12 de febrero de 2014.- El jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía y ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, informó que desarrollan un operativo especial en los puertos para sacar mercancía que tiene más de 30 días y que puede ser catalogada como en abandono legal.

Esta carga puede "ser adjudicada a los ministerios de las áreas competentes para que sea utilizada para beneficio del pueblo. En eso estamos trabajando".

El también vicepresidente para el Área Territorial puntualizó que el Órgano Superior, instancia creada en septiembre pasado para enfrentar la guerra económica, colabora con el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) en el control posterior de las empresas a las que les aprueban divisas para importaciones, de manera de verificar que traen al país los artículos que anunciaron y al monto correcto.

De este modo, han podido detectar hechos irregulares como mercancías nacionalizadas, esenciales para la población, pero que tienen hasta 40 días abandonadas en los puertos.

"Eso lo hacen para jugar con la perversión de la oferta y la demanda, que nosotros conocimos en profundidad con la ofensiva a partir de septiembre del año pasado. Y no queremos que pase en el sector portuario", expresó este martes en una reunión entre el Ejecutivo Nacional y gobernadores y alcaldes para analizar la Ley de Precios Justos.

Este sábado, en una inspección al Puerto de La Guaira, las autoridades detectaron productos agrícolas adquiridos con divisas otorgadas por el Estado al tipo de cambio oficial pero que registraron un sobreprecio de más de 400%.

Tras la identificación del ilícito, los artículos serían entregados al Ministerio para la Agricultura y Tierras, "para que sean vendidos a precio justo al productor venezolano", dijo García Plaza entonces.

En el operativo se encontraron 185 contenedores con artículos de primera necesidad con más de 40 días en almacenes, lo que para el ministro da cuenta de un presunto boicot.

La semana pasada, los ministerios para Economía, para Finanzas y Banca Pública y para Industrias publicaron una resolución con el objetivo de simplificar la nacionalización de las mercancías que ingresan al país y agilizar los trámites administrativos para el otorgamiento de registros, licencias y demás requisitos establecidos en el Arancel de Aduanas.

García Plaza explicó que de este modo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) podrá ahora exigir solo los códigos arancelarios necesarios para las nacionalizaciones, suprimiendo otros documentos que normalmente formaban más burocracia, de manera de dar una respuesta en no más de cinco días. Así, aspiran a bajar a menos de 10 días la permanencia de carga en los puertos que, indicó, ya habían reducido de 25 a 14 días tras la activación del Órgano Superior.

Control de importaciones

El ministro explicó que el Estado Mayor de Abastecimiento -instancia dirigida por el vicepresidente Jorge Arreaza y que atenderá el abastecimiento, las importaciones y la producción nacional- permite mantener una relación y flujo directo de información entre el Órgano Superior, la nueva Superintendencia de Precios Justos, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los gobernadores y alcaldes.

Apuntó que el Órgano Superior visualiza todo el proceso logístico, desde que se compra la mercancía en el exterior hasta que llega a los puertos, se distribuye y se comercializa. Si detecta una alerta, la transmite al Cencoex, mientras que las denuncias que recibe del pueblo, vía telefónica o Twitter, las remite a la Superintendencia para que defina sus planes de inspecciones.

"El vicepresidente ejecutivo, por instrucciones del Presidente, ordenó que los ministros se involucren en la selección de objetivos para recomendar de manera acertada a la superintendente", agregó García Plaza. "Hay áreas que necesitan apoyo técnico del ministerio competente, y eso es lo que se está haciendo".

La Superintendencia de Precios Justos nació con la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el pasado 23 de enero, con el objetivo de enfrentar la especulación, la usura y el acaparamiento de la guerra económica de la derecha y promover un desarrollo armónico de la economía.