Situación de varados y migrantes venezolanos en Argentina

En Argentina actualmente existen más de 300 turistas venezolanos varados desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia y por consecuencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio del gobierno argentino (ASPO).

A ellos se suman un aproximado de 200 migrantes, también del país caribeño, que llegaron a la Argentina entre enero y marzo de 2020 buscando nuevas condiciones de vida, salud, educación y trabajo. Seguramente la data es más alta, pero muchos han optado por regresar a Venezuela por carretera y caminos ilegales antes de permanecer más tiempo en Argentina sin documento de identidad argentino a causa de trámites migratorios paralizados por motivo de la suspensión de actividades de la institución migratoria producto del ASPO, lo cual conlleva a los migrantes a estar en situación de irregularidad migratoria, vulnerando sus derechos a un techo y trabajo estable.

Se han ido conformando en grupos de WhatsApp y por allí interactúan, buscan las maneras de ayudarse mutuamente, de darse contención y de pensar acciones para retornar a Venezuela ante las dificultades que enfrentan en Argentina, sobre todo personas mayores con problemas serios de salud.

Migrar es un derecho universal, pero retornar también. Las causas de la migración son diversas así como la experiencia migrante es única e individual. En esta diversidad de experiencias existen las asociadas con el no alcanzar las metas o aspiraciones propuestas que además, en muchos casos, son transversalizadas por situaciones y expresiones de racismo y xenofobia por parte de algunas personas del país receptor. Podemos sumar a estas experiencias negativas la baja eficiencia de las políticas migratorias en materia de contención y protección social de la población migrante en momentos de emergencias u excepción, como la que atravesamos ahora con la pandemia.

Por ejemplo, en Argentina trabajadores/as migrantes de la economía popular e informal, y personas en condición de refugiados/as y peticionantes de refugio, no han podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), otorgado por la emergencia sanitaria asociada a los efectos del Coronavirus (Covid-19), porque dentro de los requisitos para acceder se establece: Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a DOS (2) años. (Decreto 310/2020).

El IFE es una ayuda económica creada para mitigar la crisis económica y alimentaria de las familias que cumplan con los requisitos. Por supuesto, los migrantes venezolanos que llegaron este año a Argentina no pueden acceder a tal ayuda, en general, por el mismo problema de que no hay regularización migratoria, muchos/as migrantes de diferentes nacionalidades no pueden acceder al IFE. Ha sido una cuarentena desigual en Argentina.

Ahora bien, ¿Qué ocurre entonces con los migrantes y refugiados de la economía popular e informal con radicación inferior a dos años? En el caso, de las personas en condición de refugiados/as y peticionantes de refugio, de acuerdo a la Ley 25.871, están consideradas residentes temporarios (artículo 23 inciso k) y por lo tanto, se les concederá autorización para residir en el país por el término de dos (2) años. Y aunque ese mismo artículo señala que esa permanencia podría ser prorrogable, esta categoría migratoria estaría en contradicción al artículo 1 del decreto de acceso al IFE que excluye a la población con residencia inferior a 2 años.

En general, algunos/as no poseen documento nacional de identidad argentino (DNI), solo cuentan con pasaporte o cédula de identidad del país de origen o la "Precaria" (documento previo a la entrega del DNI). Esto lo ocasionó la política regresiva de derechos, aplicada por el gobierno de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia - DNU 70/2017, que endureció los controles migratorios, modificó la Ley de migraciones y aceleró la expulsión de migrantes.

El ser un migrante o refugiado/a no debe ser impedimento para tener derecho a protección por parte del Estado receptor y en igualdad de condiciones que los nacionales. Así lo hace ver la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Refugio 26.165, que aseguran el acceso universal a los derechos con total independencia de la situación migratoria y documentaria de las personas.

Los/as migrantes venezolanos, entre tantos otros, han quedado expuestos a una situación de vulnerabilidad: no tienen documentación, ni una red de apoyo y contención en Argentina, no tienen trabajo legal, o que no sea precario o temporal, y al final no pueden cumplir los requisitos que se exigen para alquilar una vivienda digna, lo cual los/as lleva a buscar opciones de vivienda en los hoteles que son en realidad lugares transitorios que no presentan las condiciones necesarias para que vivan allí las familias, siendo desalojados en muchas ocasiones durante la pandemia.

