Nuevamente es noticia el proceso de privatización de la producción petrolera en medio del colapso económico del país, donde Gobierno y oposición concuerdan como "única manera" para "salvar" la industria: entregándola a transnacionales estadounidenses, rusas, europeas, chinas y otras latitudes.

En una nota publicada por Bloomberg este lunes se destaca que "Ante el colapso económico y rígidas sanciones, el gobierno socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal." Obviando el término "socialista" que lejos está serlo el Gobierno de Maduro, esta propuesta de otorgar "mayor participación" viene avanzando a ritmo constante.

En un reciente artículo que publicamos en nuestro Suplemento Ideas de Izquierda a mediados de diciembre del año pasado, escribíamos que: "Mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial. De manera "silenciosa", para usar una expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país."

En la nota de Bloomberg se indica que "Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema." Este portal financiero se "olvidó" mencionar a la estadounidense Chevron y otras de menor envergadura, pero de igual importancia. Como hemos venido anticipando se trata de un camino con el que la oposición está de acuerdo, la discusión es quién lo lidera.

Ya hemos señalado en el artículo arriba mencionado que en los primeros días de diciembre salió a la luz pública que el Gobierno y la oposición discutieron la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con PDVSA asuman el control de los campos petroleros pese a no ser socios mayoritarios. Tal cuestión se estaría discutiendo para que Chevron, Rosneft y la estatal china CNPC, pasen a controlar los mayores campos de Venezuela. Las corporaciones internacionales a la caza del botín. Un negocio donde hay también grandes empresarios locales, como Oswaldo Cisneros, para solo poner un ejemplo, que tiene un 40% de participación en la empresa mixta Petrodelta.

Desde mediados de junio del año pasado en la Comisión de energía y petróleo de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, se ha venido discutiendo un proyecto de Ley de hidrocarburos que apunta a la privatización del petróleo venezolano, que contempla la participación de empresas de exclusivo capital privado en la explotación de crudo, una actividad hasta ahora reservada al Estado, quien a través de su empresa (PDVSA) se asocia al capital privado transnacional, con mayoría accionaria de PDVSA, que es precisamente el esquema que de a poco viene desmontando el propio Maduro.

En su momento el diputado Luis Stefanelli de Voluntad Popular declaraba que "Estamos en la búsqueda de inversión del sector privado puesto que Venezuela no va a contar con recursos oficiales para reactivar su industria, depende básicamente de la inversión nacional e internacional del sector privado". Remarcando al mismo tiempo que "un nuevo marco legal" (privatización) permitiría hacer del petróleo, nuevamente, "la palanca de desarrollo para el futuro de todos los venezolanos".

La política en un curso privatizador en el sector petrolero por parte del Gobierno de Maduro no es nueva ya que las primeras iniciativas se remontan al 2016, sino un poco antes. En su momento (2016) el entonces ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, lo definió como "nuevo modelo con mayoría del sector privado". Constatando en ese entonces que: "En la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con 20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y PDVSA 20%". En el artículo que destacamos a seguir publicado en el 2016 dábamos cuenta del inicio del curso que hoy en el sector petrolero el Gobierno de Maduro avanza en su proceso entreguista y privatizador.

Es claro que toda esta situación es aprovechada por las grandes transnacionales, teniendo el respaldo y la política activa de sus países de origen, para hacerse de su parte en lo que es llamado como la "joya de la corona", el petróleo venezolano. Se trata de un gran pillaje que implicará un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Rusia, China, Estados Unidos, entre otros. De allí el "juego" geopolítico que orbita alrededor de Venezuela.

Se ha dado a conocer también que existe una iniciativa aparte, donde el Gobierno se ha comprometido en conversaciones secretas con los tenedores de unos US$60.000 millones en bonos, algunos de ellos estadounidenses, al ofrecer asociarlos con una compañía de perforación extranjera a la que se les otorgarían los derechos de los campos petroleros como un medio para "recuperar la deuda".

La pelea por el control de la Asamblea Nacional que se desató en los primeros días de enero está cruzada por esta cuestión, en la medida que muchos países exigen que los acuerdos que se están llevando adelante sean aprobados por el poder Legislativo. Una de las razones por la que Maduro buscó hacerse del control llegando a acuerdos con el impresentable Luis Parra van en este sentido, sobre todo por las conversaciones con Rusia y otros países, y poder pasar el negocio petrolero a las transnacionales.

De igual manera opera Guaidó que está de acuerdo en todo este camino privatizador, pero buscan llevarlo a cabo ellos mismos, o en su defecto por un gobierno de transición pactado. De allí las grandes presiones a la negociación. Es claro que Estados Unidos no bajará las sanciones sino tiene garantizado sus intereses. Pero hay muchas señales en curso de probables reuniones secretas, y el reciente viaje de Guaidó podría haber sido negociado. Por ejemplo, ya el Gobierno, en boca de Diosdado Cabello ha afirmado que no hará "nada" contra Guaidó a su regreso, pese a tener una sentencia que le impedía salir del país.

Así mismo es llamativo, como escribimos en un reciente artículo, el hecho que el Departamento del Tesoro haya emitido el martes de la semana pasada una licencia que permite a ocho organizaciones internacionales realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela (BCV). Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y algunas agencias de Naciones Unidas (ONU), así como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Interamericano de Reservas, Banco Mundial (BM). Esto partiendo de que el BCV fue sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), como parte de las sanciones de la Casa Blanca.

Todo esto justo en el momento en que Guaidó emprendía su gira internacional. Una gira sobre la que poco se ha informado en su real contenido, pero no sería de dudar que en tales encuentros se crucen intercambios sobre los distintos intereses que podrían tener estos países visitados en Venezuela, en momentos en que Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Italia, entre otros, buscan remarcar sus intereses en medio del botín que se les abre en un país en catástrofe.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo que se avecina tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el pueblo trabajador.