Un viejo amigo, que ya hace mucho tiempo se alejó por circunstancias políticas y sus otros intereses, me enseñó que en la vida diaria existían dos tipos de conflictos: los conflictos de interpretación y los conflictos de intereses. Los primeros son los que se someten a los tribunales, para que estos decidan al respecto. Los conflictos de intereses, en cambio, deben ser resueltos entre las partes, mediante los distintos instrumentos de carácter universal existentes. La conciliación, el arbitraje, la negociación, son siempre preferibles a las decisiones tribunalicias. Son conflictos de intereses los que se generan en las luchas sindicales, gremiales, estudiantiles y políticas. Una huelga por demandas salariales por parte de un sindicato es el típico ejemplo de conflicto de intereses. También lo son las disputas que surgen entre grupos de poder y de presión al interior de los partidos políticos.
Desde ese entonces, he sido siempre contrario a dejar en manos del Poder Judicial las decisiones que tiene que ver con la organización interna de los partidos políticos. Con ello estoy diciendo ya, en los casos concretos actuales en el país, que estoy en desacuerdo con la judicialización de la política. En el momento actual, además, decisiones de este tipo no contribuyen a crear el clima de confianza necesario, para emprender una ruta electoral con un nuevo árbitro y garantizar una elevada participación. Sin pronunciarme sobre el fondo de las medidas recientes: la práctica de la democracia interna en las organizaciones afectadas, la realización de elecciones oportunas para designar sus autoridades, el cumplimiento de los demás deberes legales y políticos, no debería ser el Tribunal Supremo de Justicia quien asuma las correcciones debidas. Debería ser la militancia partidista quien lo hagan, supervisada por un árbitro escogido de consenso entre las partes enfrentadas.
Pero esta práctica sana no ha estado presente en el país desde hace muchísimo tiempo. Los propios dirigentes de los partidos políticos se han encargado de llevar sus conflictos al Poder Judicial, para que sea éste quien decida. De hecho, un amparo, resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia chavecista en 2005, fue decidido a favor del Secretario General de AD, el mismo que hoy desconoce la autoridad de este tribunal en otra decisión que esta vez no le fue favorable. Repito, me parece inconveniente que se haya tomado esa decisión, pero no se puede ser acomodaticio en los argumentos. Es decir, las decisiones del TSJ no pueden ser buenas cuando nos favorecen y malas cuando nos desfavorecen. Si no se usa el TSJ para dilucidar pugnas internas, le hubiera sido más difícil decidir nada respecto a las mismas.
En el mismo sentido, no puede ser que en Venezuela el TSJ se haya convertido en quien decide el liderazgo de un organismo estudiantil, las autoridades de una universidad, la directiva de un gremio, asociación y sindicato; el Presidente de un condominio o el secretario general de un partido político. Esta conducta niega la participación democrática de los interesados, despoja a la gente de sus derechos civiles, de sus capacidades de decisión y las suplanta por la decisión de un organismo que ni siquiera está impartiendo justicia y garantizando derechos, sino sirviendo a intereses políticos de gobiernos o de grupos sociales y políticos diversos. No puede haber ninguna duda de que esto es el resultado de una polarización dañina vigente en el país desde hace más de 20 años. Se perdió la sensatez y la verdad dejó de ser importante. Lo único que importa es la destrucción y desaparición del contrario. Hemos dicho que la nación venezolana corre el grave riesgo de disolverse.
El gobierno por su parte, y hablo del gobierno porque la autonomía del TSJ es bastante relativa, como lo era también, aunque no tan descaradamente, la de la Corte Suprema de Justicia del pasado, no ha debido actuar como lo hizo, con sentencias que despojan a las autoridades partidistas actuales del control de sus partidos, independientemente de las razones que haya para ello. No había ninguna urgencia para decidir y acaba de ser designado en nuevo Consejo Nacional Electoral, que debe discutir y resolver sobre los partidos inhabilitados y tomar decisiones, que garanticen la mayor participación de las organizaciones políticas y les ofrezcan las mayores garantías en condiciones de total equidad. Ha debido dejarse el problema en manos del nuevo árbitro electoral. Si era estrictamente necesario, bastaba con suspender temporalmente la aplicación de sanciones contra los disidentes de las organizaciones involucradas.
Hasta ahora la oposición democrática se ha pronunciado en este mismo sentido. Contra la judicialización de la política, la manipulación que ésta conlleva y las consecuencias negativas que tiene sobre la normalización electoral deseada. Todo órgano judicial puede revisar sus sentencias, por lo que no estaría fuera de lugar pedir que se revisaran estas sentencias acogiendo estos y otros planteamientos constructivos que se han hecho.
La Razón, pp A-, 18-6-2020, Caracas, https://t.co/x7nsBWuHFP?amp=1;
