La política espectáculo y la política clientelar son hermanas siamesas. Las oligarquías políticas y económicas, en su proceso de complicidades y mutua necesidad, requieren de ellas para el logro de sus intereses particulares, que son equivalentes a la degradación social. La política clientelar no puede instalarse y gozar impunemente de continuidad sin la cristalización de la política espectáculo. La oligarquía política garantiza la política clientelar si la oligarquía económica garantiza la política espectáculo. Buscando ambas oligarquías instrumentalizarse mutuamente, el resultado fáctico es la simultánea degradación de la vida política y de la vida económica. El arma, cuya propiedad poseen algunos y cuyo favor compran otros, pagando, a su vez, con favores contantes y sonantes, es una relación contractual sinalagmática perfecta, son los medios de comunicación. En ese contrato, el objeto lo constituye el efectivo control y la manipulación de la opinión.
Hasta ahora, en nuestro medio, la combinación oligárquica ha resultado invencible. Al costo de la degradación al límite de nuestra democracia, sin duda; pero su poder es un poder real. La combinación oligárquica juega con el viento a favor de la cultura dominante. Es, además, el soporte principal de su vigencia. Para que ello sea así, los mass media han sido constituidos en un poder al margen del estado de derecho y sobre el estado de derecho. Sus dueños son los intocables del sistema que muere presumiendo de vida. El poder real de la combinación oligárquica es la garantía de su omnipotencia y de su impunidad.
No es un fenómeno exclusivo de nuestra patria. Pero en Venezuela se da sin que los ciudadanos, las instituciones y sociedades intermedias y ni siquiera el Estado posean las ar-mas legales tendientes a un equilibrio y a un juego más limpio, como existe en otros países, cultural, económica y políticamente más avanzados.
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La combinación oligárquica sabe que quien controla la opinión controla o condiciona el poder político y social; y que ese control y condicionamiento es su puerta de acceso a la ganancia económica. Porque, como se sabe, tanto la oligarquía política como la oligarquía económica están integradas por avarientos de avaricia insaciable.
“Ya la política no se hace en el Parlamento. Y la justicia no se imparte en los tribuna-les, sino por la presión de terribles procesos mediáticos paralelos que han cancelado las nor-mas jurídicas que presumen la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad. (...) La opinión pública hace la ley” (François-Henri de Virieu: La Médiacratie, París, 1990. p. 16).
A menudo, en efecto, el periodismo de denuncia va más allá de su propio cometido, pretendiendo reemplazar de facto la acción judicial formal y rectamente entendida. Así, con-vertida en singular recurso común, la denuncia se convierte en condena en el ámbito de la opinión ciudadana. A la vez, con frecuencia, la respuesta a tal tipo de denuncia, pretendiendo descalificar al denunciante, incurre, por sus procedimientos, en iguales o mayores vicios que los atribuidos a los denunciantes.
No pocas veces, cuando la acción contra el periodismo de denuncia la realiza el go-bierno, luce, sobre todo si es indirecta, como obra de desgobierno. El desgobierno tiende a la arbitrariedad y al maquiavelismo. Olvida, con demasiada frecuencia, que no puede usar las ar-mas de la ilegalidad, o cercanas a ella, con el argumento –real o ficticio– de que las mismas han sido o son usadas por sus adversarios. Procediendo con tal descriterio, la torcida acción gubernamental corre el riesgo de anestesiar el sentido jurídico y el principio de autoridad de la sociedad democrática, y deslizarse por la cuesta de la pérdida de la misma legitimidad.
Los comunicadores sociales (muchas veces simples empleados de los dueños de los medios, y en tal condición mandaderos de los auténticos intocables) deben tener conciencia de dónde está el terreno de la verdadera libertad y dónde están los predios de la falsa liber-tad, de la libertad liberticida. Entre otras cosas, porque si el régimen de libertades, el régimen democrático, resulta abatido, con él fenecerán las posibilidades del ejercicio de su profesión con dignidad, mientras sus mandantes con mentalidad de amos seguirán, con las tiranías, disfrutando ampliamente (y sumisamente).
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Por una parte, es necesario mantener los mass media libres de vasallaje al Estado. Por otra, es también necesario evitar la concentración excesiva de poder comunicacional en una persona natural o jurídica, en un clan familiar o en un grupo organizado, porque tal con-centración, al convertirse en un Estado dentro del Estado, tiende a la subordinación del Esta-do a los intereses particulares con grave daño del bien común.
La independencia de los medios de comunicación social con respecto al poder estatal es condición de su capacidad crítica. Pero si la crítica del poder es condición de toda crítica, ello también es aplicable a la dignidad que el comunicador debe reclamar y ejercer frente a ciertas directrices, moralmente inaceptables, de carácter abusivo, arbitrario y mafioso de al-gunos de los dueños.
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Es, quizá, difícil pretender la absoluta objetividad en la información suministrada por los medios. Sin embargo, querer ser objetivo, la voluntad de ser objetivo, es algo que el ciu-dadano medio puede percibir. Para algunos, sin embargo, la exigencia de objetividad en la información resulta utópica. Todos, en cambio, coinciden en que lo menos que puede pedirse a un medio de comunicación es no mentir.
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En Venezuela, hasta el presente, no existe ninguna clara disposición orientada a la sa-na democratización del capital en las empresas de medios de comunicación social; ni que impi-da la negativa concentración de las mismas.
El tema de la democratización del capital en la propiedad de los medios de comunica-ción y la garantía real del derecho a la información, del derecho al pluralismo y a la réplica y de la defensa contra la manipulación es de vital importancia para la supervivencia de la democra-cia política y social.