Comentario de aporrea: Prohibido olvidar el "background" de los integrantes del movimiento carmonista, quienes ahora pretenden ser paladines de la justicia, la honestidad y la democracia.
A continuación una denuncia hecha contra la periodista golpista y carmonista Marta Colomina, adeca (adeco es adeco hasta que se muera), amiga intima de Blanca Ibañez (barragana del entonces presidente ultra-corrupto Jaime Lusinchi), y quien causó perjuicios patrimoniales millonarios a la nación durante su nefasta administración en el canal del estado Venezolana de Televisión.
Pueblo, conocelos. Quienes pretenden tumbar a Chávez son los mismos que llevaron el pais a la miseria.
¡Prohibido olvidar, carajo!
íAy Marticaaa!
Nota: los montos en bolívares corresponden al periodo 1984-1988
Caso: Venezolana de Televisión '89
Presidencia: Jaime Lusinchi (1984-1989)
Fecha de Suceso: 1984-1988
Fecha Denuncia: Febrero 1989
Denunciantes: Gonzalo Pérez Hernández (Diputado MIN); Oscar Yanez (Diputado COPEI); Joaquin Marta Sosa (Presidente entrante de VTV)
Involucrados: Marta Colomina de Rivera (Presidente de VTV 1984-1989)
Investigadores: Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados; Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, Contraloría General de la República; Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público
Denuncia: Desorden Administrativo, contratos irregulares, mobiliarios desparecidos
Magnitudes: Bs. 140.696.008,oo (Déficit Presupuestario 1984-1987) !Ojo Pelao!... Hace 15 años
Materia: Canal del Estado
Historia
Ya en 1984 la C.A. Venezolana de televisión (CAVTV) -o VTV, como se le llama comúnmente- había ocupado largos titulares de prensa gracias a diversas denuncias que revelaban una empresa sumida en una desorganización creciente; desorganización que según puede verse siguió su curso durante la administración presidida por la Lic. Marta Colomina de Rivera. "En 1984 recibimos un canal inauiditable" declararía más tarde la conocida autora del estudio sobre la televisión venezolana El Huesped Alienante.
Desde sus comienzos, la administración de Marta Colomina de Rivera fue blanco de numerosas críticas, comenzando por el inicio de su gestión con una abrupta reducción de personal, que trajo como consecuencia amenazas de huelgas en el canal y el "descabezamiento" de grupúsculos de poder que fueron portavoces de diversas informaciones en torno a la administración Colomina, pasando por los reclamos de diferentes empresas deudoras y las incontables referencias a la estrecha relación que, según la prensa, unía a Marta Colomina con la entonces secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibáñez Piña, hoy señora de Lusinchi.
Sin embargo, el gran caso Colomina comienza el 10 de Febrero de 1989, cuando la administración de la empresa es entregada a Joaquín Marta Sosa, quien había sido nombrado presidente de la empresa en asamblea extraordinaria de accionistas en esa misma fecha: Terminaba el período presidencial de Jaime Lusinchi y comenzaba el de Carlos Andrés Pérez. Para formalizar el proceso de entrega y recepción de la presidencia, Marta Colomina depositó un documento con el resumen de su gestión administrativa avalado con un informe de auditoría realizado por la empresa de contadores públicos Bello, Borges & Asociados. A fin de contrastar el informe realizado por esta empresa y revisar que el análisis administrativo había sido llevado a cabalidad, el presidente entrante contrató los servicios de la firma auditora Espiñeira, Sheldon & Asociados. Puesto que el nuevo informe no concordaba con el anterior sobre la situación económica y financiera de la empresa, Joaquín Marta Sosa, envió los recaudos a la Contraloría General de la República a fin de dilucidar el verdadero estado financiero de la empresa que estaba recibiendo.
