Cuando el Globalismo Neoliberal se mete por la ventana: Las Zonas Económicas Especiales…

¿Por qué son tan "Especiales"? - Parte I

Cuando El Globalismo Neoliberal se mete por la ventana: Las Zonas Económicas Especiales… ¿Por qué son tan "Especiales"? - Parte I

Javier Biardeau R.

El más reciente debate y controversia sobre las políticas salariales del Gobierno, la Ley de Zonas Económicas Especiales, la Ley antibloqueo, las próximas elecciones regionales y locales en Venezuela y las negociaciones políticas parecieran ser temas de borrosa conexión. Sin embargo, vale la pena explorar sus conexiones ocultas.

Adicionalmente estos debates y controversias remiten a trasfondos teóricos y a concepciones sobre el Desarrollo Nacional que no dan cuenta de sus lugares de enunciación, sus prácticas, estrategias, sus agenciamientos y formaciones de discurso, su inclusión en representaciones e imaginarios socioculturales e ideológicos específicos.

No se trata solo del manido e importante tema de las ideologías y sus determinaciones y mediaciones referidas a composiciones de clases, grupos y sectores. Se trata además de como el “desarrollo” se expresa en discursos del crecimiento económico muy anclados en el imaginario del desarrollismo, de lo que se ha dado en llamar hoy como “extractivismo”, enclaves de recursos naturales y materias primas, de ensamblaje industrial descalificado vía maquilas, de paraísos fiscales y zonas libres de regulación financiera, hasta llegar al “operacionalismo” de los universos de discurso sobre manuales de estrategias de crecimiento, políticas de desarrollo y ajustes macroeconómicos con impacto social y territorial.

Es allí que aparece contextualizada la estrategia del “paquete económico legislativo del año 2021” propuesto por el gobierno en el marco de la Ley Constitucional antibloqueo: entre las más importantes, ley de zonas económicas especiales (ZEE), reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, Reforma del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Minas, Creación de un nuevo Código de Comercio, ley de Inversión Extranjera (ID), entre otras. Todo esto apunta a una nueva agenda económica en el marco de una nueva estrategia de crecimiento dirigido a una política de apertura y desregulación(desnacionalización).

Con el fallecimiento de Chávez, la izquierda bolivariana no solo parece haber perdido la centralidad de su liderazgo, sino que se ha abierto a un largo periodo de orfandad de “referentes ideológicos”, suplido con las voces del pragmatismo y del oportunismo, funcionales a una contra-reforma y a un transformismo ideológico que deriva en muy escasas reflexiones sobre el horizonte y direccionalidad de las políticas públicas.

Históricamente, la “izquierda bolivariana” es un segmento de un más amplio campo de las izquierdas venezolanas, desde las marxistas-leninistas clásicas, el nacionalismo revolucionario, pasando por las más renovadoras hasta llegar a las nuevas izquierdas que incorporan agendas descolonizadoras, ecológicas y de defensa de las luchas de diversos movimientos sociales.

En términos más gruesos, se trata de una crisis de “paradigmas referenciales” en las izquierdas, en las cuales la figura aparente novedosa del “socialismo bolivariano, democrático y revolucionario del siglo XXI” ha quedado claramente truncada, marcada por ambigüedades y aún más, desdibujada.

Uno de tales indicadores es la controversia sobre el Plan de la Patria redactado por Chávez en 2012, sobre la continuidad de sus contenidos, sus concepciones y alcances en materia de transito al socialismo, en materia de superación del capitalismo rentista y dependiente realmente existente.

Se ha llegado incluso a decir que Chávez propugnaba las zonas económicas especiales cuando en realidad se refería a las zonas económicas de desarrollo sustentable (ZEDES), a los distritos motores de desarrollo y a todos los motores asociados a un modelo productivo de desarrollo endógeno.

