La Corte Suprema extiende la congelación del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones.
16 de mayo de 2025.La administración Trump no podrá deportar a un grupo de detenidos venezolanos acusados de pertenecer a una pandilla violenta bajo una ley de guerra poco utilizada mientras el asunto se litiga en los tribunales, declaró la Corte Suprema el viernes. Los jueces devolvieron el caso a un tribunal federal de apelaciones, ordenándole que examine las alegaciones de los migrantes de que no podían ser deportados legalmente bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, la centenaria ley de guerra invocada por la administración Trump, intormó Los Tiempos de Nueva York.
Los jueces indicaron que el tribunal de apelaciones también debería examinar qué tipo de notificación debe proporcionar el gobierno para que los migrantes tengan la oportunidad de impugnar sus deportaciones.
El tribunal declaró que su orden permanecería vigente hasta que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos emitiera su fallo y la Corte Suprema considerara cualquier apelación contra dicho fallo.
El juez Samuel A. Alito Jr. presentó su opinión discrepante, a la que se sumó el juez Clarence Thomas.
El fallo supone un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump por aplicar la ley de tiempos de guerra para llevar a cabo deportaciones rápidas y generalizadas de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una pandilla violenta.
También sugiere que la mayoría de los jueces podrían dudar de si el gobierno ha brindado a los migrantes suficientes garantías procesales antes de ser deportados, posiblemente a una prisión para terroristas en El Salvador.
El gobierno de Trump ha intentado utilizar la ley como herramienta en su iniciativa emblemática para acelerar la deportación de millones de migrantes, lo que ha provocado un enfrentamiento con un poder judicial escéptico.
La Corte Suprema ya se pronunció sobre el tema en una ocasión, acordando a principios de abril permitir temporalmente que el gobierno procediera con la aplicación de la ley, siempre que diera a los migrantes afectados la oportunidad de impugnar sus deportaciones ante los tribunales.
A medida que se presentaban estas impugnaciones, varios jueces de tribunales inferiores concluyeron que el gobierno se extralimitó en el alcance de la ley, que solo puede invocarse cuando Estados Unidos ha sido objeto de una "invasión" o una "incursión depredadora", y bloquearon la deportación de grupos de venezolanos.