Ante este contexto de vulnerabilidad, dolor e incertidumbre es que los migrantes venezolanos han optado por acudir a la embajada venezolana en Argentina y solicitar su incorporación al plan de retorno voluntario denominado Plan Vuelta a la Patria. El mismo es un plan ideado para el retorno voluntario donde uno de los requisitos de acceso es el estado de vulnerabilidad económica, social y de salud del solicitante y su familia, por tal motivo es gratuito todo el proceso hasta la reinserción completa y segura en Venezuela.

Pero, la otra realidad que opera en todo esto es que los espacios aéreos están cerrados, los Estados deben usar la herramienta de "vuelos especiales de repatriación humanitaria", pero el plan del gobierno venezolano "Vuelta a la Patria" es con la aerolínea del Estado venezolano Conviasa que tiene sobre ella medidas coercitivas impuestas por la Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, unos 40 aviones civiles y comerciales de Conviasa no pueden volar a otros destinos del mundo que tengan convenio con esa oficina, de otra forma, los aeropuertos que reciban aviones de Conviasa también serán sancionados.

Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina siguen tensas, ambos países no tienen embajadores sino ministros consejeros o encargados de negocios. A eso hay que sumarle que en plena cuarentena se le vencieron las credenciales, a inicios del 2020, al cuerpo diplomático venezolano que estaba anteriormente. La llegada de otra misión diplomática, encabezado por Stella Lugo de Montilla como jefa de la misión junto con la cónsul Katiuska Maestre, fue en diciembre de 2019, pero no tuvo el reconocimiento inmediato del gobierno argentino, es decir, fueron reconocidas sus credenciales por Cancillería argentina recién en julio y agosto de 2020 respectivamente.

El 19 de agosto fue habilitado un avión de la aerolínea venezolana privada Estelar para repatriar a ciudadanos argentinos y venezolanos con residencia permanente en Argentina que ya tenían boletos adquiridos para regresar a Argentina con anterioridad.

Ese mismo vuelo llevó el 20 de agosto ciudadanos venezolanos repatriados para Venezuela. El día 22 de agosto el presidente Maduro y el canciller Arreaza presentaron ese vuelo como uno de repatriación humanitaria de venezolanos en Argentina.

La embajada venezolana en Argentina y la embajada de Argentina en Venezuela se encargaron de llamar a los afectados/as para coordinar la documentación, pruebas PCR para descartar Covid-19, alojamiento para el aislamiento y para sorpresa de muchos, los pagos en dólares que tenían que realizar para ese viaje que fue notificado a última hora.

Las familias afectadas, tanto en Venezuela como en Argentina debieron pagar las pruebas PCR, pagar el alojamiento y pagar una suma importante en dólares para poder viajar, a pesar de que ya habían pagado su boleto, se les exigió cancelar 740 dólares a la aerolínea Estelar. Muchas familias, tal vez y tenían las condiciones económicas para pagarse el retorno especial pero comercial y nada humanitario, pero otros/as se endeudaron para poder unirse a sus familias nuevamente, los que corrieron sin suerte fueron aquellos/as, la mayoría en todo caso, que no tienen las condiciones económicas y siguen en Argentina esperando la ayuda humanitaria.

Desde ese vuelo han crecido las demandas de los afectados frente a la sede de la embajada de Venezuela en Argentina, las protestas se han hecho más continuas. Lastimosamente solo los que deciden, y pueden acercarse a la embajada en capital, son los/as que reciben respuestas del consulado, aun cuando la embajada tiene en su cuenta de correo electrónico y en físico, cartas e informes que dan cuenta de la cantidad de ciudadanos venezolanos varados o migrantes que piden ser repatriados/as. Los ciudadanos venezolanos se anotaron en listas para ser repatriados con la gestión diplomática anterior y con organizaciones de defensa de los derechos humanos de los migrantes como la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados – UTEP, y aún, así, les han pedido que se vuelvan a anotar en unas listas de la embajada, con la gestión actual.