En contraste a estas incoherencias, la nueva agenda económica legislativa del año 2021 muestra una “coherencia ideológica” en materia de apertura y desregulación en favor del rol central que cumpliría el “sector privado”, nacional e internacional, en pro del rol central de la inversión extranjera, una política de puertas abiertas al capital que muestra gestos miméticos semejantes a otras realidades, con otros contextos e historias, como los casos  reformas estructurales de China y Vietnam, en la urgente reanimación de un proceso de acumulación y crecimiento económico de contenido, orientación y alcance claramente capitalistas. Una diferencia con Venezuela, es que aquí se intenta hacerlo en el marco de las sanciones impuestas por EE.UU y sus aliados internacionales agravadas desde el año 2017.

Si de caricaturas se trata, Chávez sería algo así como Mao, mientras Maduro sería algo así como Deng. Como sabemos, estas comparaciones no resisten el menor análisis histórico ni político comparado. En vez de trasladarse imaginariamente a miles de kilómetros a lo que ocurrió efectivamente en Asia-Pacífico desde finales de la década de los 70, hace nada más y nada menos que 50 años, no podemos escapar a las determinaciones del contexto, marco institucional e historia político-económica de la formación social venezolana en estos últimos 40 años, a sus propios conflictos y contradicciones, a sus actores políticos y sociales en la escena de superficie, a las fuerzas políticas y sociales en el plano de la coyuntura, a los intereses de los sectores, grupos de poder, clases y bloques sociales en el plano de sus estructuras históricas del capitalismo dependiente venezolano.

No se pueden injertar historias y contextos, trasplantar actores, personajes, prácticas, reglas político-institucionales, estructuras económicas y sociales específicas, como si se tratara de la vieja actitud del “calco y copia”, sobremanera si de lo que se trata es de borrar las personificaciones concretas del capital y del capitalismo en Venezuela.

Las cosas no funcionaron así, ni durante de la primera oleada desarrollista y modernizadora de los años 50, con sus determinaciones geopolíticas, como lo fue la teoría del despegue económico de W.W Rostow (y la conferencia de Punta del Este), ni funcionaron así con la estrategia de sustitución de importaciones de la CEPAL, ni funcionaron así con el llamado Consenso de Washington, ni con la administración de políticas de variadas generaciones del FMI y del BM, ni funcionarán así con el mimetismo hacia fórmulas “llave en mano” como las que se intentan operacionalizar legalmente en el parlamento actual, con normas que muy bien retratan los manuales del Banco Mundial en materia de Zonas Económicas Especiales, Zonas francas, Zonas de procesamiento industrial para la exportación y un largo etcétera. Lo paradójico es que se presenta un ajuste funcional al globalismo neoliberal como una maniobra para romper el cerco de las sanciones, como una maniobra de “liberación nacional”.

Tampoco en el plano territorial funcionaron así en materia de desarrollo regional, ni con los viejos polos de desarrollo y las corporaciones regionales, ni con los proyectos de descentralización y regionalismo asociados, ni con la descentralización desconcentrada del primer Chávez, ni con el retorno al regionalismo de planificación centralizada que intento ejecutar sin mucho éxito.

Desde los años 80 se viene adelantando un debate en Venezuela sobre la reestructuración capitalista y el proceso dado de reestructuración capitalista y globalización neoliberal, es decir, un nuevo momento histórico del capitalismo mundializado (posterior a la redefinición económica de la bipolaridad Estados Unidos-Unión Soviética) de los países industrializados hegemónicos que conformaron una primera triada económica: Japón, Estados Unidos y Alemania,  lo que permitió que el campo de acción de las multinacionales y transnacionales se extendiera a los países de su entorno y luego también al resto del mundo.

Posteriormente, tal triada de poder transnacional del globalismo neoliberal fue impactada por el emergente escenario de los BRICS, entre ellos, el significativo crecimiento de China basado en las “cuatro modernizaciones”, que redefinió paulatinamente la economía mundo, sus principales zonas y polos de crecimiento, así como la relocalización de los flujos del capital, todo esto precedido de una estrategia de redespliegue industrial, de control de espacios de materias primas, tierra y recursos naturales estratégicos.

Esto se inscribe en estrategias-políticas de desarrollo y crecimiento económico, que ya sabemos que no son lo mismo; a su vez en un horizonte de debates civilizatorios hoy presentes sobre la economía, la política, la sociedad y la cultura en el marco de la crisis del metabolismo social y de las economías con naturaleza. No sabemos cuánto tiempo queda para enfrentar un quiebre de la naturaleza y de su capacidad de soporte. Este debate mundial no puede borrarse desde el “operacionalismo” de las urgencias ni desde el pragmatismo del “como vaya viniendo vamos viendo”.

