Desde cuando se empieza a sentir y ejercer esta profesión, la vida del periodista andan batiéndose entre la verdad y la mentira. El coraje y el miedo. La ética y la inmoralidad. El intelecto liberador y la mediocridad funcional. No es una profesión para denunciar y luego huir porque del otro lado respondieron con amenazas, chantajes, acoso o una acción jurídica ante las presuntas acusaciones donde la reputación y el honor de los denunciados, se someten al escarnio público.
Después que se dispara no se puede recoger la bala, solo queda el casquillo y la sangre de la presa. En el aire se respira el olor a pólvora y se recuerda el sonido tenebroso, ejecutado sicaria-mediaticamente. Un reportaje de investigación no es una sentencia pública que fusila sin piedad y de una vez condena a cadena perpetua, a los que aparecen identificados con nombre y apellido, presuntamente involucrados en el delito de marras. Es inocente pensar que el o los acusados se quedarán con la boca cerrada, manos amarradas, oídos sordos, admitiendo pasivamente los hechos denunciados.
Dentro y fuera del país existe una tendencia degradante, hábil en construir historias noticiosas friamente hiladas, técnicamente reportadas, humedecidas con dólares y una imaginación tenebrosa para convertir una gota de agua en una charca de estiércol. Poco o nada les importa las consecuencias psicológicas, familiares de aquellas personas cuya culpabilidad quedó descartada en los tribunales o la inocencia era auténtica desde un principio.
Estas reflexiones nacen al leer la información, sesgadamente escrita y difundida por internet, sobre los "cuatro reconocidos periodistas venezolanos que" salieron de Venezuela a buscar protección, al ser demandados por un empresario colombiano tras la publicación de un reportaje en el que se revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos, y en el que estaría involucrado el régimen de Nicolás Maduro. (El subrayado es nuestro).
Así como se tiene el deber de investigar, aún debajo de las piedras, cuando se maneja información sobre cualquier delito cometido o en ciernes, bien sea éste por corrupción, traición a la patria, magnicidio, golpe militar, entre otros, hay que asumir con gallardía y en cualquier terreno, la legítima y hasta ilegítima respuesta de los presuntos implicados. De lo contrario, es un abuso de poder mediático y, en Venezuela, una violación del artículo 57 de la Constitución Nacional.
Ejercer el periodismo con un cuchillo en la boca, tres granadas metidas en el cerebro y hambre de dólares y aplausos, es una farsa y, en consecuencia es un farsante que degrada la nobleza de este oficio. Parodiando J. Fucik, condenado a muerte por los nazis, en 1943, digo que quien entrega su vida…" al periodismo aferrado a la Verdad, la Justicia y Humanidad…", debe hacer vida de ese mandato para ser digno de ese calificativo». Enfrentarse al Poder no es lo mismo que mentir y manipular hechos y palabras, con el objetivo de cambiar al regente actual del Poder constituido. Estos cuatro periodistas optaron hace tiempo – con derecho y confesión de parte - por asociarse con los que mezclan el interés crematístico y la mediocridad intelectual, con la transitoriedad de los gobiernos y la grandeza de la Patria.
Si el empresario colombiano denunciado los demandó por difamación agravada continuada e injuria agravada, delitos tipificados en los art. 442 y 444 del COPP, entonces, es cuando el ejercicio periodístico alcanza otro nivel, el de la honestidad irrenunciable, la fortaleza moral para sustentar lo escrito o transmitido, la serenidad para responder con la verdad por delante. Aunque el juicio sea viciado y termine condenando al denunciante, no quedará en entredicho la dignidad ni el deber de asumir un periodismo sin fisuras ni ser calificado de charlatán, hecho a la medida de sus contratantes. Hace diez (10) años, hubo una denuncia con setenta y dos (72) pruebas en la mano contra un abogado-burócrata, cuya oficina brillaba con imágenes de Bolívar y Chávez, pero usufructuaba una jugosa y podrida cuentacorriente. Respondió judicialmente contra el periodista que lo denunció pero, a diferencia de estos cuatro "autoasilados", éste no huyó, no se escondió ni se fue del país buscando "protección". Simplemente lo confrontó sosteniendo la verdad como mástil. Al final, esta fue la decisión del Tribunal.
Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TRUJILLO, ADMISNITRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: De conformidad a lo establecido en el artículo 416 segundo aparte del código orgánico procesal penal el desistimiento tácito de la acusación privada presentada por el ciudadano RAMON MARIA OJEDA, titular de la cédula de identidad Nº 995.308, representado por el abogado Lorenzo de Jesús Hidalgo Valladares en contra del ciudadano ELMER PASTOR NIÑO SEGOVIA, titular de la cédula de identidad Nº 4.994.852 por la presunta comisión de los delitos de DIFAMACIÓN E INJURIA, previstos y sancionados en los artículos 442 y 444 del código penal. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Ofíciese lo conducente.
