Por fin. Después de enarbolar durante casi tres años el discurso de la negación; después de empeñarse en destruir la gestión de Gobierno mediante todo tipo infamias, conspiraciones financieras, campañas mediáticas y erráticas predicciones, los genios económicos de la CD se lanzan al ruedo y se atreven a firmar un documento que, se supone, presenta al país sus propuestas de gobierno en caso de llegar al poder.
Bienvenido. Ya iba siendo hora de que los venezolanos conociéramos que pretenden o qué buscan, qué piensan o qué prefiguran para el país esta pléyade de aspirantes a Gobernantes, Ministros y funcionarios, que a diario llena las pantallas y el papel de la prensa opositora, con su cansina e incansable capacidad para descalificar sin proponer.
Sin embargo, y he aquí el drama, el documento que se esperaba contuviese una masa compacta de sesudas propuestas, el camino alternativo, la luz al final del túnel, no pasa de ser una colcha de retazos viejos, un destartalado documento de segunda, muy mal pensado y peor escrito, que no soporta el más mínimo análisis.
Tras leerlo, queda en evidencia la falta de propuestas concretas, la piratería conceptual, la desconexión con la realidad del país, y el intento de contrabandear -en medio de la retórica- algunos propósitos y exigencias de muy sajón y concreto origen. Este es el pingüe resultado de un grupete que se ha vendido como el dream team de la intelectualidad económica y sobre la cual se articula el discurso mediático de la oposición.
A partir de éste artículo, y en sucesivas entregas, iremos mostrando las inocultables costuras de un discurso vacío, por fin desnudo y documentado, a la vista de todos y de todas.
El Gobierno Corporativo ataca de nuevo
El significado del término “consenso” en el plan de la oposición parece residir en una vuelta al gobierno corporativo, tan de moda en los neoliberales años 80. Se trata de un consenso que nace del reconocimiento apriorístico de la representatividad de las viejas cúpulas. El eje central propuesto es la reinstalación del gobierno tripartito de los cogollos Fedecámaras-CTV-Gobierno. Bajo ese esquema, organismos de escasa representación, minorías con intereses muy particulares que se abrogan la representación de las mayorías en las negociaciones con el Gobierno, recuperan el rol perdido. No se olvide que la CTV agrupa a menos de 15% de la masa laboral activa y que nunca como ahora Fedecámaras fue, tal como dijo uno de sus fundadores, la asamblea de los capataces que los dueños de las empresas mandan a hacer política.
Con el Plan Consenso País resucita el esquema calderista mediante el cual se negoció la transición al nuevo régimen de prestaciones sociales. Revive el mismo esquema que en su brevísimo reinado, intentó adoptar Carmona en abril de 2002, llenando el Salón Ayacucho de Miraflores de la “sociedad civil de sus afectos y negocios”.
Expertos en generalidades
En general, el plan carece de precisiones en materia de política económica. Ni siquiera se trata de un catálogo de buenas intenciones. Se trata de un guacal de lugares comunes en el que van juntos cosas como por ejemplo, “ampliar la base y eliminar distorsiones” (política tributaria) o, “fortalecer la autonomía del BCV” (política monetaria). Ahí, en frases que en sí nada dicen y nada proponen, nacen y mueren las propuestas opositoras en dos áreas vitales para el funcionamiento del estado. Ni siquiera se tomaron la molestia formal de diagnosticar los males para los cuales esos serían los eventuales remedios.
En otros casos, el Plan manosea y abusa tan alegremente de ciertas “ideas”, que termina contradiciéndose y desdiciéndose. Por ejemplo, en materia cambiaria se sostiene la necesidad de “adoptar un tipo de cambio competitivo”, lo cual supone un objetivo de tipo de cambio real que a su vez, trae consigo una activa intervención en el mercado cambiario. Dos líneas más abajo, y sin ruborizarse, los expertos de la CD sostienen que es necesario “renunciar de forma definitiva a la manipulación”, léase intervención, en el mercado cambiario. ¿En qué quedamos? Lo curioso es que esta oposición, entrampada en el discurso electoral, nada dice acerca del control de cambio y de las propuestas de políticas para el control de capitales que están hoy en día en la agenda pública venezolana. Pareciera que les da como “cosita” decir que van a desmontar el control de cambio, pero sobre todo, les asusta comprometerse con un conjunto concreto de políticas.