Venezuela acentuó en su siglo XX, en particular desde los años 70, un Capitalismo de Estado apalancado por la nacionalización de sus principales recursos: el petróleo y de sus industrias básicas, que representaron mucho mas del 80 % de su PIB. Ese nacionalismo económico por más aparente e insuficiente que fuera, colocaba sobre la mesa el debate entre transnacionalización y las políticas de desnacionalización.

En torno al aparato económico del Estado, se forjo una poderosa fracción de la clase capitalista local, que sin ser propietaria directa de los medios de producción fue desde entonces usufructuaria (beneficiaria) directa de la apropiación y captación mayoritaria de la renta petrolera y de ingentes recursos que circularon desde entonces en el tesoro público, el sistema financiero venezolano y la estructura comercial-importadora que fue fraguada originariamente desde la primera condición de dependencia como economía colonial, pasando por las grandes casa comerciales hasta llegar a un sector comercial-importador moderno.

La disputa histórica y acuerdos entre los sectores político-partidistas que gestionan las estructuras del Capitalismo de Estado, ha generado una tensión fundamental en el seno del aparato económico del Estado entre “socialización y privatización de la renta y del presupuesto público”, que ha marcado las disputas de apropiación y distribución entre sectores capitalistas y las fuerzas sociales del trabajo. El conflicto capital-trabajo fue apaciguado con porciones de la renta petrolera y la mediación de un pacto populista de conciliación entre élites (factores de poder).

El capitalismo privado con sus diferentes tamaños, sectores y fracciones ha intentado posicionarse políticamente en el control de los espacios estratégicos del Estado, junto al capital internacional, incluido el capital norteamericano y otros capitales mundializados, una arena de intereses que se disputan las riquezas, recursos y patrimonios de la Nación Venezolana.  Todo esto teniendo como eje la arena y espacios del aparato económico del estado, así como la posibilidad de controlar espacios determinantes de su marco de regulación como lo son el ejecutivo nacional, el parlamento y los tribunales.

Desde los años 80 se ha intensificado la disputa entre los espacios del capitalismo privado, nacional e internacional, con lo espacios del Capitalismo de Estado, en sus personificaciones de la burguesía patrimonial de Estado, los partidos de composición policlasista y redistributiva (populistas de conciliación) y las fuerzas del trabajo y de los sectores populares (que siguen fraccionadas y sin contar con una representación política y de movilización en favor de sus necesidades, intereses y demandas en un “bloque político unificado” que defienda y luche por sus intereses históricos como clase socioeconómica subordinada).

Ya a mediados de los años 80, se planteó un vasto proceso de reestructuración del poder político y económico en el país en favor de los factores económicos de poder que cuestionaron el peso distributivo-redistributivo del Capitalismo de Estado y su pacto de conciliación, en favor de sus intereses en un proceso más intenso de acumulación de beneficios económicos y de ajuste a las nuevas corrientes del capital mundializado, lo que implicó diversas estrategias de reforma estructural de la relación Estado-economía y del marco de regulación político-institucional, incluyendo su ordenamiento jurídico (incorporando la reforma del papel de las Fuerzas Armadas): la Constitución y la Reforma del Estado.

La mayor expresión de tal disputa de intereses se expresó en el segundo gobierno de CAP y de Rafael Caldera, tanto en el llamado “Gran viraje” como en la “Agenda Venezuela”.

Allí se expresaron con toda su crudeza los intereses de una agenda de reforma estructural de la economía, de apertura o puertas abiertas al capital mundializado, de privatización, liberalización económica, flexibilización laboral, reforma de pensiones, desnacionalización, desregulación y reforma institucional, incluida una redistribución del poder político a escala de regiones y localidades.

