Desde octubre del año pasado se han venido dando procesos de luchas sociales en Güiria por la defensa del Puerto Pesquero Internacional, del derecho al trabajo y a la forma de vida de los pescadores. Todo ello ha sido apoyado por los diferentes grupos ecológicos que han venido anunciando el riesgo de un posible daño al ecosistema de la zona, lo cual se vio confirmado el 29 de junio con un derrame petrolero en las costas parianas que llego a cubrir 61 kilómetros de largo y 33 millas náuticas mar adentro.

Nuestra intención es recordar las tensas situaciones que se presentaron en el estado Sucre cuando los pescadores, las comunidades y los diferentes sectores sociales de la población de Güiria, realizaron una lucha por el recate de su puerto. Tal acción desembocó en la toma de las instalaciones del mismo y la realización de una asamblea popular, en la que se nombró una junta transitoria elegida por las bases populares.

Inicio del conflicto

El 6 de octubre del año 2006, la empresa Administradora Portuaria Paria paralizó de manera arbitraria las operaciones de la planta de hielo del Puerto Internacional de Güiria, la cual surtía a la flota pesquera artesanal. Los pescadores se quedaron sin materia prima para poder ejercer su labor, interrumpiendo la principal actividad económica de esta población.

Duarte y Asociados, propietarios de la empresa, administran el puerto desde el año 1997, cuando el Gobernador Ramón Martínez cedió la concesión a los mismos, bajo el nombre de Administradora Portuaria Paria (APPA). En ese momento el Ejecutivo no contaba con la capacidad técnica, ni los recursos financieros necesarios para manejar un negocio de tal magnitud. La Gobernación de Sucre y el Instituto Nacional de Canalizaciones se constituyeron en ese entonces como Compañía Anónima Puerto Pesquero Internacional de Güiria (CAPIG) para tener cierto control y, sobretodo, acciones en el Puerto. La APPA era una empresa sin mucha experiencia en puertos y desde un inicio comenzó a aplicar tarifas arbitrarias y restricciones al recinto portuario de los usuarios y pescadores. Desde ese momento se comenzó a notar el deterioro de los servicios y de las instalaciones portuarias, además de una agresiva política de rechazo a las operaciones de los pescadores artesanales, provenientes no sólo de Güiria, sino de El Morro, Carúpano, Macanao y otras poblaciones, quienes poco a poco fueron marginados de las instalaciones portuarias para dejar el camino libre a las operadoras petroleras.

La aptitud de la empresa que aun administra el Puerto, provocó en octubre del 2006, la movilización de toda la población de Güiria, entre los cuales se encontraban pescadores, bicicleteros, caveros, comerciantes y familias afectadas. Las movilizaciones y protestas fueron continuas y pacíficas, por la vulneración del derecho al trabajo y a un ambiente sano, violentado por las autoridades de la administradora del Puerto y la gobernación del estado Sucre.

Ante esta situación, al Gobernador del Estado Ramón Martínez sólo se le ocurrió dar una respuesta política-partidista que pretendió, sin éxito, callar el clamor del pueblo. Para ello, reestructuró la directiva de CAPPIG con dirigentes municipales de los partidos políticos que le apoyaban y anunció en la prensa regional que la mitad de las ganancias del Puerto serían reinvertidas en Güiria. Sin embargo, esta nueva directiva se planteó un negocio más rentable que administración del puerto: la construcción de una planta de procesamiento de lodos de perforación, como parte de los "servicios" necesarios para la operatividad de las empresas petroleras en el Golfo de Paria. Recordemos que en la misma población está en proceso de construcción el Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho para la explotación gasífera y petrolera, uno de los más grandes del mundo según fuentes gubernamentales. Una planta de este tipo, produciría sustancias altamente tóxicas y de manejo peligroso, debido a que los elementos manipulados como mercurio, plomo y arsénico afectarían gravemente el sistema nervioso y respiratorio del ser humano si ocurriese un mal manejo de los lodos. Ya ocurrió un derrame, así que no sería descabellado pensar en los posibles accidentes en unas instalaciones de este tipo, y en las mismas aguas donde se captura el pescado para el consumo local y la venta al resto del país.

Los pescadores artesanales y los otros sectores movilizados propusieron en aquel momento la idea de de convertir al Puerto Internacional en un Núcleo de Desarrollo Endógeno, bajo la rectoría de lo que era el MINEP. Para tal acción, era necesario que el ejecutivo nacional realizara el traspaso total, participativo y protagónico al pueblo de Guiria de su puerto pesquero. Y seguimos a la espera.

Es sumamente fundamental no olvidar que la respuesta de la Gobernación de Sucre cuando el pueblo se movilizó, fue de una represión brutal y a mansalva, donde varios pescadores salieron heridos de gravedad. Entre ellos, uno perdió un ojo y otro recibió dos impactos de bala en el abdomen por la acción de la represión policial. Sin embargo, lejos de amedrentar a los pescadores y a los pobladores de Güiria, nacieron nuevos ímpetus para defender lo que era de ellos y entrelazaron nuevamente sus botes artesanales para cerrar el puerto. Mientras, en las calles de de Güiria, la población era reprimida por la policía del estado Sucre y la Armada (ver vídeos de policías disparando a los pescadores, desde botes artillados de la armada venezolana, http://es.youtube.com/watch?v=5aMH0p47uN8).

