¡Alerta... Alerta... Alerta los machetes, porque el pueblo se respeta!

El cielo encapotado anuncia tempestades: Venezuela

Aquella mañana del diez de noviembre, último pasado, los hombres y mujeres del campo venezolano hicieron un alto en sus labores agrícolas para venirse a la ciudad de Caracas; concretamente, hasta las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí se sintió la voz de protesta por una decisión de la Sala Constitucional, que, prácticamente, anula las Cartas Agrarias, la cual sirve, para demostrar la posesión legítima de la tierra y requisito sine qua non, para acceder a los créditos del Estado.

Al mismo tiempo que se desarrollaba la reprobación por parte de los campesinos, los abogados del Instituto Nacional de Tierras (INTI) introdujeron una solicitud de aclaratoria para que se precise el alcance de la decisión del máximo tribunal venezolano que deja sin efecto un acto administrativo emanado del ente rector de la revolución agraria.

Concurrieron a la cita delegaciones de los Estados Barinas, Lara, Portuguesa, Apure, y Zulia, regiones, por lo demás, emblemáticas en la lucha campesina venezolana; acompañados por dirigentes y luchadores del Frente Campesino Ezequiel Zamora, instrumento político que tiene estructuras orgánicas en todo el territorio nacional, entonaron el Gloria al Bravo Pueblo, el himno de la federación y consignas revolucionarias que advertían una nueva Batalla de Santa Inés, en caso de favorecerse con una decisión amañada a los oligarcas de la tierra.

Braulio Álvarez, Coordinador Nacional Agrario del Movimiento Quinta República (MVR), ofreció para la prensa alternativa sus impresiones con respecto al fallo del máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela y así mismo en relación con la concentración de los campesinos frente a la sede de TSJ.

—Venimos, primero, a hacer una oposición, es decir, lo que los juristas llaman una solicitud de aclaratoria; tomando en consideración que se produjo un Amparo, y parece que hay una interpretación errada, ya que un Amparo no legítima la propiedad; y esto, por su puesto, ha creado incertidumbre en aquellos ámbitos donde se han otorgado Cartas Agrarias. Ahora bien, en este caso específico, Curito- Mapurital del Estado Barinas, hay una situación de inseguridad jurídica, y si se quiere de zozobra, toda vez que podría dar origen a enfrentamientos, producto de la conducta mercenaria de los terratenientes y del sicariato.

¿Existe alguna otra razón que haya dado lugar al dictamen de la Sala Constitucional? Le preguntamos.

—Esto está dentro de una posición de orden desestabilizadora, conectada con la conducta política que se está viviendo en el país, para tratar de crear un ambiente donde las Cartas Agrarias no tendrían la seguridad jurídica correspondiente; y esto es falso, nosotros le estamos diciendo a los campesinos que allí, sobre la Carta Agraria no hay posibilidad de ninguna decisión jurídica, ya que el área donde ella se dio está dentro de lo que se comprende como territorio propiedad del Estado venezolano, en este caso del Instituto Nacional de Tierras.

Con respecto a los últimos sucesos acaecidos en la región del Yaracuy, se refirió Álvarez a lo delicado de la situación.

—Ahí en Yaracuy, hay un grupo de campesinos organizados que pertenecen a las empresas cooperativas de los poblados de San Juan, Santa Lucía y del Nuarito, donde en el transcurso de estos quince días se produjo un asesinato, eso fue concretamente en Chivacoa; se trata de Hermes Escalona, y hubo allí más de siete heridos, entre los cuales están dos compatriotas que se encuentran delicados de salud, ya los han intervenido dos veces, primero en Yaracuy y después en el Estado Lara.

¿Qué están haciendo los organismos de seguridad de la región?

—Lo más lamentable de todo esto, es que los organismos de seguridad, atendiendo al llamado que hace la Policía del Estado Yaracuy, comandados por el gobernador contrarrevolucionario Eduardo Lappi García, la señora Mariela Hernández, por el abogado Manuel Yánez Rojas y por un grupo de terratenientes, se han dado a la tarea de desquiciar y de producir una situación de enfrentamiento contra los campesinos, cuyo único delito es permanecer en el área respectiva trabajando.

¿Indíquenos si los campesinos están produciendo en esas tierras?