Tal agenda parecía quedar suspendida por la llegada del proceso denominado “Revolución Bolivariana”, en cuyo proceso constituyente y Constitución de avanzada social, en conjunción de la alianza cívico-militar, pueden encontrarse las tensiones económico-sociales pospuestas, desaplicadas y alcanzadas por aquellos sectores capitalistas que organizaban una ofensiva política contra los viejos partidos de conciliación populista, pero que con Chávez se encontraron con un nuevo espacio de escollos y una nueva recomposición de intereses. Las opciones para estos factores de poder eran confrontar, negociar e infiltrar.

Con la salida de Chávez de la escena política, los viejos factores de poder han encontrado una nueva estructura de oportunidad política para replantear la vieja disputa entre capitales privados, nacionales e internacionales, y los factores que pugnan en el interior del Estado por la realización de un proyecto nacional, en las luchas por la privatización patrimonial de la renta o la socialización en beneficio de mayores niveles y calidad de vida para los sectores populares y los trabajadores. Esto también incluye la propia composición de intereses y expresiones ideológicas de la alianza cívico-militar.

Sin comprender el trasfondo de LA TEORÍA POLÍTICA Y SOCIAL (Y NO SOLO ECONÓMICA) DEL CAPITALISMO RENTÍSTICO VENEZOLANO no entenderemos cuáles son las fuerzas implicadas en el nuevo balance de poder: actores, movimientos y fuerzas que se mueven tras bastidores a la hora de comprender los desafíos y retos económicas fundamentales en materia de conquista de espacios de beneficios, el logro del desarrollo económico, la prosperidad y el bienestar social.

Identificar tal mapa de actores (grupos económicos de poder, fracciones económicas, diferenciación funcional, sectores y tamaños) es tan importante como comprender la dinámica de funcionamiento económico y la estructura del patrón de acumulación, crecimiento económico y configuración socio-territorial del país, con sus severas desigualdades y polarizaciones.

Los modelos de desarrollo: crecimiento, acumulación y distribución económicas en Venezuela giran en torno a tales disputas de intereses y demandas fundamentales, incluidos la de los sectores parasitarios y corruptos que se sostienen con patrones de acumulación delictivos de capitales, solo sostenibles con la captura de una porción variable de excedentes económicos, así como con el control de espacios claves en el aparato de Estado.

En tal contexto, las llamadas estrategias de desarrollo (expresión técnica y política) es el lugar donde aparecen y desaparecen diferentes propuestas y visiones para prometer alcanzar “la felicidad de los venezolanos y venezolanas en el disfrute de sus riquezas, recursos y patrimonios”.

Tras la fachada de la “máxima felicidad social del pueblo” reaparece lo que Celso Furtado llamó la “Fantasía Organizada”: la problemática del Desarrollo, con sus dilemas de “creatividad o dependencia”, de “modernización refleja” o de “aceleración evolutiva”, de desnacionalización o de auto-afirmación colectiva según la terminología de Darcy Ribeiro.

El hecho es que el 27 de abril de 2021 durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), fue aprobado en primera discusión el Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, en el marco del “paquete de leyes económicas” de la Agenda Parlamentaria 2021 ya referidos. El debate que lo antecedió semanas atrás fue la conveniencia y contenidos de la llamada “Ley Constitucional antibloqueo”. Ese Proyecto de Ley de las ZEE aprobado reconoce que el “país atraviesa en la actualidad uno de sus momentos más críticos desde el punto de vista económico”.

Nadie pone en duda hoy, que la crisis económica, la pérdida de derechos laborales, la grave situación salarial y de los servicios, sumadas a múltiples presiones políticas, protestas y cálculos políticos, explican las tensiones actuales. Nadie ignora hoy las determinaciones de las sanciones y del cerco económico impuesto por EE.UU para presionar un “cambio de régimen político”, lo cual significa la mediación política fundamental para sostener un pacto de dominación y determinados arreglos institucionales favorables a determinados intereses.

A la vez nadie puede ignorar hoy las tensiones económicas y políticas acumuladas de los diferentes gobiernos de Chávez. Menos ignorar el agotamiento y crisis del capitalismo rentístico. Pero a las determinaciones histórico-estructurales y coyunturales, se le suman otros planos donde operan efectivamente los agentes con sus decisiones y propósitos, su campo de acción histórica, sus planes y proyectos, con sus posibilidades históricas objetivas, sus oportunidades y restricciones, sus limites estructurales ciertamente, pero a la vez con un arco de maniobras para la puesta en ejecución de políticas y estrategias.

