La sabiduría popular ha acuñado el dicho “ni chicha ni limonada” para indicar situaciones de ambigüedad. Cuadros en los cuales existe una indefinición generadora de incertidumbre e incomprensión. Y una de tales situaciones la constituía la presencia de la Guardia Nacional (GN) en la vida de la nación. Institucionalizada durante la presidencia del Gral. Eleazar López Contreras para legitimar un cuerpo represivo “ad hoc” – la “Sagrada”- desarrollado durante la tiranía del Gral. Juan Vicente Gómez, la GN constituyó una suerte de policía nacional militarizada, conjuntamente con la Seguridad Nacional, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público en todo el país. Sin embargo nunca perdió el carácter represivo de la antigua Sagrada, consustancial con la visión conservadora de la contención del delito y el mantenimiento de la paz social a través del uso de la violencia legitima. En esas condiciones la GN fue una estructura civil encuadrada en el Ministerio de Relaciones Interiores, pero relacionada con las fuerzas militares, para fines de entrenamiento y equipamiento de sus miembros, por medio del despacho de Guerra y Marina.
Esa definición clara de su papel se complicó durante el gobierno despótico del Gral. Marcos Pérez Jiménez. En esa oportunidad, con la finalidad de englobar los problemas de seguridad pública y seguridad estratégica del Estado en una sola cuestión, la “seguridad nacional”, se incluyeron todos los cuerpos armados de la República, encerrando las policías civiles en todos sus niveles, en una sola organización denominada Fuerzas Armadas Nacionales (FF AA NN). Tal hecho implicaba la colocación de sus miembros dentro de un fuero que los excluía de la justicia ordinaria, para adscribirlos a una jurisdicción discrecional representada por la llamada “justicia militar”. Con ello el problema podría ser enfrentado judicial y extrajudicialmente de acuerdo a la conveniencia del poder constituido. Pero en el fondo había un interés político del régimen, heredado por el “puntofijismo”: balancear la fuerza del Ejército como componente militar con capacidad de chantajear el gobierno mediante la amenaza del golpe de estado.
Hoy en el socialismo democrático –que no es lo mismo que la democracia social- no puede existir esa ambigüedad. La seguridad ciudadana y el orden público son actividades civiles realizadas en todo caso judicialmente con mecanismos que garanticen los derechos ciudadanos, mientras que la seguridad estratégica ejecutada por los militares extrajudicialmente, en casos de conmoción nacional, y permanentemente como instrumento disuasivo frente a los enemigo de la República. Es de esta manera como en el nuevo proyecto de reforma constitucional se transforma a la GN en Guardia Territorial con funciones exclusivamente militares. Se trataría de un componente adicional de la organización para la defensa del Estado que se encargaría de conformar unidades de todo tipo para la defensa puntual de áreas geográficas o funcionales (como los sistemas que producen servicios esenciales para la vida del Estado) que serían claves para mantener la comunidad nacional, la integridad territorial y la independencia de la República. Se aprovecha de esta manera todo el personal disciplinado y bien formado de la antigua GN, para convertirlo en un componente esencial para los fines de la seguridad estratégica del Estado, rompiéndose la ambigüedad preexistente. Una indefinición que a la par de crear una imagen de eficacia, también creaba la de corrupción, derivada del uso abusivo de su fuerza en sus relaciones, y las de sus miembros, con la sociedad.
