Teodoro Petkoff plantea en su editorial de Tal Cual, del día ayer (27-07), que la prohibición establecida en el proyecto de normas de publicidad y propaganda electoral para elección del 3D, violaría el derecho a la libertad de expresión. Su argumento se basa en que la citada norma impide a los medios la difusión por cuenta propia "de cualquier tipo de mensajes, publicidad o propaganda" que tienda a estimular el voto a favor o en contra de algún candidato. En su interpretación de la norma, Teodoro sostiene que, bajo esa óptica, un editorial de algún diario contra la reelección de Hugo Chávez, podría ser sancionado. Y ello lo lleva a concluir que el CNE trata de imponer una "mordaza electoral", bloqueándole a los medios la posibilidad de tomar posición frente a la elección presidencial.

Vale la pena poner en perspectiva este argumento porque, bien visto, revela hasta qué punto los medios, y quienes los dirigen, están comprometidos en participar políticamente en la campaña electoral (en el caso de Teodoro, por supuesto, no cabe la menor duda de ello). Primero que nada, hay que reconocer algo: en muchos países y muchas elecciones, es normal que los medios fijen "posiciones editoriales" llamando, solapada o abiertamente, a votar a favor de algún candidato o en contra de otro, Acabamos de verlo en Bolivia, Perú y México donde, con más rubor algunos y menos otros, los medios de comunicación privados, en su mayoría, abrieron fuegos contra Evo Morales, Ollanta Humala y López Obrador. Ciertamente, este no es un hecho nuevo ni exclusivo de América Latina. Todo el mundo sabe en España que los diarios ABC y El Mundo apoyan al Partido Popular, mientras que puede decirse que El País es más proclive a respaldar al PSOE. The Washington Post solía alinearse con los demócratas, mientras USA Today suele batirse claramente por los republicanos en los EE.UU. Y así, pueden citarse ejemplo en muchos países, llegando hasta los hiperbólicos casos de Berlusconi en Italia, en el que todo un conglomerado mediático, fue puesto a favor del ex primer ministro, en su fracasado intento de reelección.

De tal manera que el planteamiento de que no se debería cerrar a los medios la posibilidad de hacer políticamente explícita su línea editorial no es, de entrada, ninguna locura, y al contrario, encuentra frecuente asidero en la práctica democrática internacional. Incluso, podría ser hasta sano, puesto que, al permitirle a los medios afirmar sus preferencias políticas, se alcanzaría una campaña más transparente. Es obvio que en Venezuela nadie duda que El Nacional, Globovisión, RCTV, El Universal, entre otros, son medios alineados con las más duras posiciones opositoras, hasta tal punto que se ha señalado que, en los últimos años, los medios no sólo han llegado a dictar la agenda de la oposición (lo que antes se llamaba "tirar la línea") sino incluso a sustituir a la sumisa y balbuceante dirigencia anti chávez. Al mismo tiempo, sería necio negar que VEA, VTV, RNV, entre otros, son medios que asumen de manera cerrada la defensa del proceso bolivariano y las posiciones gubernamentales.

Hasta allí, alguien podría sugerir una redacción más light de la norma, que limite esa toma de posición política específicamente a lo relativo a la donación de espacios publicitarios por parte de los medios a los candidatos, para evitar un drenaje de recursos hacia determinados sectores (recordemos la triste experiencia de las
"donaciones de espacios" que hicieron la radio y la tv privada durante el paro petrolero de 2002). Esa redacción dejaría exentos los espacios editoriales para que los dueños de los medios puedan decirle claramente a los electores y electoras a quien prefieren en la silla de Miraflores.

Desde una perspectiva menos reduccionista (la simple defensa del sacrosanto derecho a la libertad de expresión), el derecho de los medios a encampañarse es bastante discutible, al menos para un sector de éstos. Por una parte, los medios son empresas privadas y, en principio, no habría ningún obstáculo para que puedan expresar libremente sus preferencias. A la vez, la actividad de los medios (la difusión de informaciones) afecta las percepciones colectivas. Es decir, su influencia es amplia y difusa, y afecta los derechos de otros (la ciudadanía). Dicho de otra forma, es muy diferente que una persona, incluso actuando como dueño de una empresa cualquiera, ejerza su derecho a la participación, expresando sus criterios políticos, que lo haga una empresa que opera en el ámbito de la opinión pública. No es lo mismo ni se escribe igual.

En el caso de la radio y la tv, este hecho tiene además complejas implicaciones legales. A diferencia de los periódicos, que operan como empresas de venta de información, a las que los lectores pagan por recibir dicha información, en el caso de los medios radioeléctricos, el Estado otorga un permiso a un grupo económico para que explote una frecuencia. ¿Tiene derecho ese grupo económico a usar ese espacio colectivo permisado para manifestar su posición particular como grupo, ante un evento electoral? Si así fuese, ¿de dónde surge ese derecho? ¿de ser concesionarios, dueños de las antenas, de los equipos y los locales desde donde emiten los mensajes? Las concesiones radioeléctricas, se supone, tienen unos fines, y entre éstos, que se sepa, no se encuentra el de hacer campaña política de manera directa, a cuenta del prestador del servicio. ¿O es que deberá aceptar la sociedad venezolana que los medios tienen un derecho especial, un privilegio, un estatus superior al de cualquier ciudadano o ciudadana: el de ser actor político abierto, sin someterse a los rigores de la elección?

Se trata de algo más que una crítica política a los medios masivos de información. La libertad de expresión, de pensamiento y de opinión no está en lo absoluto limitada ni en la legislación venezolana ni en las normas para la campaña electoral que, en este caso y de manera puntual, no hacen más que desarrollar principios constitucionales y leyes vigentes (la Constitución Bolivariana, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Resorte, entre otras). El principio de regulación sigue siendo mismo: la responsabilidad ulterior, la obligación de todo emisor de un mensaje colectivo de hacerse responsable por lo que emite, la prohibición de usar el poder de la comunicación parta difamar, para violar la dignidad humana, para llamar al desacato de las leyes, etc. Meterse a defender a los medios sin pasar por este argumento es cháchara política, pero como dice Umberto Eco, los medios son casi siempre eso, cháchara.

Por último, resulta curioso (y hasta patético) que los medios privados, a la hora de cuestionar a las instituciones públicas venezolanas ante los organismos internacionales, esgriman con tanta frecuencia el argumento del ahorcamiento económico. Es decir, acusan al sector público de no darle pautas publicitarias, aduciendo que se hace en retaliación por la línea "independiente" e "imparcial" de los medios privados, olvidando, como demostró la infausta edición de El Nacional la tarde del 11 de abril de 2002 en la que se convocaba a la "batalla final en Miraflores", que su militancia con la liquidación del "régimen" está más que demostrada con brutales evidencias. Por el contrario, cuando se trata de períodos de campaña, los medios, sus apólogos, publicistas y abogados salen a la defensa de "su derecho" a la expresión política, como fanáticos que, sin pertenecer teóricamente ninguno de los equipos, saltan al terreno de juego a robar balones y patear penalties, aunque para ello tengan que usar un bien público.

Es razonable pues, la exigencia de Teodoro (el no regular los editoriales de los periódicos), sólo si dicha exigencia se limita a los medios impresos. Por el contrario, es absolutamente falaz tratar de extender ese "derecho" artificial (que ninguna constitución ni ley les ha otorgado) según el cual los medios radioeléctricos deberían poder usar un espacio colectivo para manifestarse políticamente.

Más allá de toda norma, de su razonabilidad y aplicación, tampoco hay que ser un genio para ubicarse en lo que sucederá. Ya los medios privados, andan encampañados