Incluso cuando se habla de “régimen” es preciso caracterizarlo como el conjunto de reglas que definen los puestos de autoridad, junto a los modos en que son electos y se permite un marco de interacción política entre ellos, incluso cuando los actores no son siquiera conscientes del campo de acción histórico que hace posible sus acciones tácticas, con jugadas, operaciones y hasta improvisaciones (junto con bandazos de política).

A diferencia de los planos históricos estructurales, lo que ocurre en el plano situacional, de situación en situación, con flujos de hechos producidos por el comportamiento efectivo de los actores resalta el terreno de las acciones, de las decisiones, los discursos y sus consecuencias. Sin embargo, no conviene quedarse prendidos en los actos de discurso e imaginación, en las propias fantasías de los agentes políticos y económicos, sin ir al análisis de los momentos coyunturales y el plano de las determinaciones histórico-estructurales.

En realidad, antes de echarle leña a la versión propagandística de que todo es culpa de las sanciones coercitivas unilaterales (plano propagandístico-situacional), debemos recordar que la recesión económica en el país estalló años antes, con mayor claridad en el 2014 (ya venía cocinándose a fuego lento), acompañada de un incremento inusitado de la inflación y fenómenos como la escasez y la especulación en los mercados de bienes y servicios, en parte condicionada por un ajuste de las divisas asignadas a las importaciones, en función de dirigir tales recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ambos endeudamientos legados de los períodos del Presidente Chávez.

Maduro se enfrentaba en su llegada al gobierno no solo a un acumulado electoral y político favorable legado por Chávez, sino a las tensiones de la propia economía nacional. No fue que le firmaron un cheque en blanco. Fue que le entregaron el Timón de un Barco sobre el cual tendría que redefinir estrategias y tácticas, además de abrir la bitácora de navegación, entender cuales era las metas de tal proyecto nacional, corregir errores y no profundizar tendencias negativas.

Luego del año 2014 vino la contracción, despues la recesión económica más duradera, extendida e intensa de la economía nacional, impactada decisivamente primero con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con la batería de sanciones económicas agravadas estadounidenses en agosto de 2017.

No es falso decir que la aplicación de un ajuste inflacionario desde 2014 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los “salarios y pensiones”, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. Las conquistas salariales y sociales del periodo Chávez fueron gradualmente desmanteladas y barridas.  Todo eso pretendió ser compensada y sustituida con una política deliberada de bonificación de ingresos y políticas de protección alimentaria que llega hasta hoy.

Las sanciones impactaron como una batería de torpedos un barco con su línea de flotación comprometida por un cuadro de política económica y social regresiva. Por supuesto esta parte de la historia disgusta al Gobierno porque le recuerda, por ejemplo, su ineficaz política de entrega de subsidios en divisas preferenciales a sectores empresariales que no encendieron los motores económico-productivos para la recuperación económica, dedicándose a especular en buena medida en un creciente y cada vez más significativo mercado negro de divisas, antecedente de una llamada “bicicleta cambiaria”, que a la vez se articuló a la sostenida tesis del ataque a la moneda oficial.

Al parecer el ataque a la moneda también contó con aliados locales, “aliados locales” que debían ser parte activa de un esfuerzo de recuperación económico-productiva según el Gobierno en su “estrategia contra la guerra económica”.

Situacionalmente, las elecciones parlamentarias del 2015 enseñaron por primera vez en más de 20 años que el chavismo podía ser derrotado. La coalición de partidos de la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional.

No nos detendremos detalladamente a seguir la serie de los acontecimientos y eventos históricos que transcurrieron en el campo y la escena política, porque lo fundamental es señalar que la cadena de situaciones económicas y de situaciones políticas actuó de modo entrelazado, aunque con contenidos, ritmos y tiempos específicos para cada una de estas esferas.