La Junta Soberana Popular Transitoria

El intenso conflicto del puerto desembocó finalmente en una asamblea popular el 2 de noviembre de 2006. Allí se llegó a un acuerdo firmado por los líderes de la huelga, representantes del Ministerio de la Economía Popular, PDVSA, el Alcalde del municipio Valdez y concejales del municipio, entre otros actores. El principal objetivo del acuerdo fue "la búsqueda de una propuesta armónica entre la actividad pesquera, portuaria y petrolera para beneficio del pueblo de Valdez y pariano en general que permita garantizar la soberanía alimentaria, energética, la seguridad laboral y social". Se conformó una Junta Administradora Popular, Soberana Transitoria para gestionar el puerto hasta que se estableciera un ente rector por el ejecutivo, además de los compromisos para la indemnización de los daños materiales y humanos durante la huelga, la denuncia ante la Fiscalía Nacional de República de la violación de los derechos humanos en las dos agresiones cometidas y el compromiso de PDVSA y el Minep de elaborar un estudio de factibilidad preliminar de la puesta en marcha de un Núcleo de Desarrollo Endógeno. Hasta el momento muchos de los puntos no se han cumplido, sobre todo lo que respecta la indemnización a los pescadores y una respuesta de los entes gubernamentales, como la misma PDVSA, por las denuncias de violación de derechos humanos. Recientemente la organización de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz atendió los casos de abuso policial, propiciando acciones legales para que los hechos que no queden impunes ante la ley y atendiendo las necesidades médicas y formativas de los afectados. Otros procesos llevan un lento transcurso, como la posible nacionalización del Puerto.

La Junta Popular designada, conformada por los líderes de la huelga, intentó gestionar el puerto, pero las intenciones de deslegitimación y descrédito de los intereses opuestos y la indiferencia de los entes gubernamentales dificultaron el proceso. En este lapso se llevaron a cabo varias mesas de negociación con funcionarios de PVDSA para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Por parte de PDVSA las excusas se multiplicaron, alegando que ellos no propiciaron el conflicto y que más bien estaban intentando colaborar sin tener responsabilidad alguna de la situación ocurrida. Tal actitud no develó el contexto conflictivo que han creado desde el inicio del proyecto gasífero Complejo Industrial Gasífero Gran Mariscal de Ayacucho, ni la pasividad ante la invasión de implementos, maquinarias y materiales de las empresas petroleras en el puerto pesquero o el silencio cómplice ante las acciones inconstitucionales de la gobernación del estado, como ha sido la privatización del puerto y las agresiones a los pescadores.

Güiria es nuevamente noticia: el derrame.

El 29 de junio de este año se produjo un derrame de petróleo que alcanzó las costas y las playas del Golfo de Paria, materializando uno de los temores más grandes de los pescadores, grupos ecologistas y la población en general. La mancha de crudo llego a cubrir varias millas, impidiendo el desarrollo de la pesca artesanal por varios días, en buena parte por los daños a los aparejos e implementos de pesca.

Si bien es cierto que este derrame de petróleo fue controlado por las cuadrillas ambientalistas y las brigadas de emergencia de PDVSA, también existe un gran temor que el crudo haya descendido al lecho marino por los químicos usados para la limpieza, ocasionando la muerte de de la vegetación acuática y afectando así el ecosistema de la zona, compuesto por más de 200 especies de moluscos, 50 especies de crustáceos y al menos 400 especies de peces hacen vida en el golfo de Paria y el delta del Orinoco.

Aun no se sabe con certeza de donde vino el derrame petrolero. Lo que si deja claro el derrame es que la preocupación de los habitantes de Güiria es real, que existe un riesgo inminente de un derrame de crudo que puede producir un ecocidio en un futuro cercano y afecte una de las fuentes de proteína animal más importante del país. Este riesgo se agrava más con el desarrollo del Complejo Gasífero Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA) y las concesiones que se le vienen dando a las empresas transnacionales. Los riesgos están allí, hasta el punto que en Güiria se estaba planificando la construcción del hospital para atención de quemaduras más grande de la América Latina, previendo cualquier accidente que se pueda presentar en las zonas de explotación de gas y petróleo.

Lo cierto es que, hasta ahora podemos afirmar que el valor primordial del Puerto Pesquero Internacional de Güiria se debe guiar hacia la actividad pesquera. En la zona se puede generar una actividad económica y generadora de recursos para el país como lo es el turismo recreativo sustentable, el de aventura y el ecoturismo. Así mismo, la zona es históricamente cacaotera y genera otros rubros agrícolas que pueden fortalecer la economía local y nacional.

Sabemos que el proyecto (CIGMA) es uno de los proyectos pilotos para el desarrollo del país, pero creemos y sostenemos que su implementación debe ser participativa tomando en cuenta las necesidades y propuestas de los pescadores, la población y los grupos ambientalistas que hacen vida en la zona y las comunidades de Sucre, de manera que el Complejo afecte lo menos posible la vida de la región. Así mismo, las labores de seguimiento, supervisión y control de los posible daños que pueda sufrir el ecosistema y la ecología de la región no debe estar sólo en manos de las empresas, pues deben realizarse conjuntamente con los pescadores y las comunidades, ya que de su frágil ecosistema depende el modo de vida del área.

Ya las comunidades enfrentaron y vencieron una vez a los burócratas y a las empresas privadas. Para que tenga paz y sea posible la convivencia en la zona, las comunidades deben ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones. El slogan dice "AHORA PDVSA ES DE TODOS". Hagámoslo realidad.