— Claro, tenemos los créditos respectivos otorgados por FONDAFA, tenemos constancia de todas las facturas de las semillas que se han estado sembrando allí en función de la producción efectiva. Pero, por otro lado, nosotros denunciamos con bastante antelación la situación del abogado Manuel Yánez Rojas y la del ganadero Riera, del empresario del campo Juan Mendoza Asqueta; y es inexplicable que con todas esas denuncias, se esperaran a tres o cuatro días para proceder, y ya vemos que se produjo un asalto por sorpresa por parte de ellos a la masa campesina, originándole la muerte a Hermes Escalona y las heridas a varios de nuestros compañeros.

Precisemos, quiénes son los terratenientes, con nombres y apellidos. Y si ustedes tienen indicios de quiénes hayan podido ser, los asesinos de dirigentes campesinos en Yaracuy.

—En el caso concreto del Estado Yaracuy, allí hay un grupo especializado llamado "Los Pantaneros", y hay un grupo élite que nosotros lo llamamos "Los Exterminadores", donde no hay duda de que la Policía que comanda Eduardo Lappi García, tiene la mano metida, tanto en asesinatos, como en la práctica de desapariciones de campesinos. En ese sentido, fueron apresados in-fraganti en el hecho criminal, el doctor Manuel Yánez Rojas y el ingeniero Joaquín Jiménez, junto con unos tractoristas, que, además, obedecieron órdenes de ellos. Pero, que de una u otra forma están incursos en el hecho criminal. Tenemos conocimiento de que también implicaron para esta actividad a algunos menores que trajeron del Estado Lara y a otra gente, que son expresidiarios, que han sido matones, que han sido asaltantes, que son consumidores de drogas; y bueno, de esto se supone que ya hay un precio metálico acordado también para segarle la vida a algunos dirigentes de la zona.

Por último, Señor Álvarez, contéstenos cómo ve el panorama judicial y político a corto plazo.

—Yo veo que allí los cuerpos de seguridad y los organismos de justicia, en este caso los Tribunales, no deberían tener tanto problema para aplicar correctamente la ley; por su puesto, ya esto está sumando más de setenta y dos dirigentes agrarios y campesinos asesinados; ahora, búsquese para ver si los otros están presos, es decir, los autores intelectuales. Cómo es que algunos de los que han hecho la actividad física están tras las rejas, y no así los actores intelectuales. Por eso, es que nosotros decimos que aquí, además, de la lucha por la tierra, hay un plan político para crear un estado de zozobra en todo el país. A esto el Gobierno Nacional tiene que aplicarle los mecanismos de política de inteligencia, por una parte; y nosotros, de acción social, por la otra, para que podamos frenar a tiempo esta situación, porque me imagino que todo esto es en función de calentar el espacio político, en el trajinar que va desde ahora hasta el mes de diciembre.

Toman la palabra dirigentes y luchadores campesinos del Estado Barinas: Inicia el diálogo José Tapia Coirán miembro de la Cooperativa Brisas del Masparro del Sector Curito-Mapurital y Coordinador del Movimiento Campesino Ezequiel Zamora.

—"Somos campesinos del Movimiento Ezequiel Zamora a nivel nacional y a nivel regional, en Barinas, hay más de 20 cooperativas organizadas, ya tienen Cartas Agrarias, y estamos allí sembrando; pero la Coordinadora Democrática, encabezada por el señor Rogelio Peña Alí, ex alcalde de Barinas, junto a los oligarcas Alí Torrealba, Reinaldo Leandro Mora, Carlos Abreu y otros, como el diputado Riera, no aceptan ni reconocen que allí hay una Carta Agraria y que tenemos derecho a trabajar esos terrenos improductivos, catalogados antes como terrenos ociosos o incultos; en el pasado. El artículo 89 era el que permitía que nos entregaran la tierra preventivamente; pero, ahora, a través del Decreto Presidencial y de la Resolución del Instituto Nacional de Tierras (INTI), nos entregan las tierras legalmente; sin embargo, los terratenientes dicen que allí lo que hay es una cuerda de invasores, cuando lo que hay es gente trabajadora del campo, "campesinos natos", luchando por la seguridad agroalimentaria de la nación.

Cuéntenos un poco la historia reciente de esa lucha.

—Nosotros llegamos al lugar el 09 de febrero, después de que se nos entregó la Carta Agraria, por parte del Presidente de la República, en un acto que tuvo lugar en Jacoa, el 06 de febrero; allí hay 31.764 hectáreas y un total de diecinueve cooperativas organizadas, que abarcan aproximadamente a mil familias, compuestas por campesinos humildes y de los pueblitos más cercanos, de Santa Lucía, de un Sector que se llama La Piedra, otros del propio Curito-Mapurital; son once lotes de sabanas continuas.

