En un gesto politico desesperado, sintomático del inparable declive que se registra con su actual estrategia gubernamental de guerra y confrontacion, el señor Uribe Velez ha formulado varias ofertas al Ejercito de Liberacion Nacional - ELN, con el doble proposito de contrarrestar, en primer lugar, los efectos de los acuerdos de unidad firmados recientemente por dicha organizacion con las FARC-EP y, en segundo lugar, sacar a flote su plan de legalizacion de los grupos paramilitares mediante una cuestionada ley de alternatividad penal que pretende "perdon y olvido" para los crimenes y genocidios de las bandas paraestatales organizadas por Carlos Castaño.


I.

Los hechos.

Recientemente se hizo publica una declaracion que reune los acuerdos de unidad entre el Ejercito de Liberacion Nacional - ELN y las Farc para coordinar acciones orientadas a contrastar, con la movilizacion popular y democratica, la politica de guerra y el modelo neoliberal de explotacion impulsado por el gobierno fascista de Uribe Velez, mediante las politicas de ajuste fondomonetaristas, la reforma laboral, la política, la tributaria, el referendo, la guerra biologica de las fumigaciones y el plan de desarrollo "hacia un estado comunitario". El acuerdo es de un enorme significado por sus negativos efectos en la politicia de guerra que se promueve con la "seguridad democrática" y la nueva fase del Plan Colombia.

Para contrarrestar su impacto, el señor Uribe ha ofrecido al ELN adelantar ya una "negociacion" y, mas recientemente, excarcelar a dos detenidos de dicha agrupacion, Felipe Torres y Francisco Galan, ubicados en las prisiones de Itagui, con la condicion de que renuncien a su organizacion y a sus convicciones revolucionarias. Nada mas ni nada menos. Asi piensa y ordena un paraco, basta repasar los acuerdos de Fidel Castaño con el extinguido EPL, a principios de los años noventa del pasado siglo, en los departamentos de Cordoba y Antioquia, los cuales llevaron a la incorporacion de tal agrupacion guerrillera en las filas de los paramilitares.

Tales ofertas, muy promocionadas por los medios masivos controlados por el estado y los poderes facticos, se hacen en momentos en que el gobierno está siendo impugnado, nacional e internacionalmente, por su ultraregresiva politica de seguridad -mal llamada democratica- la cual incluye, de un lado, un intenso plan de recorte a las libertades ciudadanas, con una cascada de amenazas focalizada sobre organizaciones gubernamentales de derechos humanos que denuncian el sentido autoritario y fascista de la gestion oficial y, de otro lado, un amplio repertorio de acuerdos con los grupos paramilitares de Carlos Castaño que contribuyeron ampliamamente a la eleccion de Alvaro Uribe como Presidente de la República.

La escandalosa ley de impunidad que pretende "perdon y olvido" de las masacres, genocidios y crimenes de guerra ejecutados por los grupos paraestatales y parapoliciales durante las dos ultimas décadas en Colombia, ha provocado estupor y condena energica de multiples organizaciones como ARWATCH, Amnistia Internacional, Naciones Unidas, parlamentarios americanos, prensa internacional y de los grupos populares y democraticos de la sociedad colombiana. En un inocultable ejercicio de manipulacion, Uribe y su Comisionado de Paz pretenden ahora con sus comunicados y declaraciones hacerle creer a una indignada opinion publica que tal ley se ha hecho por igual para guerrilleros y paramilitares, cuando todo mundo sabe que aqui no hay, ni habra con este gobierno, ningun proceso de negociacion con los rebeldes politicos de las guerrillas revolucionarias.

Es de mala fe presentar como rebeldes políticos a los "señores de la guerra" de Castaño, cuando todo mundo sabe, aca y en el resto del planeta, que tales ejercitos mercenarios son la cristalizacion de estrategias de poder de poderosas redes integradas por hacendados, ganaderos, narcotraficantes, generales y politicos del bipartidismo liberal-conservador, de las cuales el señor Uribe Velez es un prominente representante, para mantener vigentes las estructuras elitistas de dominacion y explotacion imperantes aca en los dos ultimos siglos. Los paramilitares colombianos son ejercitos privados organizados para defender privilegios economicos y sociales al igual que sistemas arbitrarios de control político que desconocen principios elementales de la democracia, tal como ocurre en todas las regiones de Colombia.

La única via que cabe para tales criminales es un juicio en los términos del derecho penal internacional y sanciones ejemplares para exterminar de la sociedad esta cruel practica de las clases dominates aca en Colombia. Por supuesto eso no va a ocurrir en el gobierno del señor Uribe quien aspira a organizar un paraiso para tales asesinos tal como corresponde a sus compromisos electorales y politicos.

II.

Los propositos.


Dividir los ejercitos guerrilleros es uno de los propósitos de la maniobra gubernamental a efectos de neutralizar su demoledor potencial politico y militar en el actual contexto historico nacional. Es innegable que la convergencia revolucionaria afecta hondamente el plan de guerra en curso que tiene como objetivo derrotar el movimiento insurgente colombiano, segun los términos de la estrategia dominante en el plan de desarrollo, en la que el componente militar tiene el mayor peso tanto por los recursos presupuestales como por la carga política alli colocada.

El otro proposito es oxigenar y sostener la "hoja de ruta" con las bandas paramilitares para facilitar su ingreso, mediante la impunidad, a las nuevas formas políticas del "estado comunitario" -redes de informantes, soldados campesinos, parlamento, camaras de comercio, asociaciones de hacendados y sistema finaciero para los narcotraficantes- que se abre paso con el plan nacional de desarrollo y el referendo.

En últimas, se trata de contener y abortar un potencial colapso institucional y presidencial -como ocurrio en Argentina y tal vez ocurra ahora en Bolivia- que daria al traste, en el mediano plazo, con uno de los experimentos mas promocionados en la esfera internacional por el imperialismo yanki para que sea calcado en otras naciones latinoamericanos.

Bogota, 27 de septiembre de 2003.