Esta manera de trabajar sigue siendo excluyente, pues muchos afectados viven en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde se encuentra la sede de la embajada venezolana. Para viajar de provincia a capital se debe tener permisos y dinero, lo cual son requisitos que no cumplen esos migrantes. Entonces las negociaciones para retornar quedan para unos pocos.

Otro vuelo de Estelar partió de Venezuela el día 19 de octubre para llevar a Buenos Aires al equipo de fútbol Estudiantes de Mérida para jugar contra el Rancing Club de Avellaneda por la copa Libertadores, en ese vuelo también viajaron familiares del personal diplomático. El día 20 el mismo avión regresó a Venezuela con todos los puestos ocupados, 120 personas aproximadamente, entre ellos 17 varados con boleto y otros que no se sabe cuál fue el criterio para subirlos al avión de Estelar, pero en muchos casos no eran discapacitados, ni personas mayores ni niños, no se sabe bien qué grado de vulnerabilidad presentaban ni por qué los priorizaron. Igual que el vuelo de agosto, éste fue presentado como uno humanitario, pero debieron pagar las pruebas PCR, el alojamiento, la tasa aeroportuaria y, en algunos casos, una diferencia en dólares con respecto al pasaje que ya tenían los afectados.

Definitivamente no son vuelos de carácter humanitario asumidos por el Estado venezolano, son vuelos para unos pocos que tienen las condiciones para pagarse su retorno.

Otro vuelo "humanitario" de Estelar llegará a Argentina el 29 de octubre, no se sabe si vienen las familias afectadas varadas en Venezuela ni quienes abordaran en Argentina para regresar, las familias siguen separadas y pasando tiempos difíciles de afrontar en un país que no es el suyo y en el cual ya no tienen esperanzas ni contención emocional ni económica.

El retorno debe ser una medida humanitaria en estos tiempos de excepcionalidad planetaria que afecta la salud y sobre todo afecta a los más desposeídos que no tienen acceso a ciertas herramientas para sobrevivir las cuarentenas o aislamientos excluyentes.

En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, así lo deben hacer los países firmantes del Pacto Mundial sobre Migración y las convenciones internacionales que lo sustentan. Los gobiernos deben garantizar un regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad. Los gobiernos están obligados a recibir a los migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. En caso contrario, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del Covid-19.

Los gobiernos deben disponer de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social de migrantes y varados. No se puede jugar con el dolor ajeno y la falta de condiciones de muchas y muchos, debe prevalecer la voluntad política y humanitaria de los gobiernos de Venezuela y Argentina para resolver la crisis que enfrentan los que menos tienen.

Ahora bien, la propuesta apunta a que se debe exonerar de todo gasto tanto a los varados como a los migrantes. Se deben buscar los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen de los varados y que no se les siga cobrando tarifas que ya han pagado en sus boletos. La propuesta apunta también a que se revisen con otras aerolíneas, venezolanas y argentinas, para establecer un puente aéreo humanitario entre ambos países en beneficio de las y los varados y migrantes que desean ser retornados a sus países de origen.

El llamado es a que el Plan de Vuelta a la Patria sea implementado lo más pronto posible ya que la mayor parte de las familias que piden ser repatriadas llegaron los primeros meses del año 2020, es decir, con la pandemia y el ASPO difícilmente sobreviven, así que seguramente no tienen el dinero suficiente para pagarse un boleto de avión de regreso, la prueba PCR, la tarifa aeroportuaria ni el alojamiento en dólares que les recomiendan desde la embajada venezolana, a pesar de que esta en Caracas la Misión "Negra Hipólita" con centros para pasar la cuarentena, lo cual es gratuito.

Los próximos vuelos deben ser realmente humanitarios para todos por igual. Que no prevalezca la indolencia ni las individualidades ante tal problema.

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Arturo Lev, profesor de historia, migrante venezolano, miembro de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados.



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