Tenemos entendido que ya están sembrando, le apuntamos.

— Sí, ya empezamos a cosechar el maíz, y en colectivo, hay alrededor de 600 hectáreas de maíz sembradas; somos doscientos veinticinco parceleros individuales, que estamos actualmente en las cooperativas, pero también hay campesinos asentados en estas tierras desde hace 50 años, a quienes no pudieron sacar los terratenientes de la Cuarta República; ellos, los terratenientes, eran Alí Torrealba, Reinaldo Leandro Mora, porque aquellas tierras en el año 1978, hasta el gobierno de Luis Herrera Campins, fueron cercadas; pero allí vivían los campesinos, y nosotros somos sus descendientes. Hay algunos compatriotas en las cooperativas, cuyos padres ya no existen, pero quedaron ellos, los hijos, y pues, volvimos a rescatar las tierras, ahora legalmente, en el marco de la Ley de Tierras.

¿Cuál es el fondo de las contradicciones?

—Nosotros los campesinos del sector Curito-Mapurital, luchamos por una seguridad agroalimentaria, y allí es donde no estamos de acuerdo con los Magistrados del Tribunal Supremo, porque de todos es conocido que a ellos los compran o los sobornan, y entonces, pues, ellos prefieren apoyar a cuatro hombres que son testaferros, como Joel Silva, testaferro de Leandro Mora y Carlos Abreu; y unos Generales de la Cuarta República que se hicieron ricos con las tierras del Estado; incluso, allí hay expedientes donde sacaron la madera de las tierras baldías; en aquel entonces eran baldías, ahora, ellos alegan que son propiedad privada en plena Quinta República, eso no puede ser.

¿Tienen Ustedes, soporte legal y técnico que les permita legitimar la ocupación?

Si allí se han hecho estudios, se han hecho más de 17 inspecciones; el Instituto de Tierras hizo todo su procedimiento basado en las leyes, y nosotros creemos que ningún Tribunal puede ordenarle al Instituto, porque es autónomo, y el Decreto Ley, es un decreto claro; tiene, además, rango de Ley Orgánica, y este instrumento es el único regularizador de las tierras, permite la distribución de las tierras; e incluso, el artículo 121 de la Ley de Tierras señala que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) puede usar la Fuerza Armada para el apoyo, para que se aplique el procedimiento administrativo.

Argenis Zambrano, es otro de los líderes del movimiento campesino bolivariano, ahora funge como Coordinador del Frente Zamorano de la Parroquia Balúa. Zambrano toma aire, se llena de emoción, y nos da su versión de los hechos.

—El 27 de Octubre por orden del Juzgado Agrario se nos practicó un desalojo a 106 campesinos, en el lugar donde desde hace un año nos ubicamos para trabajar en esos terrenos baldíos y ociosos; y allá tenemos más de trescientas hectáreas labradas. Pero un terrateniente de apellido Mazzei, dice ser el propietario de estos terrenos, amparado por una orden de un Juez de Primera Instancia del Estado Barinas. Fíjense que todavía hay una gran cantidad de policías apostados y que judicialmente por parte del Juez Guzmán, estos mismos policías son los se encargan de dispararle a los campesinos, señala desconcertado. Yo le pido a los Tribunales competentes que reflexionen, pues, ya que tenemos más de trescientas hectáreas sembradas, donde se cultivan varios rubros para el bienestar alimentario de nuestro Estado; cómo es posible que sigan protegiendo a estos terratenientes, porque a este Juez, se nos informó, el día del desalojo, la Organización Mazzei, le cedió 17 millones bolívares para que practicaran este desalojo.

Ramón Virigay, también miembro de la Coordinadora Ezequiel Zamora del Estado Barinas, nos había estado solicitando hacía un rato que le diéramos la oportunidad de oírle su punto de vista, accedimos a escucharle, y este fue el relato que nos dejó.

—Nos encontramos ante el Tribunal Supremo de Justicia en donde un buen número de campesinos de diferentes Estados (aproximadamente doscientos), venidos de diferentes sectores de nuestra República Bolivariana de Venezuela, para hacer de presencia y decirle que lo que queremos es justicia, porque se nos está troncando la esperanza de darle la seguridad agroalimentaria al pueblo, porque ellos han tomado una medida cautelar en contra de nosotros, y por eso nos vemos en la obligación de hacerle un llamado a todo el sector campesino, para que nos organicemos y hagamos movilizaciones populares para defender lo que por herencia nos corresponde, lo que por herencia nos dejó el General Ezequiel Zamora, y nos dejó nuestro padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar.