Ninguna de las dos firmas, pues, coincidió sobre "la verdadera situación económica y financiera de la empresa". También, el 23 de Febrero de ese mismo año, el Senado aprueba la petición de investigación de la empresa y el presidente del Congreso de la República envía los recaudos al organismo contralor. Por decisión unánime, el 20 de Julio de 1989, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social de la Cámara de Diputados remitió a la Comisión Permanente de Contraloría los recaudos consignados por VTV (canal 8). El diputado Oscar Yanez (presidente de la comisión solicitante) hace la petición para iniciar el proceso de denuncia y las investigaciones pertinentes que permitieran el esclarecimiento de los presuntos hechos ilícitos. El 2 de Agosto, el diputado Oscar Yanez envía una comunicación al Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Público, documento suscrito por el Escritorio Jurídico Jatar Alonso, Fernández Concheso & Asociados. Primeramente, las nuevas gestiones contables habían detectado fallas en la documentación que respaldaban las gestiones de cobro. Espiñeira, Sheldon & Asociados partían de un saldo en la cuenta Efectos y Cuentas por cobrar de Bs. 419.544.998,oo con una provisión para cuentas malas o de dudosa recuperación de Bs. 223.298.419,oo, hecho que revela una diferencia en contra de VTV por Bs. 193.906.838,oo. Puesto que para la empresa de contadores toda cuenta con una antiguedad mayor a un año luce como incobrable de acuerdo al tipo de negocio publicitario por televisión o medios radioeléctricos, esta cantidad pesaría sobre el patrimonio de la empresa llevándola a un delicado estado financiero, ya que se originaba un déficit acumulado que excedía los dos tercios del capital social. De haberse materializado esa contingencia en contra de la empresa, esta debía necesariamente ponerse en liquidación si los accionistas no decidían reintegrar el capital o limitar el fondo social al capital existente. En otras palabras, si los pasivos circulantes excedieran significativame! nte a los activos circulantes existiría la incertidumbre de si la compañía podría generar recursos para financiar sus operaciones futuras o proveerse de financiamiento adicional. El análisis de la empresa contable Bello, Borges & Asociados mostró la posibilidad cierta de pérdida o de riesgo de irrecuperabilidad de algunas cuentas por cobrar, amén de las grandes fallas detectadas en la documentación que respaldaba las gestiones de cobro.
En su informe, La Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados estableció que el déficit desde 1984 hasta abril de 1987 ascendía a 140 millones 696 mil 8 bolívares. Podía observarse que se trataba de una empresa fallida, manejada con criterios gerenciales que la habían conducido a la quiebra financiera. Los parlamentarios detectaron un abismal desorden administrativo en la cuenta de efectivo en caja y bancos: marcadas diferencias en la relación de la caja chica en dólares, cheques anulados cuyos asientos contables no fueron revertidos, depósitos no registrados adecuadamente en los libros, cheques con más de un año de antiguedad no entregados a sus beneficiarios, los cuales en su mayoría, no correspondían a liquidaciones del personal que se encontraba en situación de reclamo ante autoridades laborales. Tampoco encontraron documentación que sirviera de soporte a muchas de las operaciones. Fueron facturas no registradas, al igual que cobros realizados, doble facturación, registros erróneos a cargo de clientes que no corresponden, cuentas de intercambio -el eterno problema del canal- analizadas incorrectamente, cuentas no registradas oportunamente, saldos de intercambio por consumir ya consumidos, transmisiones televisivas a cargo de la cuenta de intercambio no registrados (Bs. 8.112.446,oo), no autorizados o no respaldados por contrato (Bs. 223.055,oo), contratos de intercambio sin registrar (Bs. 24.016.324,oo), cuentas de deudores con saldos vencidos y sin movimiento por causa de gestiones de cobros insuficientes y falta de documentación de respaldo (Bs. 27.579.952,oo).
Todas estas irregularidades operativas-contables modificaban sensiblemente el saldo presentado en libros y de ellos fue prueba la falta de conciliación que se observó en los saldos de la partida de Intercambios por Transmitir emitidos por el Dpto. de Administración y Ventas y por el de Contabilidad. Asi mismo, destacó el hecho de que VTV tenía contratado los servicios de gestión de cobro de la aministración Pifano, SRL, y ni siquiera con esta compañía, el Dpto. de Contabilidad realizaba conciliación de las cuentas a cobrar, existiendo una diferencia alarmante de Bs. 78.577.610,oo en perjuicio de Venezolana de Televisión. Llama la atención la cantidad y volumen de las cuentas por cobrar que se adeudaba al canal del estado. A modo de referencia se cita solo algunos de ellos: ARS publicidad (Bs. 16.098.822,oo); Corpa (Bs. 13.418.717,oo); J. Walter Thompson de Venezuela (Bs. 14.182.057,oo); Lider Sport Producciones (Bs. 23.079.342,oo); Clepsidra (Bs. 23.223.074). Según la cuenta de inventario, fue observada una serie de diferencias operativas-contables en el manejo de este renglón, que según Espiñeira, Sheldon & Asociados disminuía el patrimonio en Bs. 3.922.624.
La lucha a nivel de medios de comunicación fue encarnizada. Sin embargo, no es mucho lo que puede decirse del caso a mediados del año 89, puesto que para la fecha se encuentra en manos de la Contraloría General de la República. En una conocida columna periodística, Marta Colomina es tratada de "estrellada" por su declaración "En relación a nuestra gestión al frente de VTV, nunca hemos negado la existencia de fallas administrativas en un canal que se recibió inauditable en 1984 y al que su débil estructura administrativa y aumento vertiginoso de sus ingresos propios, hizo lenta la correción de las heredadas".