Diremos que metodológicamente, las situaciones económicas y políticas encadenadas dan cuenta de determinadas correlaciones y acumulaciones de fuerzas en determinadas coyunturas, son estas coyunturas encadenadas entre sí y sus impactos, las que modifican, reproducen o transforman determinadas tendencias histórico-estructurales.

Por eso, decir que la aprobación de una Ley de ZEE va a impactar decisivamente en la transformación a corto plazo del capitalismo rentístico es una soberana ignorancia y estupidez. Así no funcionan los eventos históricos. Eso es pura propaganda, engañosa propaganda.

El diagnóstico que aparece en la exposición de motivos de la Ley de zonas económicas especiales (ZEE) atribuye la crítica situación económica a “las terribles consecuencias de las sanciones económicas” que “nos impone el gobierno de los EEUU. No hay un solo problema económico o social de nuestro país que no esté determinado, fundamentalmente, por los impactos del bloqueo.”

Ese simplismo unilateral es una de las gigantescas debilidades de la Ley. Un pésimo momento de apreciación situacional da lugar a un errático momento político-estratégico, porque trabaja sobre causas parciales, unilaterales y superficiales si de veras si quiere abordar algo más que la “crisis de divisas” que presentan las cuentas económicas del gobierno. No se trata solo de flujo de caja.

El proyecto de ley hace referencia a problemas histórico-estructurales de la economía venezolana, pero no aborda como la planificación de acciones situacionales puede ejecutarse en el tiempo, como una acumulación de resultados favorables lograra crear, a su vez, una secuencia de coyunturas favorables y como finalmente tal acumulación de momentos coyunturales permitirán llegar al momento normativo formulado de la “superación del rentismo”: “El agotamiento del modelo rentista, instalado en el país desde comienzos del siglo XX, ha agudizado aún más la situación económica nacional.”

Esto parece dejarse a las virtudes providenciales del mercado y la inversión extranjera en condiciones ampliamente favorables dadas las promesas de fabulosas exenciones arancelarias, tributarias y financieras.

La Ley en su exposición de motivos tendría como propósito: “la búsqueda de fórmulas que estimulen el desarrollo económico”.

La palabra “búsqueda de fórmulas” revela la debilidad de las fórmulas verbales que se utilizan. Si nos quedamos buscando fórmulas, pues seguiremos en lo mismo, porque se presupone que las fórmulas existen y que las vamos a encontrar en algún lugar ya elaboradas, listas, hechas a la medida de nuestras necesidades y demandas, sin necesidad de adecuarlas a contextos, a historias ni a marcos institucionales efectivamente existentes.

La concepción de base del proyecto es estimular el “despliegue productivo diversificado sustentado en una economía mixta bajo la rectoría del Estado y estimulando la inversión productiva privada para superar los impactos del bloqueo económico impuesto en Washington.”

Las ZEE serian parte de una batería de estos estímulos, una suerte de masajes cardíacos de reanimación.

Según la Ley, la “estrategia de desarrollo” que serviría de sustento consistiría en: “la inversión productiva, la diversificación económica, el aumento de la productividad, la industrialización, el fomento de las exportaciones no tradicionales” … “fundamento de una nación moderna capaz de brindar creciente bienestar a la población, justicia social y participación democrática”.

Nuestros legisladores tienen la manía de confundir sus deseos y querencias puestas en normas con su eficacia histórica. No basta una lista de buenos deseos y propósitos, porque una legislación solo regula y prescribe un campo de acción posible regulada normativamente. Solo eso. Es en la aplicación donde los “milagros económicos” pasan a ser realidades, espejismos, alegrías o desilusiones.

Definidas como uno de los instrumentos de política de tal estrategia de desarrollo, las llamadas “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) son caracterizadas como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza, seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un sólido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo.”

La ley sería un paso en la dirección de un “sólido marco legal”, aunque tampoco asegura la existencia de “instituciones eficientes, libres de burocratismo”.

Ese segundo paso implicaría una reforma institucional que no aparece en ningún articulado de la Ley, a menos que se simplifique en la propuesta de la “Ventanilla Única”. De nuevo, parcialidades, superficies y unilateralidades.