Cuál es su mensaje al Tribunal Supremo de Justicia.

—En estos momentos le pedimos al Tribunal Supremo que se haga justicia, porque vamos a defender la Carta Agraria con el pueblo y con movilizaciones populares; así lo estamos demostrando y lo estamos reclamando, porque por ley nos corresponde.

Del sur del Lago de Maracaibo llegó Roberto Viera, en representación de la Cooperativa "Luis Mora", organización que lleva el nombre del dirigente campesino Luis Mora, asesinado por el sicariato zuliano el 10 de enero del 2001, hecho que se le atribuye al supuesto dueño de las tierras que hoy están ocupando. Habla como representante del Frente Bolivariano Campesino del Estado Zulia.

—Estamos protestando en contra de las acciones que está tomando el Tribunal Supremo de Justicia. El pueblo venezolano y los campesinos deben entender que esto es simplemente una manipulación política, para tratar de desviar la atención del campesino y que se voltee contra el Presidente para recoger las firmas para el referéndum, o si se da el revocatorio sacarlo.

En concreto vienen a respaldar esta acción... ¿Cierto?.

—Eso es correcto, lo que venimos es a respaldar las acciones de los campesinos de Barinas, como un solo bloque o como un solo Frente Bolivariano campesino a nivel nacional, somos el Frente Campesino Ezequiel Zamora; esto es una maniobra política.

¿En el Zulia, al igual que en Barinas y Apure, recaen amenazas de muerte contra los dirigentes del campo?

—Constantemente ha habido amenazas de muerte en contra de los dirigentes campesinos; sólo que ahora como están esperando recoger las firmas, para después ver cómo van a actuar; por que ellos, indudablemente, si pierden, ya hay amenazas de que van a empezar a asesinar a los dirigentes de las organizaciones campesinas, y si ganan, todo quedará abolido; esa es la intención que tiene la oposición.

En su región de qué dimensiones de tierra estamos dialogando?

—En el Zulia estamos hablando aproximadamente de 110.000 hectáreas y pasamos de 60 cooperativas; estamos hablando de las tierras consideradas número uno para la producción en el mundo, y lamentablemente un pequeño grupo de familias que se adueñaron de las tierras de forma mal habida, están saboteando este proceso.

Sin duda que las mujeres son un baluarte de las luchas campesinas en Venezuela, llevan bajo sus hombros las mismas responsabilidades que los varones en hacer posible la Revolución Bolivariana. Una de ellas es Daisy Ojeda, pequeña de estatura, quien se inmoviliza al hacer uso de la palabra y afirma estar dispuesta a todo, cuando de defender sus derechos se trata. Compareció temprano a la cita para alzar su herramienta y gritar consignas. Ojeda, es de la zona sur del Lago de Maracaibo, Municipio Sucre, y representa a la Cooperativa Barranquilla.

—Venimos una pequeña parte de los dirigentes de la zona para apoyar la acción de defensa de la Carta Agraria; porque a través de ella, prácticamente, fue como entramos a las tierras para producir para nuestros hijos; en la zona sur del Lago hay muchas familias empobrecidas que necesitan de un pedazo de tierra para subsistir, por lo tanto, el campesinado de la zona sur del Lago está dispuesto a hacer lo que sea para defender ese decreto que el presidente de la República Hugo Chávez Frías, lanzó a favor del campesinado. En la Cooperativa Barranquilla somos unas 70 mujeres, todas cabezas de familia y alrededor de 45 padres de familias; en general, somos una organización de más de cien familias y estamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas por los logros de la Revolución.

Franklin González, uno de los dirigentes fundamentales del Frente Campesino Revolucionario Ezequiel Zamora del Estado Barinas, y sobre quien pesan serias amenazas de muerte, nos hizo un resumen de la jornada cumplida, la cual, considera, por lo demás, revolucionaria.

