Para ponerlos en evidencia no creemos que hayan vías más expeditas para lograrlo, que una planificada y tenaz gestión de inteligencia, así como de una exhaustiva y rigurosa revisión periódica de las Declaraciones Juradas de Patrimonio de quienes en el Estado tienen la competencia para manejar y/o disponer de fondos y bienes públicos, declaración esa que es requisito sine qua non para todo aquel ciudadano que opte por asumir una función pública, so pena de las sanciones que establece la Ley Contra la Corrupción…
Cada día tiene que ser ocasión propicia para reiterar lo que muchos compatriotas y nosotros venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que la lucha contra la corrupción no se combate sólo con la retórica, con ese discurso persistente y emocional que anuncia batallas contra los corruptos, pero que, al final, todo se queda en sólo palabras cargadas de buenas intenciones. Igualmente hemos sostenido con machacona persistencia, que a los corruptos hay que enfrentarlos como se combate a las mafias del tráfico de estupefacientes, es decir, con la puesta en práctica de estrategias de investigación que se apoyen en eficaces “tareas de inteligencia”, porque todo corrupto, por razones más que evidentes, evita dejar huellas de sus fechorías.
Tenemos que estar convencidos de que los ladrones del erario público son muy astutos, así como lo son quienes, desde su posición como privados e integrantes de la llamada “Sociedad Civil”, terminan siendo los directos beneficiarios de los primeros cuando reciben muy complacidos contrataciones mil millonarias, sobre la base de entregarles a los primeros zánganos, tanto por exigencia de ellos o como un “obsequio” voluntario del privado, de abultadas sumas de dinero en efectivo que, sabemos por experiencia personal* y por la variada información que nos llega, son agregadas en las partidas de los respectivos presupuestos, cuando se trata de la construcción de obras públicas o por la vía de sobre estimar los precios de los bienes y servicios requeridos en las órdenes de compra y, también, con la entrega de muchos menos bienes de los contempladas en las respectivas órdenes de compra, a cuyos efectos incorporan a la mafia, a funcionarios responsables de recibirlos.
Todos esa caterva de seres indeseables se agencian mecanismos de todo tipo para lograr sus cometidos y para ello hacen hasta lo indecible para planear sus robos de manera de no dejar rastros de ninguna naturaleza que los incrimine, aun cuando, como alguien dijo en alguna ocasión, que el dinero es como el catarro, imposible de ocultarlo, se hace como de Perogrullo que digamos, plenamente convencidos de ello, que es por allí por donde se abren infinidad de caminos para descubrir a todo funcionario público que decidió aprovecharse de sus posiciones en alguna instancia estatal, para hacerse de dineros mal habidos.
De manera que ante esa verdad, muy difícil de cuestionarla, sólo queda que el órgano competente que tenemos en el país, la Contraloría General, deberá poner en marcha un proceso indetenible de revisión de las declaraciones juradas de patrimonio, a cuyos efectos, obviamente, tendrá que adecuar sus estructuras técnicas necesarias que requiere tan trascendental gestión. Ello seguramente le demandará al ente Contralor fuertes erogaciones presupuestarias, pero estamos seguros que sus óptimos resultados, se las resarcirán con creces…
Pero es que creemos necesario marcar, además, que en esta guerra contra los corruptos, sean del color que se vistan, para que sea exitosa, se impone institucionalizar un modelo de gestión de controlaría que eche mano de todas las argucias y estrategias que utilizan las más modernas y avanzadas policías del mundo en el combate contra al crimen organizado, de todo tipo y naturaleza, pues estamos absolutamente convencidos de que la corrupción es una realidad y porque detrás de ella opera todo un andamiaje mafioso que la hace posible, el cual se lo configura en una estructura cuasi perfecta que se articula de tal modo que hace lo indecible para no deja cabos sueltos…
Otro aspecto que hay tomar muy en cuenta en esta batalla contra la corrupción es la instalación de expeditos canales para la denuncia por todos los rincones del país, los cuales no los hay y, por supuesto, que operen bajo normas que en absoluto pretendan que el denunciante se presente con el “expediente probatorio” de los supuestos hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pudiera ocurrir en determinados y muy pocos casos, pero en la mayoría de ellos quien denuncia, generalmente, no tiene pruebas y solamente maneja la sospecha fundamentada en razones de mucho peso, como pueden ser aquellas que se derivan de ver a determinados burócratas que de la noche a la mañana cambian sus modos de vida y de ciudadanos sencillos que lo eran, pues devengaban ingresos suficiente para llevar sólo y únicamente una vida modesta, sin excesos, se los ve ahora en vehículos del mayor lujo, viajando al extranjero a cada rato, adquiriendo inmuebles en zonas que les eran inalcanzables y/o remodelando la que ya tienen a costa de sumas millonarias y haciendo evidente ante sus compañeros de trabajo o de sus vecinos, de una vida dispendiosa que, a ojos vista, sólo es posible llevarla si se maneja abundante dinero y eso, por supuesto, despierta suspicacias y hace que a muchos venezolanos les cauce excesiva molestia y deciden revelarlo ante instancias donde se les oiga y que, además, les preserven, a todo evento, sus identidades.
De manera que no queremos concluir sin resaltar que en nuestra reflexión sobre las posibles estrategias a seguir para atacar a la corrupción, con éxito, le hemos dado importancia relevante tanto a las tareas de inteligencia, como a las declaraciones juradas de patrimonio. Con ambas herramientas en plena faena es mucho lo que los órganos del control público pueden poner al descubierto y vemos como bien oportuna la ocasión para proponer que en la reforma de la Ley Contra la Corrupción que, tenemos entendido, ya anda un proyecto que fue discutido e inclusive aprobado en la anterior Comisión de Contraloría de la AN, se incluya allí la obligación de que las Declaraciones Juradas de Patrimonio deben hacerlas públicas el ente Contralor al recibirlas, en su página digital (**) e igualmente que se le incorporen sendos capítulos que contemplen la protección de la identidad de denunciantes y testigos de hechos de corrupción y que la cancelación de inmuebles y automotores se haga sólo mediante cheque de gerencia a nombre del adquiriente, cuyo número, fecha y nombre del banco emisor, queden recogidos en los respectivos documentos registrados o notariados.
(*) Desempeñamos por más de 35 años funciones contraloras en la propia Contraloría General de la República, Fogade y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (1961/2012).
(**) En la hermana República Argentina, la “Ley de Ética de la Función Pública” de 1999, por citar un ejemplo, impone la obligación de publicarlas, a partir de acuerdos pactados por ese país en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la cual Venezuela hizo parte como anfitrión en 1996.
