“La autocrítica debe ser para revisar,
para rectificar y para reimpulsar,
siempre la revolución por dentro de ella misma”.
Hugo Chávez Friaz.
La mayoría de nuestro país decidió transitar estos últimos quince años, un proceso dinámico y de constantes cambios, a nivel político e institucional. La Revolución Bolivariana con Chávez y actualmente con Maduro ha llevando la batuta de este proceso de transformación, ha reconfigurado el orden de los sentidos y de las instituciones a través de un proceso de reflexión colectiva y de reapropiación social de la participación ciudadana.
Desde la asamblea constituyente de 1999 que reformó nuestra carta magna, con participación de los distintos sectores de la sociedad, hasta la construcción formidable de una plataforma de masificación de la participación ciudadana, en la administración de los servicios públicos, a través de los Consejos Comunales. El denominado Poder Popular y la participación activa y protagónica, en algunos espacios de la gestión pública. Así como la articulación interinstitucional con programas sociales de alto impacto en la vida cotidiana de la gente.
Todo el sistema político-institucional ha sido sometido a cambios rotundos, leyes promulgadas y sancionadas en un abrir y cerrar de ojos, que reflejan intenciones para cambios profundos al seno de la sociedad. La administración pública, es un complejo sistema de entes y actores capaces de responder o no, a esas dinámicas, de allí su complejidad.
Pero nos encontramos con un problema quizás poco visible y no menos importante, derivado de someter las instituciones a las tensiones y a estos procesos de transformación complejos, que involucran nuevos actores nutriendo estos procesos. Uno de estos problemas es que las instituciones al ser interpeladas, pasan a un juicio ético-valorativo e implícito en la sociedad, en el cual se pueden generan espacios de anarquía o inseguridad jurídica, en el peor de los casos se corre el riesgo de aperturar espacios de internalización de prácticas contrarias a la ley.
Con esto quiero decir que tanto las instituciones pierden su peso real (respeto) en el orden de la sociedad, como el posible surgimiento de vicios o proliferación de delitos. Es decir que probablemente, problemas como la corrupción y la impunidad, a lo interno de la administración pública, se constituyen en algunos de los casos como resultantes agravadas de estas dinámicas, lo cual vuelve caótico el proceso bien intencionado de cambios estructurales en la sociedad.
En segundo lugar tenemos que si se hacen cambios significativos en las instituciones, con la intención de establecer pautas que impulsen eso que se quiere como ideal de sociedad, necesariamente amerita un fuerte acompañamiento de formación y compromiso ideológico político. Que indudablemente requiere de cuadros políticos bien formados al nivel de las competencias profesionales que quieren influir, como al nivel ideológico o de compromiso del proyecto que se pretende impulsar. Esto es operativo tanto a lo interno de la administración pública como en el plano externo de la consolidación del proyecto.
En este sentido encarar la titánica labor de mejorar la gestión de la administración pública, requiere del afianzamiento de las instituciones que fueron interpeladas, reformadas y creadas en su momento, en atención al proyecto político impulsado “Socialismo del Siglo XXI”. Es decir avanzar hacia un segundo nivel de concreción del proyecto de país.
Para tales fines he considerado cuatro ejes de acción en el mejoramiento de la gestión pública, haciendo cuenta del debate y la lucha abierta contra la corrupción actualmente en nuestro país. Estos ejes de acción obviamente comprometidos con la transparencia de las instituciones, que permita afianzarlas, y garantizar más y mejor legitimidad social, así como mayor eficiencia en la gestión pública; Para tales fines considero:
El rescate de la figura de los concursos públicos de oposición es de un valor fundamental, debido a la gran tasa de profesionalización que hay en Venezuela derivado de la apertura educativa a todos los estratos de la sociedad. Es indispensable fortalecer la administración pública con el personal más apto y calificado, de la misma forma que garantizar la participación de todos los distintos sectores de la sociedad a dichos procesos, que permitan desmontar la figura del amiguismo, el nepotismo y el palanquismo que guarda como sinónimo de administración pública en el seno de la sociedad. Además de influir probable y/o positivamente en la frustración de algunos jóvenes profesionales que se encuentra en una compleja competencia del mercado de trabajo altamente profesionalizado.
La lucha contra la impunidad a lo interno de la administración pública, es un tema crucial para apartarse de las viejas mañanas, ligadas al amiguismo o al apadrinamiento. Una de las formas de recuperar el respeto de las instituciones y de construir un buen concepto del funcionario público, tiene que ver con las sanciones administrativas y judiciales sin contemplaciones. Esto pasa por el rescate de las unidades de auditoría, control, seguimiento y fiscalización interna hasta las imputaciones de hechos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y leyes especiales de la materia. Es construir una memoria institucional no tolerante a conductas irregulares y delincuenciales. Es partir de depurar los órganos del Estado, de su principal obstáculo de gestión eficiente.
La internalización de la evaluación en los distintos proyectos, programas y planes de gobierno, no sólo como medida para la sanción por hechos irregulares, que de por sí sería un gran avance, sino además como interiorización de la eficiencia en el ejercicio de administración pública. Es decir ver la evaluación como parte íntegra de una intervención política (política pública), que permita identificar irregularidades, pero que además permita identificar potencialidades para más y mejor gestión.
Mayor formación funcionarial para elevar el nivel de profesionalización y compromiso social. Uno de los problemas comunes es la carente condición de servidor público del funcionariado. Esto está muy ligado a la ausencia de una estructura formativa o de mejoramiento profesional continuo, así como de los criterios de selección de personal, muy relacionado con la falta de concursos públicos de oposición y de lo que realmente queramos en nuestra administración como “funcionario público”.
Como último eje de acción se encuentra el mejoramiento de la gestión pública a través de government (Gobierno electrónico); el cual pasa por el uso de las tecnologías en los servicios público como herramientas para mayor eficiencia. Desde los portales web oficiales en el suministro de información veraz y confiable, hasta habilitar el diligenciamiento de trámites sencillos a través de previa cita en agenda electrónica institucional. Así como desconcentrar algunas actividades de servicio público de la capital del país, con un control informático eficiente y sofisticado, que permita el monitoreo y seguimiento del proceso de gestión. Este espacio debe ser un elemento accesible para la contraloría social, de la cual ya hay legislación al respecto.
En definitiva el mejoramiento de la gestión pública en nuestro país, así como la lucha contra la corrupción pasa por innumerables decisiones, y actividades con fuerte compromiso político ideológico. Desde la lucha honesta, frontal y punitiva, hasta la toma de decisiones sencillas a lo interno de la gestión pública que permitan su mejoramiento, afianzamiento institucional y seguramente la construcción más cercana a eso que queremos como ideal de país.
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