En el contexto de la democracia representativa burguesa, las clases dominantes se arrogan la facultad para legislar, ejecutar y sentenciar, basándose en el espejismo de la división de poderes del Estado burgués. Se crea la ilusión del sistema electoral y su falsa promesa de cambio, con lo cual se sacraliza el proceder carnavalesco de las campañas proselitistas y su discurso hueco, ramplón e insípido.

La habilitación histórica de la burguesía para secuestrar el poder de las masas y dictar el marco jurídico a la sombra de su capricho, en la medida de sus mercantilistas intereses, la ha acostumbrado a ser irrespetuosa, arrogante y omnipotente. El marasmo leguleyo la hace ser juez y parte, y se va esbozando una sociedad “al carbón” de la concepción patronal y explotadora de las clases dominantes; la anormalidad debe ser la normalidad, la grosería debe ser la más culta de las frases y la inhumanidad debe vestirse con su traje más hipócrita y fraternal.

 En contadas ocasiones el sistema electoral se ha volteado contra la burguesía y ha colocado a un “francotirador” en el Ejecutivo; los resortes de las papeletas y las urnas están aceitados y sincronizados sólo para permitir la llegada de marionetas dóciles que desempeñen la labor prescrita: darles cada vez más concesiones a los más ricos y joder cada vez más a los más pobres. Atado de manos, el futuro presidente o presidenta se abandona a los designios del “poder invisible” y la aparente autoridad de su cargo burocrático no es más que un garabato administrativo. En el Estado burgués no manda el pueblo, ni la gente, ni nada que se les asemeje; en tan espeluznante parapeto democrático las clases dominantes hacen y deshacen a su antojo, pariendo y sancionando leyes que refuerzan y atornillan la hegemonía de una abominable clase social. La burguesía considera a la superestructura y a la infraestructura como su propiedad privada, ya que no le basta con sus fábricas, sus empresas, sus bancos, sus medios de comunicación, sus fundaciones “caritativas” y sus ONG; el Estado capitalista es el feudo de las clases pudientes.

Por tal razón, les resulta harto difícil a tales capas sociales asimilar una realidad donde no detenten el dominio político y donde les sea imposible legislar, manufacturar, fabricar engendros jurídicos para perpetuar su dominación y explotación sobre las masas oprimidas. Es cuando la sinrazón se desata en sus “ilustradas” almas y cabezas; la demencia plutocrática hace acto de presencia y cualquiera salida es válida para neutralizar a aquel presidente o presidenta que se atreva a cuestionar los privilegios de la aristocracia económica. Si el “gobierno invisible” aprecia que sus hilos no se mueven de la forma idónea en la humanidad del “peón” asignado al Ejecutivo, rápido se ajustan las tuercas dentro de la superestructura para masticarlo y desecharlo, lo más pronto posible. Sin embargo, en la praxis pueden complicarse las cosas y el anhelo de la burguesía puede devenir en una absoluta y completa frustración histórica.

El proceso bolivariano venezolano ha sido uno de esos escasos escenarios donde el sistema ha conspirado contra él mismo. Hugo Chávez Frías, en 1998, arribó como “outsider” a la Presidencia, debido a que no provenía de las filas de los partidos políticos tradicionales. Su discurso de ruptura aterrorizó a la burguesía, ya que la bandera del Poder Constituyente siempre ha sonado muy “sismológica” en los delicados oídos de las clases acomodadas. El desprecio visceral de la burguesía al cambio es comprensible: ella es la hija predilecta del anquilosamiento, la anti-dialéctica, la inmutabilidad y el “establishment”; nada más anacrónico y reaccionario que las clases dominantes, su pensamiento y su discurso.

No es gratuito que al empezar a legislar con fuerza y aprobar casi medio centenar de leyes habilitantes a finales de 2001, el proceso bolivariano haya enfrentado la ira y el fascismo de la burguesía nacional e internacional. Hugo Chávez les había arrebatado un instrumento con el cual las clases dominantes hacían alarde de su vigor y estatus; las dejaba desarmadas políticamente y las ponía contra la pared. La burguesía siempre había legislado para violar la ley y burlarse de ella; Hugo Chávez legislaba para liberar a las masas explotadas e instaurar un Estado social de derecho y de justicia. A pesar de las deficiencias de algunas leyes habilitantes de ese período, el paso cualitativo dado por el gobierno revolucionario sentó un precedente histórico en nuestro país y el mundo.

