Los esfuerzos
por destruir a los corruptos hay que potenciarlos cada día con mayor
voluntad y decisión. Allí no puede haber tregua. Es una confrontación
que hay que darla minuto a minuto y ante las instancias que sean, por
más poder que estos sujetos puedan tener.
Pero, debe quedar
bien claro que no sólo son corruptos aquellos que directa o
indirectamente están involucrados por sí, o a través de terceros, en
actividades que comprometan el pulcro y transparente manejo de los
dineros y bienes públicos, sino los que de manera abierta o solapada
sabotean el cumplimiento de las metas y programas que se ha trazado el
gobierno nacional, en cualquiera de sus instancias.
Hay que terminar
de entender, por otra parte, que esa lucha no solamente le corresponde
librarla al gobierno central y menos aún al Presidente Chávez, sino a
todos los estamentos del Estado, a todas las organizaciones comunales y
sociales que hacen vida en cada rincón del país y más aún, a cada uno de
los ciudadano de este país, pues como sabemos, los actos ilícitos
contra los dineros públicos y el sabotaje se propician en cualquiera
lugar e instancia de gobierno, sea ya central, estatal, municipal o
parroquial. Es una obligación moral inexcusable cruzarse de manos y
voltear la cara…
El robo y la dilapidación de los
recursos públicos son actos que se perfeccionan, a todo evento, entre
dos partes, aquella que administra y/o ejecuta las decisiones que se
toman acerca del uso y destino de esos dineros y la que, sin tener otra
responsabilidad que la de manejar y cuidar únicamente sus propios
intereses mezquinos o de grupo, se avienen para repartirse entre ambas
una determinada comisión de alguna partida destinada para construir una
obra pública o adquirir algún bien o pagar un servicio requerido por la
entidad gubernamental de que se trate.
El saboteo, por su parte, se manifiesta de mil formas y las más evidentes son: la demora injustificada para tomar decisiones o cuando se adoptan se lo hace en el marco de una planeada acción de la mayor lentitud y, además, interferida hasta por asuntos nimios; el trabajo deficiente, para el cual no se hizo fiscalización alguna o, simplemente, no se cumplió con el rigor técnico debido; la contratación de personal que no se requiere; el trato déspota a sus subalternos; las órdenes impartidas para confundir y generar ambientes tensos en las áreas de trabajo; el irrespeto al ciudadano que exige un servicio al que tiene pleno derecho, pero cuya atención deja mucho que desear por el maltrato que recibe o, sencillamente, se le somete a un “ruleteo” interminable, como aún sigue sucediendo en algunas instancias gubernamentales, así como igual ocurre en las instituciones encargadas de administrar justicia..
Pero veamos los instrumentos legales que están hoy a la disposición del pueblo para llevar adelante todo propósito dirigido a infligirle la mayor derrota a todo espécimen que decida optar por hacerse rico a costa de los dineros y bienes públicos.
La Constitución Bolivariana en su artículo 62 prescribe que: “Todos
los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente
en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas. La Participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individualmente como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la
sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para
su práctica”.
Como desarrollo de ese mandato, se
han puesto en vigor, por un lado la reforma reciente de la Ley Orgánica
de la Contraloría (05/01/11) y dos instrumentos adicionales: la ley
Orgánica del Poder Público Municipal (junio/2005) y la ley Contra la
Corrupción (abril/2003), las que, en conjunto, propician una realidad
indiscutible para que ese protagonismo tenga su propio sustento legal.
