El cáncer de la corrupción en etapa de metástasis

Si no se hace nada por la corrupción, se acusa al gobierno de ser cómplice.

Si se captura a algún funcionario, se dice que es un robagallinas, que hay que buscar a los pesados.

Si se acusa a algún pesado, salen a defenderlo automáticamente. Si el pesado es Chavista, lo reciben con los brazos (y las piernas) abiertos/as. Recordemos los casos de Didalco y Ramón Martínez. Lo más triste es que si estos quieren regresar, el chavismo los recibe del mismo modo, echándole tierrita a las antiguas acusaciones.

Si acuso y no me paran bolas, me voy del partido. En el caso de William Ojeda, readoptado por el Chavismo, el caso es absurdo ya que le nombraron a su enemigo, JVR Avalos como viceministro, na pelusa.

El ser corrupto o no, depende del monto robado, véase el caso de Richard Mardo y la defensa automática que de él se hace.

El caso de Consuelo Cerrada es característico de cómo se mueven las cosas en el gobierno: funcionarios que llegan a las instituciones, asumamos que con ciertas credenciales y ciertas competencias. Ascienden y reciben responsabilidades con discursito radical, mientras más altisonante mejor, mientras más “revolucionario”, más “desplegado”, más “rodilla en tierra”, más “comandante eterno” y más de otros cientos de lugares comunes de estos tiempos, mayor es la probabilidad de salir en cámara. Cuando los llaman a capítulo, bien sea por corrupción en los contados casos en que ocurre o simplemente por ineptitud o cambio de fichas, se les sale el adeco, esa condición de yo no fui, no es mi culpa, no lo sabía, los banqueros me engañaron.

El drama de la corrupción en Venezuela no es que los ministros, directores, alcaldes y otros se enriquezcan con el patrimonio público. Al fin y al cabo, ellos son pocos y el caso de Vinicio Carrera o José Ángel Ciliberto permanecen aun en la memoria colectiva. El caso es que, durante la revolución muchas cosas se democratizaron, la educación, la salud y por supuesto, la corrupción. Mientras más se ha esmerado el estado por regular y controlar asuntos, en la misma medida, la bien documentada viveza criolla ha encontrado las mil y una formas de montar alcabalas, trabas y toda suerte de artificios para hacerle la vida difícil al ciudadano, pero ofreciendo soluciones - ellos mismos claro está - para solventar los enredos que ellos mismos causan a cambio de contribuciones solidarias.

Antes eran Vinicio Carrera, Andrés Caldera o Blanca Ibáñez, hoy desde el portero de cualquier edificio, secretarias, funcionarios rasos, vigilantes, fiscales, policías y de allí hacia arriba practican a la vista de todos, la actividad económica de mayor crecimiento en los últimos años: la matraca. ¿Quién es el venezolano que no ha sido afectado por esta conducta? ¿Quién no tiene un familiar que ha tenido que “lanzarle algo” a alguien para que aparezca una carpeta?

Recuerdo que hace unos años, los muchachos encargados de repartir los bombillos ahorradores, pasaban por las casas, entregaban unos y vendían otros tantos, eso sí, mucho más baratos que la ferretería. Lo peor de todo, la gente se los compraba. Hasta los soldados de la reserva vendían los bombillos, imagínense un soldado enemigo frente a ellos: le venden el fusil por cuatro reales y como ñapa delata la posición de sus compañeros. Hubo que mandar a los muchachos cubanos a entregar los bombillos para que se cumplieran los objetivos

Que la corrupción también existe en el sector privado? Ese argumento es tan cierto como inútil. Por supuesto que existe, de hecho el sector privado se alimenta de los contratos del estado, y los funcionarios de este, se alimentan de las coimas, sobornos y regalos de todo tipo por parte de los empresarios. El problema es que la corrupción en el sector privado, siempre que no involucre al estado, tiene un impacto más acotado: accionistas, empleados, gerentes, proveedores y clientes. Seguramente a alguien le duele y terminan reventando el caso y como mínimo, despedidos quedan quienes son encontrados en tales actividades. También es necesario decir que el sector privado está sujeto a supervisión y control estatal, independientemente del sector y tamaño de la empresa: no es posible la existencia de grandes empresas que contaminen sin la complicidad del ministerio del ambiente y la alcaldía, no es posible que existan líneas aéreas que incumplan con el servicio sin la cabronería del INAC, canales de televisión cloacas como RCTV sin la anuencia de CONATEL, empresas cableras que rompen las calles y las dejan dañadas sin la “indiferencia” de las alcaldías, casas de bolsa traficando dólares sin la incapacidad cómplice de la antigua CNV; la lista es infinita

Los Venezolanos estamos acostumbrados a la corrupción, asumámoslo sin vergüenza. Claro está si nos la ponen difícil entramos por el carril, así que es eso exactamente lo que tiene que hacerse, meter por el carril, una institución a la vez como se hizo con el SAIME y comenzó a hacerse con el INTTT. Eliminar la discrecionalidad de los funcionarios, publicar en las páginas web los requisitos, horarios y lapsos para la obtención de las respuestas a los incontables tramites que todos tenemos que hacer, establecer el mecanismo de citas, administrar las colas hasta eliminarlas. Comencemos desde abajo, minimizando la necesidad del ciudadano de dejarse matraquear. Los contratos del estado, la buena pro otorgada a las contratistas, las memorias descriptivas, los montos pagados y las evaluaciones hechas, todo eso puedo subirse a internet y facilitar la contraloría social sobre los dineros del estado. Los recursos y la tecnología existen, falta la voluntad de muchos y la autoridad de algunos para imponer esto como regla de gestión.





@jhernandezucv


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Javier Hernández

Economista (UCV). Candidato a Msc en Gerencia.

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