¿Hasta cuándo $$$ para la empresa privada? , con cada $ que recibe, ella se arma contra la revolución

De una vez por todas, entendamos que las ayudas financieras a la empresa privada han resultado contraproducentes, como era de esperarse. El cambio de Bs. por $ para renovar sus fuerzas productivas sólo ha servido  para alimentarle sus ansias de volver a Miraflores.

 

El tránsito hacia el Socialismo XXI impone que los recursos petroleros se empleen exclusivamente en empresas del Estado. Aquellas empresas que por su cuenta o con cargo a sus arcas no puedan renovar sus inventarios de materias primas  ni sus medios de trabajo importados tampoco podrán recibir auxilios financieros marcadamente keynesianos o burgueses.

 

Empresa privada que no invierta su capital para cubrir sus propias necesidades, deberá salir del juego y dejar el mercado para la inversión estatal o socialista.

 

Hasta ahora, los nuevos beneficiarios de dólares, bajo supuestos compromisos de fiel cumplimiento ante el Estado, deberán ser coadministrados, es decir, de partida intervenidos administrativamente para que el Estado  conozca

directamente  a qué destinan los $ recibidos, a quiénes venden sus productos, cuáles son sus costes de fábrica.

 

En tiempos de revolución, la libre empresa debe ser revisada. Negar la aplicación del programa neoliberal que caracteriza a la derecha burguesa, si se es coherente y consecuente,  debe traducirse en revisión de las libertades comerciales concedidas constitucionalmente hasta ahora porque, sencillamente, los empresarios burgueses, a pesar de estar regidos por una misma Constitución, sólo respetan el articulado que les conviene y  dejan a un lado-lo hacen descaradamente-todas las disposiciones legales constitucionales que les parecen inconvenientes, por ejemplo, la que trata la materia  de costes, ganancias y precios.

 

Combatir el neoliberalismo es regular cada movimiento de estas empresas  y así determinar, si fuere el caso,  si sus permisos comerciales deben cesar con la brevedad  posible o seguir vigentes provisional y transitoriamente.

 



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Manuel C. Martínez


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