Las leyes “prêt-á-porter” han otorgado a la burguesía licencia para delinquir, explotar y reprimir, porque son el lienzo jurisprudencial para el diseño de un universo “a su justa medida”. Chávez quebraba por vez primera ese paradigma perverso.

LA LUCHA REVOLUCIONARIA DENTRO DEL ESTADO BURGUÉS Y LAS LEYES HABILITANTES

El reto titánico de la Revolución Bolivariana es la transformación gradual del Estado burgués en un Estado socialista, por lo cual es tarea de primer nivel ir desmontando la vieja superestructura y construir una que vaya en consonancia con el novel Estado revolucionario. Las leyes son el sustento indiscutible del proceso impulsado por la vanguardia política y las masas, de cara al inédito sistema donde la genuina igualdad, la dialéctica científica y el bienestar colectivo sean los componentes primordiales.

Ese antagonismo entre el Estado burgués en agonía y el pujante gobierno revolucionario encabezado por Hugo Chávez, ha producido el Golpe de Abril de 2002, el sabotaje petrolero, las guarimbas y demás acciones irracionales del oposicionismo vernacular. A tal histeria sifrina agregamos los “célebres” decretos del “Carmonazo”, con los cuales se derogaban las casi 50 leyes habilitantes sancionadas por el proceso bolivariano, en 2001. Las clases dominantes no disimulaban su urticaria intelectual de “jet set”, por no haber sido consultadas para la redacción de dichos textos legales. La burguesía yacía herida en su inconmensurable orgullo apátrida y superficial.

Igual acontece en la actualidad con el último “round” de 26 leyes habilitantes, aprobadas por el Gobierno Revolucionario; las voces de mal agüero se desgarran las gargantas y lloriquean en coro, porque “nuestra libertad ahora SÍ está en peligro”. Las clases dominantes avizoran otra batalla perdida y con cada ley promulgada, más y más gente cobra conciencia del significado del poder popular y de cómo se puede ser partícipe real de una legítima revolución desde las bases. Esa burguesía que ahora se queja del supuesto carácter autocrático de las leyes habilitantes, nunca consultó -cuando ostentaba el poder político- la ejecución de algún decreto o ley con las masas populares. Le tenía sin cuidado lo que opinara el “hoi-poloi”. Curioso, ¿no? El único y más descarado contrabando que hubo en esta nación fue el de la “guanábana” genocida y corrupta: una democracia chucuta, mezquina y de contrabando, patentada en la funesta Cuarta República.

El conjunto de 26 leyes habilitantes es apenas un grupo de las más de 50 sancionadas antes del 31 de julio de 2008. Entre ellas, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria garantiza –verbigracia- la comida de todos los venezolanos, ya que establece las reservas estratégicas de alimentos para velar por la integridad nutricional de 27 millones compatriotas. La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos reduce la cantidad de requisitos y trabas burocráticas del Estado, con lo cual se castiga la corrupción reinante en la “agilización” de documentos y la inoperancia de ciertos “servidores públicos”. El Estado revolucionario debe ser, por encima de todo, eficiente y humanista. Sin duda, las 26 leyes habilitantes engloban el espíritu de la Reforma sometida a referéndum el pasado 2D, que planteaba la profundización de la vía al socialismo y dignificaba más al obrero, al campesino, al profesional, al estudiante, al ama de casa. Ese día –el 2D- sólo se abortó conferir a esas leyes el rango constitucional que se merecen, pero de ninguna manera ese revés circunstancial podía apartar al Gobierno bolivariano de su obligación revolucionaria y ponerlas en práctica era una misión impostergable. El “pecado” de Chávez ha sido gobernar para la gente, liberando sus conciencias de la sumisión y la explotación; la estridencia del desafío histórico de Chávez ha sido el haber dejado inhabilitada a la burguesía de su poder político, en el mero vientre del Estado forjado por ella misma…y sin haber disparado una sola bala. Ironías de la vida.