México, 16 feb (PL) La polémica nacional sobre la eventual privatización parcial o total del sector energético mexicano se recrudeció tras los planteamientos oficiales que sitúan hoy en el panorama nacional esa posibilidad como un hecho casi cierto.
El debate se hizo más fuerte después que el propio presidente de la República, Felipe Calderón, y la Secretaria de Energía, Georgina Kessel, admitieran la participación de la empresa privada en la exploración y explotación del crudo como una opción real.
Esa variante está prohibida por la Constitución Nacional después que, en 1938, el general Lázaro Cárdenas llevara a cabo la nacionalización del petróleo en este país.
Sobre todo el anuncio de Kessel, en el sentido de que es posible en 2010 tener a empresas estadounidenses extrayendo crudo de los pozos mexicanos constituyó una especie de detonante de las reacciones contrarias a tal situación.
La oposición consideró que acuerdos de ese tipo constituirían una violación de la Carta Magna que, en su artículo 27, es drástica en la prohibición de cualquier cesión del crudo al extranjero.
Paralelamente, los trabajadores del sector eléctrico consideran que, entre los planes del Ejecutivo, se encuentra entregar también a la iniciativa privada el control de dicha industria.
La más radical respuesta en el plazo inmediato surgió, sin embargo, del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado por los legisladores de tres de los partidos opositores acompañados por organizaciones populares.
El FAP anunció que impedirá el funcionamiento de la sesión parlamentaria que vaya a discutir tal proyecto y definió la huelga legislativa defendida por él como la irrupción en el Congreso de legisladores y población para hacer imposible su aprobación.
Todo eso, unido a los llamamientos a nuevas movilizaciones de calle a partir de este mismo mes, parecen comprobar que el movimiento antiprivatizador acelerará sus actividades a partir de la segunda quincena de este febrero.
