Si algo bueno ha ocurrido recientemente en el Poder Judicial ha sido la destitución de los pseudo jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz y de la jueza Ana María Ruggeri, de quien esperaba un mejor desempeño que el que tuvo en la práctica, lo cual nunca entendí y por supuesto que me decepcionó. Fuimos quizás los primeros en denunciar las manipulaciones y las sentencias “acomodadas” de la mayoría de la Corte: lo hizo el Ministro de Educación Superior, Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), doctor Héctor Navarro Díaz, en carta dirigida a los organismos competentes, ante decisiones ilegales, absurdas y de graves consecuencias para la educación superior venezolana.
Lo hice yo en artículo publicado en junio 2002, ante “una sentencia ilegal e inaudita” (nombre del artículo) en relación con el ilegal funcionamiento en Venezuela de la Preston University (El Progreso, pp 6, 11-6-02, Ciudad Bolívar; La Voz, pp 11, 11-6-02, Guarenas; Panorama, 11-6-02, Maracaibo; Sol de Margarita, pp 11, 11-6-02, Porlamar; De Frente, pp 6, 13-6-02, Barinas; Frontera, pp 5A, 18-6-02, Mérida). Se trataba de un amparo concedido por la Corte que le creaba el derecho a la Preston University a tener actividades en el país, sin haber sido aprobado su funcionamiento por el CNU. Todo el mundo sabe que los amparos protegen derechos existentes, pero no pueden crear derechos. En esa sentencia los magistrados bien destituidos substituían la potestad del CNU de aprobar las autorizaciones para el funcionamiento en el país de universidades, sedes, núcleos y programas.
Lo volví a hacer en el semanario La Razón el 16 de junio de 2002 (¿Tenemos una mejor justicia?, cuerpo A, p 4), en el que denunciaba a los tres magistrados destituidos con sus nombres y apellidos, por la ilegal decisión que habían tomado en otro de los casos ventilados por el CNU en ese tribunal. Sobre ésta y otras decisiones solicitamos entrevista con miembros del Tribunal Supremo, para solicitar justicia contra las sentencias acomodaticias de la Corte, la cual, además, nos negaba el ejercicio de nuestros derechos de apelación u otros, al no respondernos oportunamente.
El Poder Judicial todo debería ser sometido nuevamente a un proceso de revisión, pues sigue funcionando como en el pasado. Los jueces en Monagas, en el Zulia, en Apure, en Caracas, en todas partes, continúan las mismas prácticas deshonestas y corruptas anteriores. Comisiones, cobros ilegales, formación de nuevas tribus judiciales, sentencias complacientes, incumplimientos, retardos procesales injustificados, son parte de la lista de perversiones. En forma urgente hay que tomar acciones. Recordemos que la seguridad jurídica es un elemento importantísimo para los inversionistas.
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