30 de enero de 2010.-En carta abierta dirigida al Presidente de la República, al Vicepresidente y a Conatel, los trabajadores y trabajadoras de Promociones Telemaracay, C.A. (T.V.S.) soliictan les sea otorgada la concesión para operar dicha televisora.
Relatan en su misiva que "TVS se ha caracterizado en estos 15 años por tener una línea editorial equilibrada e imparcial, es así como a lo largo de los años hemos dado cobertura a hechos importantes tanto de la región Aragüeña como del País, un ejemplo de esto se refiere a los hechos del 11.12 y 13 de Abril que fueron cubiertos por nuestros periodistas cuando en los medios de comunicación había un silencio en lo que respecta al secuestro del nuestro Comandante Hugo Chávez Frías.
Es así como TVS llevó a todos los hogares la voz del pueblo que rechazaba contundentemente las acciones efectuadas por la oposición que por un momento quebrantaron la estabilidad de nuestro país. Caracterizándonos así por ser un medio veraz y protagonista en el ámbito Nacional".
Más adelante explican los trabajad@res de TVS lo acontecido en esa planta televisiva: "el 08 de junio de 2009, el tribunal del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua a través del Juez Samil López Correa, ejecutó una medida cautelar en contra de los socios mayoritarios de la referida empresa, (Grupo Sindoni), con un grupo de mas cincuenta funcionarios de la guardia nacional, Policía de Aragua y Disip, acción que nos parece desproporcionada, ya que en nuestra planta televisora laboramos 120 trabajadores, todos honestos y sin deudas con la justicia".
"El mismo día de los hechos queda nombrada una junta Ad Hoc administrativa, conformada por los ciudadanos José Luis Santoro y Moisés Rendón Oropeza, como Directores de Administración y Operaciones respectivamente. Al día siguiente de la medida cautelar, el Dr. Moisés Rendón, convocó una reunión con los trabajadores de TVS, en la cual nos informaban que el conflicto es de socios-accionistas, y que se le garantizaba la estabilidad socio-económica y laboral a los trabajadores, palabras que quedan en entredicho debido a que han venido incumpliendo con el pago de las quincenas, las utilidades, guarderías, anticipo de prestaciones, cesta ticket alimentación, vacaciones, juguetes para los hijos de los trabajadores; todo esto estipulado en nuestra contratación colectiva , violándose en todas sus cláusulas; mucho menos la cobertura de los gastos operativos de la planta televisiva".
Relatan que "hemos notado en diferentes oportunidades, que estos personajes se han dado a la tarea de dictar órdenes no productivas para la empresa y hasta para nuestra integridad como activistas sindicales. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en fecha 13 de noviembre: donde un representante legal del grupo Santoro, llamado Reinaldo Carballo, solicitó una reunión extraordinaria con la junta directiva del Sindicato, manifestando que no tenían recursos económicos para la cancelación de la primera quincena de noviembre y las utilidades, exhortándonos a que estábamos en el derecho de protestar quemando cauchos, tumbando la señal abierta de TVS, incitándonos a que nos metiéramos con el espectro radioeléctrico, que lo hiciéramos con toda confianza, que la policía del estado y la DISIP no se iban a meter con nosotros. Llamó a unas personas vía telefónica y colocó el altavoz para que escucháramos la conversación, se nos presenta una nueva interrogante: Quien apoya estas ordenes o acciones? Cual era el objetivo de que tumbáramos la señal? Será que piensan que no conocemos la ley de Telecomunicaciones?...Una vez finalizada la reunión, todo esto nos asombró y nos parecía extraño que nos hicieran esa clase de planteamiento; estamos conscientes de lo delicado de operar una concesión, pues tenemos una responsabilidad con el estado y los usuarios, sabemos que una violación de tal magnitud, nos costaría la privativa de libertad".
"Otro ejemplo de lo arriba mencionado, es que durante esta nueva gestión administrativa, se han desaparecido equipos de trabajo, computadoras, dinero y documentos de la empresa, y ante nuestra insistencia como sindicato no fue llamado el CICPC, teniendo que hacerlo nosotros por cuenta propia al realizarse la desaparición de una cámara y una VTR player de mini-DVD, siendo encontrada por un representante de la directiva del sindicato en el cielo raso de los baños de las damas del segundo piso, es así como el CICPC viene a la empresa y hace las experticias correspondientes y hasta los momentos no hemos recibido respuesta a las investigaciones.
