Una condición primordial

Y siguiendo con la solicitud de hacerse una revisión, rectificación y reimpulso, he aquí el siguiente punto de vista. El mayor problema que confronta un gobierno es la corrupción interna, por lo que su combate ha sido la promesa permanente de todos los primeros mandatarios en sus discursos de toma de posesión del cargo, y otras veces más, y siempre esto provoca sonoros aplausos entre los presentes a la reunión. Sin embargo, como el pueblo de Venezuela está habituado a oír este mismo compromiso desde la época de la primera presidencia del general José Antonio Páez, al oír que “mi gobierno se empeñará a luchar contra el flagelo de la corrupción”, aquel razona de la manera siguiente: -Si, eso de atacar en profundidad la corrupción es muy ostentoso, pero seguro que dentro de unos minutos muere esas intenciones, pues ya es conocido que tal declaración es un simple decir, que son palabras que salen de manera automática de la boca del nuevo presidente; ¡ya verán ustedes que nunca se hará nada por tratar de vencer a este terrible mal que hiere profundamente y desde hace tiempo al país! En verdad que disminuir o neutralizar la corrupción es fundamental para tener una patria digna y prospera, y que cada gobierno debiera velar, de verdad, verdad, por la honestidad de los funcionarios públicos, porque el celo por impedir la corrupción en el funcionario público debiera ser una norma y no un impulso esporádico contra alguien en particular, no, en este delito no debe haber contemplación alguna con la persona que infrinja las leyes. Sería algo grandioso que para el año 2.021, bicentenario de la Batalla de Carabobo, impere en el país la decencia y no la infame bellaquería.

El criterio que puede todavía existir en pueblo de que es mentira que este gobierno revolucionario combatirá con denuedo la corrupción dentro de si, tiene que variar, pues hay quienes creen que ahora si llegó hora de combatir de verdad la corrupción y que por fin se creará un organismo oficial dotado de amplias facultades de acción e integrado por personas de reconocida probidad y dispuestas a prestar su mayor esfuerzo para combatir de forma inclemente la corrupción administrativa de los funcionarios públicos, tanto en el ámbito nacional, regional y local, y que se use como la herramienta más idónea el hacer un seguimiento exhaustivo de las transacciones económicas de todos los funcionarios, desde la misma incorporación de cada uno al cargo público, para así determinar si algunos de ellos cambian sus hábitos de vida sin ser éste cónsono con las entradas económicas que lícitamente puede cada funcionario y su entorno familiar obtener. La acusación formal de un delito de corrupción deberá basarse en pruebas contundentes sobre cualquier apropiación indebida de bienes del Estado o provenientes de avenencias deshonestas con personeros del sector privado y así el expediente contener los documentos sobre las adquisiciones de bienes hechos directamente o por interpuestas personas, y entonces, con pruebas bien fundamentadas, abrir un proceso judicial que termine en una ejemplar sanción moral, pecuniaria y/o penal.

Lo más apreciable de un ente similar al arriba señalado es que éste actuaría de un modo persuasivo en las conciencias de muchos servidores del Estado, evitándose con ello se dé el caso que en algún momento los funcionarios que se consideren honestos a carta cabal terminen por caer en las muchas y sustanciosas provocaciones que se encuentren en el camino que les toque emprender en el cumplimiento de sus funciones. Todavía hoy, después de haber transcurrido 11 años de gobierno revolucionario y después de que el partido de gobierno recientemente perdiera unas cuantas curules en la Asamblea Nacional, es hora que este mismo gobierno revolucionario resuelva enfrentar el espíritu maligno y contagioso de la corrupción administrativa; que desde hace tiempo azota a Venezuela. En verdad, hay ponerle un freno a la corrupción administrativa, y ésto ya se discutió ampliamente en la reunión de alto nivel, “El nuevo mapa estratégico”, reunión que se realizó en Caracas el 12 y 13 de noviembre de 2.004. Nunca se podrá justificar el no poner en vigencia el plan de acción aprobado hace casi 6 años, ya que si no, la corrupción seguirá quebrantando los principios éticos de muchos venezolanos. La creación de una Oficina Nacional Contra el Dolo del Empleado Público sería la obra culminante de la revolución bolivariana.

joseameliach@hotmail.com


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José M. Ameliach N.


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