El documento contiene frases –verdaderos contrabandos- que esconden las reales intenciones de la oposición en materia de política social. En una parte se propone, usando un lenguaje críptico, el “abaratamiento de los costos sociales de la gestión productiva”. Detrás de esto no se esconde otra cosa que la privatización de la seguridad social, la eliminación de las pensiones vinculadas al salario mínimo, y la reducción de las subvenciones directas, etc. Pero la oposición no quiere decirlo así, para no evidenciar por dónde vendrán los tiros.
Privatización contrabandeada
Pero sin duda, donde las intenciones desbordan el léxico es cuando el Plan aborda el tema petrolero. En este punto los diseñadores del proyecto económico de la oposición no han podido ocultar el decidido propósito –tal vez hasta por exigencia de los financistas- de privatizar la industria petrolera.
La asunción básica según la cual hay que liquidar activos para cancelar pasivos es una visión equivocada del problema. En términos netos, cancelando un pasivo con un activo, la situación patrimonial del país permanece inalterada. La propuesta trata de ser disfrazada bajo el rótulo técnico de una “oferta pública de acciones”, y de los beneficios que ello eventualmente produciría en términos de creación de mecanismos de ahorro e inversión a largo plazo, para los ciudadanos.
Lo que no se dice, sin embargo, es que la oferta pública de acciones – como fachada de un dispositivo privatizador- lo que haría es reproducir el actual esquema de distribución de la riqueza, es decir, un esquema regresivo que opera sobre un mercado financiero oligopólico y sujeto a fenómenos de colusión de reducidos pero poderosos intereses.
Con ello, el proceso de privatización como ha sucedido incluso en naciones con mercados financieros mucho más sofisticados, terminaría profundizando un esquema totalmente regresivo e inter-generacionalmente injusto.
En deuda con la coherencia
En materia de finanzas públicas, el plan se pierde en la extensión de la nada. Para empezar, el documento pareciera reconocer la necesidad del país de un mayor financiamiento, lo cual echa por tierra dos años de reiterada perorata de diputados y expertos de la CD, respecto al “crecimiento explosivo de la deuda pública”.
Pero el sinsentido y la precariedad conceptual no terminan allí: cuando se aborda la estrategia financiera alternativa, se recurre a vocablos en desuso como la “renegociación”, típico del período en que la deuda no estaba convertida en bonos de libre comercialización, y frases sin contenido, tales como las de “aumentar el plazo y reducir el costo”. No hay que ser un experto para entender que esa es una de las cosas que ha estado haciendo el Gobierno durante estos años a través del proceso de reordenamiento de las acreencias públicas: es decir, extendiendo el plazo de vencimiento de la deuda, reduciendo y consolidando las emisiones, y bajando el costo financiero para la República.
Sin embargo, no se crea que el Plan Consenso País no propone cosas concretísimas. Una de las pocas especificidades, casi la única, se estructura sobre un monumental error en el manejo de los pasivos de la República. Los expertos económicos de la CD contemplan ni más ni menos sustituir el actual ciclo de pagos (amortizaciones) de la deuda externa, por un nuevo esquema, dentro del cual la República cancelaría una cifra fija, todos los años, de aproximadamente 4.500 millones de dólares.
De acuerdo al monto total (stock) actual de la deuda externa, un ciclo de pagos como el planteado por la oposición, en el mismo período de amortización actual, es decir hasta el 2034, haría que la República terminase endeudándose más. Es decir, los que han criticado el “exorbitante aumento de la deuda” proponen mucho más deuda, y eso sí, pagándole religiosamente una cantidad fija a los acreedores internacionales.
Esto no es sólo un absurdo, evidencia incontrastable de la desnacionalización y el desarraigo intelectual de este Plan. Lo grave es que en dicha propuesta los cobradores, los acreedores (la banca internacional) le cobrarían a Venezuela siempre la misma cantidad, independientemente si al país le va bien o le va mal, es decir, la oposición propone que paguemos nuestra deuda externa a costos fijos, con independencia de los eventuales escenarios que se produzcan en las finanzas públicas.
¿Se entiende ahora por qué el financiamiento intelectual de este Plan proviene precisamente del exterior? ¿Queda claro por qué dentro de un texto ahíto de vaguedades y generalizaciones, y escaso de políticas concretas, sea en este punto el único lugar donde la CD propone algo concreto? ¿Se comprende que sea aquí precisamente donde aparezca el único gráfico del documento, allí justamente donde tiene que ver con los pagos externos de la República y los intereses de los financistas de la oposición?
Habría que preguntarse para quiénes escriben los proponentes de semejante idea, si para los venezolanos de la oposición, para sus votantes potenciales, o para sus jefes financieros extranjeros.
William Castillo B. es periodista