Luego de los hechos acontecidos convocamos a una asamblea extraordinaria, en la cual le manifestamos a todos los trabajadores, lo que nos había planteado el representante legal del Grupo Santoro: Reinaldo Carballo, y donde tomamos la decisión de resguardar nuestra planta televisiva desde el viernes 13 de noviembre hasta la actualidad, cumpliendo con la programación y pautas publicitarias, y manteniendo la señal al aire, vale acotar lo que queda de ella, ya que ellos mismos se han encargado de debilitar la pantalla ya que desde su entrada al canal no existe nueva programación.
En fecha 16 de noviembre, nos convocaron a una reunión con el apoderado del 40% de los accionistas de la empresa, Abogado Daniel Morales Santoro, un intermediario llamado Ramón Rengifo(conocido político activista opositor), la junta directiva del sindicato y nuestro representante legal, firmándose un acta en la cual se comprometían a pagar el 100% de todas las obligaciones estipuladas en la contratación colectiva, lo que para ese momento no se cumplió.
En ese momento tuvimos la necesidad de salir a las calles de la ciudad de Maracay, informando al colectivo sobre nuestra situación laboral, la cual se encontraba afectada, y solicitamos el apoyo a los aragüeños, con colectas de dinero para poder sufragar los gastos operativos de nuestro trabajo, ya que no contábamos con la presencia de los gerentes de cada departamento para la operatividad del canal.
También tenemos conocimiento del informe y conclusiones de la investigación sobre la presunta extorsión contra el Grupo SINDONI emitido por la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, fechado 19 de Enero del 2010, dirigido a la Magistrada Iris Peña, Presidenta de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que entre sus conclusiones señala textualmente:”…puede verificar la perpetración de los delitos de extorsión, corrupción y delitos contra la administración de justicia, todos provenientes de un presunto procesal y terrorismo ejercido por particulares, mediante tráfico de influencias, en contra de las personas jurídicas y cuerpo accionarios involucradas en tales procesos, tanto civiles como penales” y “se exhorta a los órganos jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela, a quien corresponda declarar las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias derivadas como consecuencia de las presuntas irregularidades verificadas en la presente investigación, evacuar los contenidos del presente informe y las pruebas aquí recopiladas…”. Dejando claro dicho informe que las investigaciones realizadas por la Asamblea Nacional, presuntamente demuestran que las acciones judiciales realizadas contra el Grupo SINDONI son ilegales.
Actualmente, nos sorprende que justo en este momento, después de 4 años de fallecido el Sr. FILIPPO SINDONI, sea declarada la extinción por decaimiento del acto administrativo contenido en el oficio Nro. 005607 de fecha 29 de Diciembre de 1999, recientemente publicada en Gaceta Oficial de la República, el pasado 21 de Enero; decisión ajustada a derecho pero que se produce en el marco de la disputa legal que mantienen ambas partes en litigio, a saber, GRUPO SINDONI y GRUPO SANTORO-RENDON.
Asumimos que dicha decisión es ajustada a derecho y permite actualizar la condición jurídica de la concesión del espectro radioeléctrico asignada a TVS.
Es por ello, que ante las dificultades presentadas por el litigio legal, la zozobra y el estado de indefensión a que han sometido estos grupos tanto a nosotros, en nuestra condición de trabajadores, como al pueblo aragüeño, es que solicitamos como Sindicato Bolivariano y Revolucionario, que a la hora de tomar la decisión en lo que respecta a dicha concesión del espectro radioeléctrico, seamos tomados en cuenta los trabajadores como activistas de esta planta Televisiva, ya que por dos meses y medio la mantuvimos cumpliendo con las normas y el sentir del Pueblo Aragüeño y de quien disfruta de la señal de TVS “EL SUPER CANAL DEL CENTRO” ya que consideramos como sindicalistas y trabajadores de un medio de comunicación, hemos marcado un precedente en la historia de los medios de comunicación en Venezuela, dando un ejemplo a seguir".
Esta comunicación es firmada por la Junta Directiva del Sindicato Unico de Trabajadores y Trabajadoras al servicio de Promociones Telemaracay, C.A., entre ellos figuran: Homero Rangel, Carlos Reyes, Carlos Aéz, Franklin Mieres, Thaelis Acacio, Giovanni Serago.