Con la aparición del Informe de la Contraloría General de la República correspondiente al año fiscal 1990, se encienden de nuevo las deliberaciones -y beligerancias- en torno al canal del estado. El organismo contralor realiza una exhaustiva revisión de todo lo relacionado con VTV, incluyendo denuncias aparecidas en prensa y los presuntos hechos irregulares denunciados por los parlamentarios. Parte de este informe dice lo siguiente:
-Negociación efectuada entre VTV y Televen (Juegos Seúl 1989) Una de las más fuertes acusaciones contra la ciudadana Marta Colomina fue la responsabilidad de haber ocasionado un perjuicio patrimonial a VTV por lo menos de 35 millones de Bolívares, por uso indebido de señales utilizadas como miembro de la Organización de la Televisión Iberoamericana (OTI) durante los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, con el agravante de que tal uso indebido puso en evidencia una aparente actuación de la administración de VTV a favor de TELEVEN, canal 10. Para ese año, VTV compartió la transmisión de la señal con TV Bandeirantes de Brasil (asociada a OTI) y pagó por este servicio 15 mil dólares. Por su parte, la empresa Televen, solicitó a Bandeirantes autorización para la transmisión de los juegos, manifestando que VTV estaba dispuesta a ceder parte del referido servicio, en virtud de lo cual la TV Bandeirantes accedió mediante el pago de 5 mil dólares adicionales. Además Televen aceptaba pagar a VTV el 50 % del contrato suscrito entre VTV y Bandeirantes. Esta transmisión de Televen, que no era miembro de la OTI, de los juegos olímpicos, originó que la OTI suspendiera por 2 años a VTV de los derechos como socio de esta organización, sin dejar de pagar su cuota por ser socio durante el tiempo de suspensión, determinando esto un perjuicio pecunario para la empresa, al que habría que agregar los ingresos dejados de percibir por concepto de las ventas de publicidad. A saber: VTV canceló a Bandeirantes los 15 mil Dólares; a la OTI 101,910,oo Dólares más 21.809,oo Dólares por ser miembro y Televen no desembolsó por no transmitir. VTV fue la única sancionada y Bandeirantes no. Esto demuestra la falta de custodia en la administración de Marta Colomina.
-Casa-Quinta obtenida por Intermedio Comercial con Valencia Entidad de Ahorro y Préstamo. En interpelación de la Contraloría General de la República a la ex presidenta de VTV, Marta Colomina y el entonces presidente Joaquín Marta Sosa, fueron descubiertas presuntas irregularidades consistentes en la apropiación indebida de una Casa-Quinta, de las 6 obtenidas por VTV por intermedio comercial con Valencia Entidad de Ahorro y Préstamo. En Octubre del 85, se firmó un contrato de publicidad entre VTV y la referida entidad de ahorro y préstamo por la cantidad de 1.600.000,oo Bolívares, con el fin de realizar una campaña publicitaria. A pesar de que el texto del contrato no especificó el bien o servicio a recibir por VTV como forma de pago, de las investigaciones realizadas se determinó que el intercambio estaba representado por 6 Casas-Quintas ubicadas en la Urbanización Tamanaco, Dtto. Falcón Estado Cojedes, con un valor unitario de Bs. 269.900,oo y, extrañamente, esta operación aparece como compra venta de contado y no pudo saberse quienes eran los propietarios.
Facturas y Mobiliarios. Apareció una factura de Muebles REVI por 511.040,oo Bolívares, mobiliario que no se ubicó materialmente en VTV y aparece a nombre de uno de los ejecutivos del canal. Tampoco aparecieron aparatos electrónicos y mobiliario de oficina otorgados por el Ministerio de Información y Turismo a VTV, según relación del despacho ministerial.
