responsabilidades de gerencia por varios años en la Contraloría General de la República durante casi toda la era del "puntofijismo" (1.961/85) y por ello conocimos al monstruo por dentro, así como su inmenso poder y complicidad para destruir a quienes se le atravesaban. Fuimos atacados furiosamente a través de los medios de comunicación en muchos casos de corrupción que históricamente pudiéramos calificarlos de emblemáticos, como fueron, por ejemplo, las compras de inmuebles a precios escandalosamente altos de los fundos La Candelaria y Las Quintas por el antiguo Banco Obrero en Valencia, Caldera I; ocupación y despojo de los terrenos nacionales expropiados para la construcción del distribuidor Santa Fe de la Autopista a Prados del Este, Caldera I; terrenos en Antímano y La Vega, adquiridos por el Centro Simón Bolívar, CAP I; sede de la Fundación de El Niño, Luis Herrera Campins y muchos otros que se nos haría interminable su relación, hasta que finalmente fuimos víctima de los mayores atropellos cuando personalmente logramos impedir durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1) en 1.985 que se perfeccionara el pago de una estafa cuantiosa por la adquisición de los terrenos parte del denominado fundo “Jose” para PDVSA en Anzoátegui, donde hoy opera el Criogénico de Oriente, lo cual determinó que se nos diera de baja del organismo luego haberle servido por casi 25 años y es por ello por lo que nos sentimos obligados a decir y proponer lo que consideramos importante implementar para que el éxito acompañe un interés por enfrentar con la debida voluntad política una lucha frontal contra los corruptos, estén donde estén.

Para llevar adelante ese gran esfuerzo anticorrupción persistente tenemos, además, el mayor ejemplo en nuestro héroe máximo, el Libertador Simón Bolívar, no solamente con su conducta en el plano personal frente a aquellas varias ocasiones en que se negó a ser beneficiario de asignaciones y canonjías con dineros de los fondos públicos, sino que ya como estadista y Jefe Supremo de la República, en sus arengas, proclamas y cartas, el terrible problema de la corrupción lo tuvo siempre presente, pues para él ese fue un tema al que le concedió especial atención (2), al punto de que se vio en la imperiosa necesidad de tener que llegar a prescribir como castigo a quienes incurrieran en delitos contra la cosa pública, la pena de muerte en juicios sumarios, lo cual sancionó por Decreto de fecha 12 de enero de 1.824, disposición ese que tiene como hecho relevante que igualmente contempla la misma pena para aquellos jueces que no le dieren cumplimiento a dicha decisión (3).

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(1) Nuestros cálculos, a los precios de hoy, el sobre precio que se pretendía reconocer y que lo habían establecido técnicos de la Contraloría General, manipulados por un alto funcionario de esa Institución, con la complicidad, sin duda, de algunos meritócratas de la estatal petrolera de la época, era superior a los mil seiscientos millones de bolívares. Debemos agregar, que bajo nuestra responsabilidad descansaba la competencia del trámite de ese caso, por lo que fue posible que impidiéramos la estafa, lo cual determinó que se nos destituyera. Recurrimos a todas las instancias posibles para denunciar el hecho, Congreso Nacional, diarios de circulación nacional, personajes influyentes de la época y nadie nos escuchó. Finalmente, ganamos en primera instancia el derecho a ser reincorporados al organismo fiscal, pero lo perdimos en apelación luego de que el expediente permaneciera más de diez años en lo que recordemos se le llamó la “Cortecita” peloteado entre, al menos, ocho ponentes, simplemente porque no me “bajé de la mula”, como me lo aseguró el abogado que me representó en la causa. Así funcionaba la justicia cuartorepublicana y no había pataleo que valiera.

(2) Algunos pensamientos del Libertador sobre el tema: "Es deber de todo ciudadano vigilar la legítima inserción de las rentas públicas, en beneficio de la sociedad" (15/02/1.819); "La hacienda no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de ellos" (02/01/1.814); "La masa física se equilibra con la fuerza moral" (06/09/1.815); "La mejor política es la honradez" (17/08/1.820); "Para el gobierno no sería más útil ni más satisfactorio que corregir los abusos de la administración" (24/05/1.821) y "Sin moral republicana, no puede haber gobierno libre" (26/05/1.820).

(3) Este decreto tiene por título: "Aplicación de la pena de muerte a los funcionarios que hayan tomado dinero de los Fondos Públicos" y está suscrito por Simón Bolívar, en su condición del Presidente

del Perú.


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Iván Oliver Rugeles


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