Dice la propuesta de Ley: las premisas son que las “ZEE están llamadas a constituir motores de desarrollo que incrementen la actividad manufacturera y las exportaciones, modernicen tecnológicamente la economía y desplieguen cadenas productivas.”

Este nudo critico es muy interesante dada la literatura disponible en el Banco Mundial y en la UNCTAD de miles de experiencias sobre ZEE, entre muchas otras instituciones del mundo donde ya hay interesantes estudios de evaluación de impacto económico, social, laboral y ambiental. En todos se señala el riesgo de hacer de las ZEE simples maquilas y enclaves.

El discurso hacia la economía mundial de la propuesta de Ley refiere a: “estamos obligados a aprovechar las principales ventajas comparativas del país para integrarnos más estrechamente a la región latinoamericana y caribeña, así como a las regiones económicamente más dinámicas del planeta”.

¿Ventajas comparativas? ¿De qué están hablando los proponentes de la Ley, de cual teoría de las ventajas de articulación e inserción en el mercado mundial?

Una visión bastante sintética de la exposición de motivos traduce las premisas, concepciones, contenidos y pretendidos alcances de la Ley. Todo esto remite a marcos más amplios, por ejemplo, a contenidos de la Ley Constitucional Antibloqueo, así como a profundizar a la propia estrategia de crecimiento y desarrollo por la cual se está optando, al Plan de la Nación incluido. Es allí donde adquieren significación precisa sus proposiciones.

También allí comienzan las controversias y debates (el manido tema del modelo productivo para el Desarrollo Endógeno en las formulaciones de Chávez) sobre temas como crecimiento económico, desarrollo integral de la nación, regionalización, impacto laboral, impacto social, ordenamiento del territorio, desigualdades inter-territoriales e impacto ambiental.

Si sobre el debate inflacionario hay una disputa entre vertientes monetaristas, keynesianas, postkeynesianas, estructuralistas, dependentistas, ecologistas y neomarxistas, sobre las ZEE todavía el debate y las controversias teóricas e ideológicas es aún más grueso y denso. En esta primera entrega no agotaremos el tema, pero debemos tratarlo con atención.

Izquierdas, derechas, modernos, postmodernos y descolonizadores estás hoy enfrentados en controversias sobre desarrollo, crecimiento, crisis civilizatoria, extractivismo, desarrollo humano, post-industrialismo, industrialismo, cuarta revolución tecnológica y metabolismo social con la naturaleza que vienen modificando los paisajes de los viejos debates sobre capitalismo y socialismo.

Aunque hay que decir algo, por el plano donde se sitúa la Ley, estos debates son solo trasfondos muy lejanos, la Ley queda claramente delimitada por los propósitos urgentes de un viraje económico frente a las formulaciones de Chávez y por los contenidos de una agenda de reformas económicas, apertura, desregulación, privatización, vacío de referencias salariales y laborales, reforma institucional y liberalización económica que resuena funcionalmente con los viejos mantras de la globalización neoliberal.

Todavía hoy no se entiende que una cosa fue el viejo imperialismo norteamericano de la guerra fría contra el bloque soviético, y otra cosa más compleja y de largo alcance es el proyecto neoconservador-neoliberal de reestructuración capitalista mundial, con su propia geografía del capital, pues cuando decimos zonas económicas, debemos decir flujos, circuitos y cadenas de acumulación y valorización del Capital a los largo y ancho de territorios. Y cuando decimos territorios decimos naturaleza, geografía social y humana, espacialidad social, aspectos en donde y desde donde se despliegan los procesos metabólicos y reproductivos del capital y del capitalismo.

¿Qué hace “especiales” a estas zonas económicas?

Esta es la pregunta crucial sobre qué hace ventajosas y atractivas estas zonas para el proceso de acumulación, distribución, crecimiento, circulación, realización y consumo del Capital.

Como vemos, su especial relevancia está directamente vinculada a la realización de rápidos beneficios, rentabilidades y utilidades para determinados agentes económicos que redundarían en círculos virtuosos de crecimiento (efectos de reinversión y no efectos de fuga), sin que podamos predeterminar sus efectos en el desarrollo humano, sus efectos derrames, en la diversificación productiva, en el desarrollo territorial, en la distribución de beneficios, en sus impactos urbanos y ambientales positivos, en el juego social de suma positiva o de suma negativa.

