Nos sumamos a la campaña por una auditoría pública de la administración de las divisas

El descomunal saqueo de recursos públicos por parte de burócratas corruptos y empresarios, a través de los organismos encargados de administrar el control de cambio en los últimos doce años, ha significado un mecanismo de apropiación multimillonario para sectores de la nueva burguesía bolivariana y para los empresarios tradicionales ligados a Fedecámaras. Más allá de ello, este hecho pone al descubierto de manera muy clara a quiénes sirve el modelo político, económico y social del llamado “socialismo del siglo XXI”.
 
El propio gobierno ha admitido que en el año 2012 se asignaron más de 20 mil millones de dólares a importaciones que no se llevaron a cabo, lo cual equivale aproximadamente al monto de las pérdidas ocasionadas por el sabotaje petrolero de 2002-2003. En los últimos tres años, la cifra superaría los 60 mil millones de dólares, también según la versión oficial, y diversos estudios ubican la fuga de capitales en más de 200 mil millones de dólares desde el comienzo de la aplicación del control de cambio. Si bien el control de cambio pudo estar justificado inicialmente como un torniquete para evitar la fuga de divisas en el marco del intento de golpe de Estado encabezado por la Gente del Petróleo, la CTV y los militares de Altamira, lo cierto es que posteriormente se convirtió en un instrumento de la nueva burguesía ligada al gobierno para realizar el más espectacular saqueo de recursos públicos. Las instituciones que administraron el control de cambio no aplicaron los más elementales controles posteriores para verificar el uso de las divisas, no hubo mecanismos de control social como la apertura de la contabilidad de las empresas para su conocimiento por parte de los trabajadores, ni hubo cambios profundos en la estructura económica dependiente y semicolonial del país, no se nacionalizó la banca ni la industria petrolera. No hubo ni una sola medida de transición al socialismo, el desastroso resultado está a la vista de todos.
 
El control de cambio formó parte de una política económica consciente al servicio del clientelismo y la corrupción, que ha permitido a muchos nuevos burgueses lograr la acumulación de su capital semilla. Por ello, el gobierno ha cubierto con un manto de impunidad este saqueo de los recursos generados por la industria petrolera. Muy pocos funcionarios, todos de rangos bajos o medios, han sido llevados a juicio por la administración dolosa de las divisas, ningún pez gordo del gobierno ha caído, ningún gran empresario.
 
Lejos de castigar a los corruptos, el gobierno enfrenta la actual crisis económica aplicando medidas de ajuste contra la mayoría trabajadora y empobrecida del país, con grandes devaluaciones, aumentos en los precios de los alimentos, congelamiento de los contratos colectivos o retraso en su discusión, aumentos salariales por debajo de la inflación, aumentos de los servicios y el transporte, autorizando despidos masivos en el sector privado, y nuevos instrumentos legales represivos para amedrentar la protesta social.
 
Nuestra postura inflexible es que la crisis deben pagarla quienes la generaron, los dirigentes de la política económica gubernamental, sus subalternos que colaboraron en la ejecución de crímenes contra los fondos públicos, y los empresarios que obtuvieron divisas para importaciones no realizadas o sobrefacturadas. Todos ellos deben pagar con cárcel y confiscación de bienes su participación en el festín de la corrupción.
 
El gobierno no se investigará a sí mismo, no lo ha hecho en todos estos años ni tiene la intención de hacerlo. La MUD, comprometida políticamente con grandes empresarios y compañías transnacionales beneficiadas por esta política gubernamental, tampoco llama a investigar el saqueo.
 
Saludamos y apoyamos la iniciativa de la Plataforma por una Auditoría Pública y Ciudadana de lanzar una campaña en pos de lograr una investigación hasta las últimas consecuencias sobre el manejo de las divisas del Estado venezolano a través de Cadivi y Cencoex. Es indudable que dentro de esta iniciativa participan organizaciones con las que tenemos diferencias políticas importantes, pues nosotros no consideramos que el gobierno de Maduro sea nuestro gobierno; no obstante, llamamos a todas las organizaciones políticas y sociales democráticas, revolucionarias, a sumarse a esta campaña de denuncia de la corrupción y exigencia de que se ponga fin a la impunidad, propiciando al mismo tiempo un debate amplio y democrático acerca de cómo levantar unitariamente iniciativas de movilización contra el ajuste que aplica el gobierno.
 
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