—Estamos aquí un grupo representativo de diferentes Estados, Yaracuy, Zulia, Barinas, Lara, Portuguesa, con el objetivo bien claro de rechazar la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Asentamiento Campesino de Curito-Mapurital, que es un caso emblemático a nivel nacional, es un rescate de tierras de 31.644 hectáreas; nosotros lo estamos relacionando, primero con la intención de fondo, que es la anulación de la Carta Agraria, creemos que lo que está en juego es eso; y en tal sentido, nos convocamos aquí. Segundo, como campesinos, ni siquiera somos abogados o juristas; leemos la sentencia que consta de dos páginas y media, allí podemos ver que hay inconsistencia jurídica cuando ellos toman esa decisión, porque en una de las frases ellos ordenan, según el Tribunal, la Sala Constitucional, que toma la decisión, dicen que ordena al Instituto de Tierras y a la Guarnición Militar del Estado Barinas desalojar a los campesinos y posicionar al supuesto dueño, un terrateniente de la zona. Eso, desde el punto de vista jurídico, allí se observa que se produjo una inconsistencia jurídica, porque el Instituto de Tierras no está autorizado para desalojar a los campesinos;

En todo caso, esa decisión no acredita propiedad de le referimos.

—No solamente eso, además, ellos dejan entrever, una supuesta propiedad privada sobre esos terrenos, y nosotros queremos decirle que el Tribunal Supremo de Justicia no está autorizado para decir que allí hay alguna propiedad privada, y sin documentos mucho menos; porque el supuesto dueño tampoco ha presentado documentos de propiedad; nunca los presentó ante el Instituto de Tierras del Estado Barinas, y tampoco los presentó ante la Sala Constitucional que tomó la decisión; o sea, que hay una propiedad privada sin documentos que comprueben tal hecho, de allí que la decisión no esté ajustada a derecho.

¿Huelen otra circunstancia en la toma de este pronunciamiento?

—Nosotros consideramos que en esa decisión, ligera, evidentemente, el Tribunal Supremo se movió por mucho dinero; porque esos magistrados y los cinco que componen la Sala Constitucional, que fue quien tomó la decisión, es la misma gente que ante los sucesos del golpe de abril, decretaron que aquí no había habido un golpe de Estado; son esos mismos Magistrados los que tomaron la decisión en contra de los campesinos. Esto es parte de un plan, es la conspiración previa al Reafirmazo del 28 de noviembre; pero todos nosotros sabemos que ellos nunca van a lograr recoger las firmas que requieren para el proceso revocatorio.

Un verdadero Plan Conspirativo, le asentamos.

—Entonces, ese plan comenzó por el sector campesino, pues, ha sido dotado de créditos, de maquinarias, de tierras, por su puesto, con la política agraria acertada del gobierno de Hugo Chávez Frías. Ellos, sencillamente, andan buscando la forma de cómo desmoralizar a la masa campesina con esos golpes; así lo demuestra la situación de hace veinte días en Yaracuy, donde hubo un muerto y aproximadamente ocho heridos sobre predios donde hay respaldo de Cartas Agrarias; y ahora el Tribunal Supremo toma una decisión arbitraria que va originar en el ámbito nacional, seguramente, una escalada de amparos constitucionales contra las Cartas Agrarias, como ha sucedido con la carta matriz de Curito-Mapurital.

Franklin González, nos sentenció al finalizar su declaración, que están preparados para la lucha, y que de ser necesario, se harán sentir con los machetes en las manos, por todos los rincones de Venezuela.

—Que se sepa, que estamos dispuestos a defender las tierras, a preservar lo que es nuestro y a defender lo que por historia y herencia nos pertenece a nosotros. En ese orden de ideas, hacemos un llamado al campesinado a escala nacional para que estemos alerta, dispuestos a movilizarnos, porque aquí lo que está en juego es la patria y la vida de nosotros los dirigentes campesinos. Porque como ya sabemos, hay dirigentes asesinados, producto del sicariato y del paramilitarismo, auspiciado por los oligarcas de la tierra.

El llamado, es por lo tanto, a la organización, a movilizarnos, para defender lo que es nuestro: la patria.

La aclaratoria que la Sala Constitucional deberá hacer en los próximos días, es esperada con apremio por cientos de miles de campesinos, para iniciar una gran marcha jamás vista en la historia contemporánea de la República Bolivariana de Venezuela, en caso de serles contaria la decisión.

Una nueva consigna surgió de la protesta campesina de aquella cálida mañana caraqueña a la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la cual anuncia desde ya tempestades en medio de un cielo encapotado, de la misma forma que lo preconizó Ezequiel Zamora, hace ya más de ciento cincuenta años en el marco de la Guerra Federal: ¡Alerta... Alerta... Alerta los machetes, porque el pueblo se respeta!


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Israel Sotillo y Edith Franco. Especial para REBELIÓN


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