Ese amplio basamento jurídico no
solamente habilita en términos bien interesantes el mayor protagonismo y
participación de los ciudadanos en la función del control público, sino
que hace obligante esa participación y veamos por qué lo afirmamos:
Reforma de la ley de contraloría indica: ”Artículo
75: 1) Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco
del proceso de participación ciudadana, en el ejercicio de la
contraloría social o comunal; 2) Ordenar, dirigir, sistematizar y
evaluar las denuncias ciudadanas que provengan de las instancias que
ejercen la contraloría social.; ) Facilitar el seguimiento, vigilancia,
supervivencia y control de la ejecución de los planes realizados por la
Unidad de Contraloría Social, de los proyectos comunitarios presentados
por los consejos comunales o las comunas; 4) Establecer estrategias de
formación y promoción de la participación contralora y ciudadana para
coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal; 5) Promover mecanismos
de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y
social; 6) Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del
control fiscal, con la participación democrática y protagónica de las
unidades de contraloría social que forman parte de los consejos
comunales o las comunal;
Artículo 76: El Poder
Popular, a través de los consejos comunales o las comunas, podrá
postular candidatos para los órganos de control fiscal de los entes y
organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley.”
La ley del Poder Público Municipal, en su artículo 2, señala: “El
Municipio constituye la unidad política primaria de la organización
nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus
competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus actuaciones
incorporarán la participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y
oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el
control y evaluación de sus resultados.
Por su parte, la
norma Contra la Corrupción, les otorga, además, derechos en materia de
control sumamente importantes, como por ejemplo, que en su artículo 10,
contempla: “Los particulares tienen el derecho de solicitar a
los órganos y entes cualquier información sobre la administración y
custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo,
podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos
correspondientes para examinar o verificar la información que se le
suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, salvo las
excepciones…” (En los casos referentes a la seguridad y defensa de la Nación).
De manera que hay toda una articulada estructura jurídica a la mano
para que todos cooperemos en esa lucha que tiene que ser frontal contra
la corrupción y contra el burocratismo aberrante, tanto el apuntalado en
una infame cultura heredada de la Cuarta República, como aquél que ha
resuelto en esta época de cambios sociales inevitables, seguir en sus
aberrantes andanzas y provocando malestar al mayor grado y
desestabilización de las instituciones. No puede ser que nos quedemos
con los brazos cruzados mirando cómo se le engaña y se le roba al Estado
y, además, de cómo se entorpecen y se le sabotean las tareas al
gobierno. Todos debemos incorporarnos a esa lucha con una conducta ética
y moral inquebrantable para destruir ese morbo de la corrupción y
ponerle freno a quienes pretenden hacerle daño a la Revolución, estén
donde estén...
El presidente Chávez ha sido un adalid en la
vocería de muy alto tono para enfrentar la corrupción y castigarla con
todo rigor. En esa dirección hay que marchar le ha dicho a todo su
equipo de gobierno de manera persistente, firme, sin vacilaciones y sin
importar dónde y quienes sean los que pudieran manejarla y estimularla.
Ciertamente, él no ha perdido ocasión para exigir, además, la mayor
atención y el mayor rigor a todos los venezolanos para que nos
mantengamos vigilantes y muy atentos para impedir que aquellos que han
decidido cabalgar en esas condenables desviaciones, exigiendo y cobrando
comisiones aquí o acullá o actuando a la libre y sin concierto con la
línea gubernamental, hagan de las suyas.
Hay que actuar ya y a
fondo. Debemos ganar esa batalla y para ello se impone el concurso
honorable de todos, empezando -obviamente- por quienes tienen bajo su
responsabilidad los organismos del control público, los cuales deben
asumir con toda valentía y rigor, la gerencia de esa batalla que muy
seguramente será cruenta, pero que no podemos ni debemos evadirla.
No tenemos ninguna duda de que el pueblo organizado es mucho lo que
puede aportar para garantizar el triunfo en esa contienda, pero sólo y
sin el apoyo decidido de las instituciones de control y
jurisdiccionales, sus esfuerzos serán en vano.
La lucha
anticorrupción ágil, oportuna y efectiva es una prioridad si queremos
preservar la estabilidad del gobierno Bolivariano, pues su enemigo mayor
utiliza los casos denunciados, así como otros muchos para
desprestigiarlo y, sobre todo la mentira descarada y repetida mil
veces, sin descansar un minuto y a través del inmenso poder mediático
que tiene a lo interno del país e internacionalmente, básica y
fundamentalmente, hacia el objetivo de horadarlo y desacreditarlo.
oliverr@cantv.net