Convenios VTV-CPT Publicidad C.A. Otra irregularidad se presentó en los convenios de VTV con C.P.T. Publicidad C.A. de fecha 13-02-87, mediante el cual acordaron consolidar y compensar deudas, quedando un saldo a favor de VTV de 1.1 millones de Bolívares, que CPT se comprometió a pagar a través de publicaciones o promociones de VTV por prensa, radio y otros medios de comunicación. Un año después se firmo otro contrato con CPT, en el que esta empresa se obligaba a prestar servicios a VTV de anuncios publicitarios en prensa, radio y otros medios por un monto de 2 millones de Bolívares y VTV pagaría estos servicios, cediendo espacios de publicidad en el canal del estado. Sin embargo, CPT no presentó semanalmente la relación de servicios prestados no ajustándose al convenio. Estos servicios ascendieron a 5,4 millones de Bolívares, según 96 facturas, 40 por 3.1 millones no poseían sello ni firma de la dependencia receptora y de las facturas restantes por 2.3 millones, solo presentaban firma 46 facturas por 2.1 millones. Por otro lado, VTV entregó a CPT, como parte de pago del segundo convenio, bienes por un monto total de 1.4 millones Bs.. Con respecto a la recepción de bienes a CPT, solo se pudo comprobar fehacientemente la entrega de 2 Jeep Cherokee por un valor de 666.408 Bs.
Viáticos de Marta Colomina. El 18 de Junio del 89, había aparecido en el Diario de Caracas, una nota en la cual se señalaba que Marta Colomina había recibido viáticos para viajes personales a dólares preferenciales 14,50 para el exterior... Incluso llegó a recibir tres montos diferentes para tres viajes, con la gravedad de haberse realizado esos viajes el mismo día por la misma persona: Marta Colomina. Según la contraloría, Marta Colomina realizo trece viajes al exterior, habiendo recibido un total de viáticos por 69.585,83 Dólares y reintegro a VTV solo 19.283,80 Dólares. Además recibió 108 pasajes aéreos para viajes al interior del país por un monto de 97.849,oo Bolívares. Según el informe de contraloría, todos estos viáticos fueron aprobados por el Ejecutivo Nacional siguiendo los procedimientos legales vigentes. (¿¿??)
Productores Independientes. La situación de los productores independientes constituye una de las peores anomalías dentro del canal del estado. Un ejemplo de esto fue la detección de 4 contratos en iguales condiciones a la Sra. Enza Carbone Nery. El primero era por 7000 Bs. Mensuales como locutora y animadora, para actuar en presentaciones en vivo y grabadas. El segundo contrato era para que la empresa productora grabara un programa de variedades llamado "Logre su Logo". Tal contrato no se ejecutó, ya que Enza Carbone producciones firma un tercer contrato el cual regiría las ventas de participaciones o anuncios publicitarios que la empresa llevaría a cabo. Por último, un contrato para prestación de servicios profesionales con caracter de exclusividad para VTV para producir el programa "Esta Semana". Durante el período 1-6-85 al 31-5-88 lapso en el cual estaban vigentes los contratos con VTV y Enza Carbone Producciones, la ciudadana Enza Carbone había recibido como locutora animadora Bs. 244.500,oo. VTV modificó la cláusula 5ta. del tercer contrato (Logre su Logo) en el sentido de no considerar en la liquidación de este programa los costos de producción y pantalla, decisión de la administración de Marta Colomina que ocasionó un incremento de pago de Bs. 155.875,70. Igualmente se modificaron las cláusulas contractuales del programa "Esta Semana", observándose una diferencia en la liquidación del programa en contra de VTV por Bs. 551.743,63, debido a su decisión de asumir todos los costos del referido contrato. Todo esto sin contar que se determinó en los estados financieros en relación a los programas antes mencionados que las cuentas por cobrar están sobrevaloradas en 1 millón de Bolívares y las cuentas por pagar están subvaloradas en 382.651,63 Bs.
La contraloría también analizó los contratos realizados por VTV con los ciudadanos Simón Díaz y René Estevez de Simón Díaz Producciones C.A., Sunrise TV Producciones C.A., Orlando Urdaneta Producciones SRL y Televicentro C.A. encargada de producir a Guillermo González. Estos contratos en resumen, determinaban 60% para los productores y 40% para el canal del estado. Los gastos se harían a partes iguales. En el caso de Simón Diaz, en el año 1989 quedaba un saldo a favor de VTV por 948.483,07; amén del sin número de irregularidades que obviaron la falta de presentación de fianzas bancarias por parte de los contratados y las omisiones e inexactitudes de los ingresos por publicidad, la contraloría determinó que el saldo era a favor de Simón Díaz por un monto de 94.314,70 Bs.
En el caso de Orlando Urdaneta y Nelson Bocaranda Sardi, hubo facturas dobles, omisiones de ingresos por publicidad, costos elevados en la producción del programa y en la contratación de ambos personajes, arrojando pérdidas en el caso de Nelson Bocaranda por 1.3 millones Bs. anuales y arrojando un total de pérdida por 10.5 millones de Bs., reconociendo Marta Colomina como presidenta de VTV, montos superiores a los verdaderos.
