Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia, en un acto que podría ser catalogado de inmoral en la actualidad, sentenció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Sin dudas, la sanción de ese cuestionado instrumento jurídico y su ratificación por la alta instancia jurisdiccional es contraria a valores éticos esenciales para la vida del Estado moderno y, más que eso, obstaculiza las posibilidades de desarrollo humano de los venezolanos.
Posiblemente hubiese sido la decisión moralmente más adecuada en el medioevo cuando los fueros de las cofradías, los gremios y las comunidades eran la garantía para asegurar la supervivencia y el normal desenvolvimiento de sus miembros frente a poderes omnímodos sustentados en el ejercicio de la fuerza pura. Pero en la actualidad ese fallo implica dotar de un poder arbitrario y no consentido socialmente a una parcialidad para el ejercicio de una facultad – la de comunicarse - que es común en el genero humano e, incluso en el mundo animal. Obviamente, el ejercicio de esa facultad para la difusión pública de la información es un oficio que depende de la habilidad y destreza para usar el lenguaje de quien lo escoge como ocupación. Pero estas son cualidades que se adquieren más con la experiencia que con el aprendizaje sistemático. Mucha más gracia y eficacia tenían los antiguos juglares con sus mensajes versificados y musicalizados que los actuales gacetilleros cuyo pésimo lenguaje corrompe el habla común generando una torre de Babel.
Sin dudas no es una ley para proteger la integridad de personas y colectividades frente a aventureros inescrupulosos con potencial de causar daños físicos con su acción. Como la que corresponde al ejercicio de la medicina y oficios afines. Por el contrario, ella le da, al suministrarle a este gremio el monopolio de la transmisión de la información pública, la capacidad de cuasar daños morales – como en efecto ocasionan – irreparables a individuos y a las asociaciones que conforman, incluyendo a las comunidades históricas políticamente organizadas, sin posibilidades reales de defensa. Del ejercicio de este poder hoy en día – como se verifica en la cotidianidad – depende más la condición de paz o de guerra entre y dentro de los pueblos, que de la actuación de los poderes legítimamente aceptados. Más bien estos aparecen como víctimas de las presiones que abusivamente ejercen quienes ostentan estas prebendas injustificadas en la sociedad democrática.
He ubicado esta crítica en el terreno metafísico de la moral, y no en el campo del conocimiento científico, por que justamente es mi deseo escandalizar sobre el tema. Los juicios morales hechos públicos consternan la vida cotidiana de los pueblos y levantan las pasiones. Algo que no logran los diagnósticos y pronósticos realizados dentro del marco conceptual de la teoría validada experimentalmente o ex post facto, con el escepticismo racional que la acompaña. El juicio moral es absoluto, aun cuando quien lo emite acepte la relatividad de los valores éticos. Su íntima convicción sobre lo bueno o lo malo, cualquiera que sea su visión sobre la naturaleza absoluta o relativa de las convenciones morales, convierte en certezas lo que son meras opiniones. Y en este caso, aspiro convertir en una verdad incontrovertible mi afirmación sobre el carácter maligno de la legalización del poder discrecional de un gremio en perjuicio directo de la integridad de las personas y las asociaciones que conforman. Una conclusión a la cual hubiese podido arribar dentro de la lógica inductiva de las ciencias, pero que carecería de la suficiente fuerza dada la duda académica que se expresa hoy en día en el carácter probabilístico de los conocimientos. Dentro de ese marco, habría la posibilidad de que ese aserto fuese válido, pero existiría también una probabilidad de que el acto tuviese otras respuestas que podrían ser hasta contradictorias con la proposición formulada.
No me estoy colocando en el papel de estúpido que Bertrand Russell le adjudicó a quienes se presentan como infalibles cuando dijo que “el problema del mundo es que los estúpidos hablan con gran seguridad mientras los inteligentes siempre lo hacen llenos de dudas”. Pero creo que actuando como torpe puedo llamarle la atención incluso a gente del oficio que con la promulgación de la ley se someten a una restricción adicional a la que ejercen los propietarios de medios, para colocar también sus conductas bajo la acción disciplinaria de quienes controlen el colegio con intenciones siempre políticas. Perderán las posibilidades del desarrollo pleno de sus potencialidades, ya de sí limitadas por empresas informativas cartelizadas en el Bloque de Prensa, que buscan autómatas que respondan a sus intereses y no talentos que persigan su plena realización. Indiscutiblemente quienes han escogido esta actividad como ocupación, y se han visto obligados a obtener un título que nada dice de sus verdaderas aptitudes y vocación, tienen el comportamiento “normal” – en el sentido estadístico del término – de todos los grupos humanos. En los extremos hay dos pequeñas minorías, muy activas, que representan los mediocres, que desean figuración por el control del poder y los excepcionales que la tienen por sus dotes personales extraordinarios, que ignoran o luchan contra los primeros. Pero en el medio se encuentra la gran mayoría, con intereses personales muy variados, y por consiguiente competitivos entre sí, para los cuales la actividad es simplemente un modo de vida. Ello no implica que no tengan aspiraciones de excelencia en su desarrollo profesional, pero ellas son intercambiables por la satisfacción de otros intereses que también le son caros. Sin embargo para estos y los excepcionales, y para la sociedad en general, esta decisión debe resultar inmoral, pues en la práctica le adjudica un poder a quienes se convertirán en una burocracia gremial que será limitante para su propia autorrealización.