Debemos decirlo: con el paquete económico de la agenda legislativa 2021 hay claros “ganadores” y “perdedores”. Por ahora, la carga de beneficios es hacia los agentes y personificaciones del capital.

La selección de estímulos e incentivos indica quienes se benefician y quienes se perjudican con el nuevo “marco de regulación político-institucional”.

El gobierno entre julio y agosto de 2018 comenzó la aplicación del llamado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica” que incluyó una mega-devaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, la exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para PDVSA y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, junto a una reforma laboral regresiva con el memorando 2792.

La ley antibloqueo y el paquete legislativo 2021 siguen siendo presentadas como instrumentos de política para favorecer un “desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país, en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Constitucional del Plan de la Patria”.

Los abismos entre actos de discurso e imaginación propios de las formaciones de manipulación ideológica, ante los resultados y realizaciones concretas de las acciones son la medida precisa para conocer hasta donde vivimos de ilusiones o de realizaciones palpables, para conocer quiénes son los ganadores o perdedores de un programa de puestas abiertas a la inversión extranjera con cláusulas preferenciales en materia arancelaria, tributaria, financiera y de resolución de controversias.

No olvidemos que en el diseño de la Ley antibloqueo en su artículo 5 se estableció la protección constitucional de “Los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales.”

No hay que olvidar tampoco que el Ejecutivo Nacional también ha dispuesto en la ley antibloqueo la posibilidad de “inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva.”

No hay que olvidar que el Artículo 34 de la Ley antibloqueo dicta: “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias, a los fines de generar confianza y estabilidad.”

No hay que olvidar que el artículo 37 de la Ley antibloqueo dicta: “Atendiendo al contenido del artículo 325 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano, en el marco de la protección del Estado contra las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas.”

No olvidemos detalles y extrañas coincidencias como la creación del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) para “la gestión de la Marca País, como estrategia orientada a la promoción de inversiones y el comercio exterior”.

Extraña coincidencia de siglas con el Banco Mundial y su Competitive Industries and Innovation Program (CIIP) que como objetivo dicta “mejorar el crecimiento económico, impulsar la creación de empleos y maximizar la capacidad de los países clientes para diseñar e implementar inversiones a favor del crecimiento ayudando a dar forma a las políticas públicas y ayudando a diseñar programas de inversión que promuevan la competitividad y la innovación dentro y entre industrias.”

Coincidencia de siglas, extraña coincidencia de propósitos.

No es casual que el Banco Mundial sea un amplio promotor de las Zonas Económicas Especiales. No es solo un asunto de buros políticos de los gobiernos de China y Vietnam.

No olvidemos el debate de zonas económicas especiales de países que se ofrecen como vitrinas como República Dominicana. Tampoco dejemos delado el debate entre sectores científicos y políticos en México sobre esta materia, donde el partido gobernante MORENA realizo cuestionamientos importantes, pero además donde activistas, fuerzas sociales y movimientos sociales de izquierda llamaron a derogar tal Ley Federal por sus impactos sociales, territoriales y ambientales.

Por eso las viejas concepciones del Imperialismo centrada en matrices estado-céntricas han sido revisadas y reestructuradas para entender que no basta con criticar la unipolaridad militar-policial de los EE.UU si no se aborda adicionalmente la mundialización neoliberal y su globalismo en variadas esferas y ámbitos sociales.

Nuevas concepciones sobre la institucionalidad política y reguladora del capital transnacional desbordan los viejos paradigmas. El enigma del Capital y del nuevo imperialismo parece no estar en la mirada de los promotores de las ZEE.

¿Y quizás sí y actúan como sus personificaciones inconscientes?

Eso debemos abordarlo con un análisis en detalle de este tema.



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Javier Biardeau

Articulista de opinión. Sociología Política. Planificación del Desarrollo. Estudios Latinoamericanos. Desde la izquierda en favor del Poder constituyente y del Pensamiento Crítico

 jbiardeau@gmail.com      @jbiardeau

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